Asistencia alimentaria federal: recortes propuestos podrían afectar a tu familia
El 22 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que plantea los mayores recortes en la historia a los beneficios de asistencia alimentaria federal para las personas de bajos recursos.
Aunque los beneficiarios directos serán los más afectados, millones de personas adicionales, incluidas aquellas que dependen del Programa nacional de almuerzos escolares (National School Lunch Program, NSLP por sus siglas en inglés), también sentirán el impacto. En particular, los consumidores hispanos podrían verse especialmente perjudicados si el Senado no actúa para corregir estos daños.
Los críticos de la propuesta, conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”, (“el único, grande y hermoso proyecto de ley”), señalan que esta norma combina recortes fiscales para los ricos con la eliminación de beneficios de Medicaid para más de 10 millones de personas, calificándola como “la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en una sola ley en la historia de EE.UU.”
El proyecto de ley fue aprobado por mayoría de un solo voto en la Cámara Baja: 215-214. Aunque algunos senadores republicanos se han comprometido a oponerse a los recortes a Medicaid, no se han pronunciado sobre los recortes propuestos al Programa de asistencia nutricional suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como «Programa de cupones de alimentos».
Esto es preocupante para muchas comunidades hispanas. Según las estadísticas más recientes, más de seis millones y medio de beneficiarios del SNAP se identificaron como hispanos, lo que representa el 12,5% de los hogares hispanos. La gran mayoría (84%) de estos hogares incluían niños, ancianos o personas con discapacidad.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office), una entidad imparcial, la ley eliminaría los beneficios del SNAP para más de dos millones de niños. Estas reducciones se lograrían cargando a los estados con más tasas administrativas y con nuevos requisitos para los beneficiarios. Por ejemplo, los padres de niños desde los siete años deberán demostrar que están trabajando o buscando trabajo activamente.
Estos requisitos pueden parecer razonables, pero la evidencia demuestra que rara vez cumplen su propósito. Más de tres cuartas partes de las familias que reciben SNAP ya tienen al menos un miembro que trabaja, lo que cuestiona la idea de que necesiten una mayor motivación para buscar empleo.
Además, varios estudios indican que estos requisitos no han aumentado el empleo, pero sí han incrementado el hambre. Muchos beneficiarios renuncian a la ayuda por los trámites burocráticos complicados. También se ha documentado que estos requisitos afectan de manera desproporcionada a personas afroamericanas y latinas, reduciendo su participación en el programa.
Aunque pueda parecer un tema ajeno, los recortes en asistencia alimentaria tienen consecuencias profundas y generalizadas. Tomemos como ejemplo las comidas escolares. El Programa Nacional de Almuerzos Escolares entregó 17.200 millones de dólares para más de 4.600 millones de almuerzos en más de 100.000 escuelas el año pasado, y más del 70% de esas comidas fueron gratuitas o a precio reducido. Cuando un estudiante califica para almuerzo gratuito, su distrito escolar recibe reembolsos federales, y esa elegibilidad se determina principalmente a través de la participación en SNAP.
Aunque la ley no modifica los criterios de elegibilidad para los subsidios de comidas escolares, dado que muchos estudiantes ya no pueden demostrar su elegibilidad, en la práctica recorta los fondos del programa de comidas escolares. Esta medida contradice el espíritu de la Comisión gubernamental “Make America Healthy Again”, que recientemente destacó que el costo del programa de comidas escolares en EE. UU. es muy superior al de países como Suecia, Finlandia, Francia o Japón, sin ofrecer mejores resultados.
Los recortes al SNAP también debilitarán las economías alimentarias locales, especialmente en las zonas rurales, donde los beneficios del SNAP representan una mayor proporción de las ventas de alimentos. Estos recortes también impactarán a los negocios pequeños y empeorarán las desigualdades en el acceso a alimentos nutritivos en las zonas más pobres del país. Un análisis estima que estos recortes podrían provocar la pérdida de aproximadamente 78,000 empleos en sectores como la agricultura, la venta minorista y el procesamiento de alimentos.
En la práctica, esto se traduce en más desiertos alimentarios, más monopolios empresariales, más comida ultra-procesada, más obesidad y más vidas truncadas por un sistema alimentario deficiente.
Los consumidores merecemos algo mejor. Pero no podemos lograrlo solos. Un sistema alimentario saludable – como el que promueven los países citados por los mismos que
promueven el lema «Make America Healthy Again» – requiere apoyo a todos los consumidores para que puedan acceder a una dieta nutritiva. Mientras una gran parte de la población esté obligada a conformarse con los alimentos más baratos que la industria puede producir, tendremos todos, salvo la élite, dificultades para mantener una dieta saludable.
