Al destruir el Seguro Social el gobierno de los millonarios busca crecer su lucro
A partir del 14 de abril, comenzaron a regir las nuevas medidas implementadas por la Administración del Seguro Social. Se trata de una serie de verificaciones de identidad en las solicitudes telefónicas de beneficios para detectar cuáles de ellas podrían ser fraudulentas. Aquellos solicitantes de quienes se sospeche irregularidades deberán presentarse en persona en las oficinas de la agencia para verificar su identidad.
El Seguro Social proporciona beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia a 73 millones de residentes por un valor promedio de 1,976 dólares por mes.
Son un nuevo capítulo en una serie de acusaciones de que la agencia facilita pagos fraudulentos a quien no lo merece. Estas acusaciones son generalmente carentes de evidencias, de carácter propagandístico exageradas o directamente falsas.
Así, dicen por ejemplo que se sigue enviando pagos fraudulentos a muertos o que tienen 150 años de edad o más. Estas afirmaciones son engañosas: el fraude representa solo el 0,00625% del presupuesto anual de la agencia.
La verdad es que se trata de una operación inventada cuyo propósito es reducir el presupuesto gubernamental en gastos obligatorios. Una lucha de un gobierno de multimillonarios contra la población trabajadora y en general la gente de bajos ingresos. Para muchos los cheques de Social Security son su única fuente de ingresos.
Esta ofensiva es parte del compromiso de Donald Trump y su aliado Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de ahorrar varios billones (millones de millones o trillions en inglés) antes de fin de año. Billones que se repartirán en forma de exenciones impositivas. Con este dinero quieren pagar por los recortes de impuestos a millonarios que se están aprobando en el Congreso de mayoría republicana.
Por la misma lógica, han despedido a decenas de miles de funcionarios federales de otras dependencias en funciones importantes y que benefician a la población. En la agencia de Seguridad Social, los despidos abarcan a 7,000 de los 57,000 empleados.
El ataque contra Social Security es especialmente cruel, porque lucra con la población más vulnerable. Y el gobierno incumple de esta manera las promesas que hizo Trump durante su campaña electoral de que no tocaría esta agencia.
Los pagos que recibe cada mes la gente no son un regalo sino la devolución de sus depósitos mensuales, deducidos de sus salarios, durante toda la duración de su vida laboral. Ese dinero no le pertenece al gobierno.
Las nuevas disposiciones han llevado a que miles de beneficiarios acudan en persona a sus oficinas locales, temiendo que sus pagos serían recortados o anulados.
A comienzos de marzo, la agencia había indicado que los beneficios de jubilación y discapacidad ya no se podrían solicitar por teléfono – son más de cuatro millones cada año-, sino a través del internet o en persona en las oficinas locales, aunque muchas de ellas están en proceso de clausura. Pocos días antes de la puesta en marcha de esta política, se cambió la prohibición para incluir sólo a quienes solicitaran prestaciones de jubilación y no por discapacidad o atención médica.
Una semana después se volvió a cambiar la política, esta vez ordenando que solo los identificados como sospechosos deberían comparecer en persona.
Los mismos empleados de Social Security no fueron capacitados para obrar según las nuevas normas y recién este fin de semana recibieron una actualización de sus instrucciones mediante un video de 13 minutos.
Al gobierno federal esto no parece importar mucho. El secretario de Comercio Howard Lutnick sugirió que sólo aquellos que están defraudando al sistema se quejarían si no recibieran sus cheques. “El estafador siempre hace el ruido más fuerte: grita, vocifera y se queja,” dijo Lutnick, cuya fortuna se estima en 3,000 millones de dólares.
La verdad es que incluso perder una sola prestación mensual dejaría a millones de estadounidenses al borde de la indigencia.
A partir de 1935 y durante sus 90 años de existencia, a través de guerras, epidemias y depresión económica, el Seguro Social jamás se atrasó con el envío de los cheques. Esto, que parecía impensable hasta hace pocos días, podría suceder en cualquier momento.
En Arizona y Michigan, los gobiernos estatales están poniendo a disposición del público rápido acceso a denuncias de impago. Esperamos que esta ayuda se expanda a todos los estados.
Para evitar la destrucción de Social Security es menester que tanto los republicanos como los demócratas en el Congreso se pongan del lado de la población. Al menos esta vez. Para presionarlos, los interesados pueden escribir o llamar a los centros de atención al público de sus representantes y ponerlos al tanto de su preocupación.
Se recomienda también que la gente obtenga copias físicas de sus solicitudes en el sitio My Social Security, antes de que los esbirros de DOGE alcancen a borrarlas.
Vivimos bajo una administración inepta, donde decisiones que interesan a millones de residentes son tomadas sin estudio ni preparación de su implementación. No le interesa el bienestar del público y es adepta a causar el caos, la incertidumbre, la inseguridad y el temor.
