Uno de los peores legados de la administración Trump es el sabotaje que sus personeros emprendieron contra las cortes de inmigración.
No son jueces verdaderos
Estos son tribunales administrativos, dependientes de la Secretaría de Justicia y no del poder Judicial. En ese sentido, no son jueces verdaderos. Son funcionarios. Su independencia es relativa y limitada por directivas del Ejecutivo.
Al tratar como criminales a todos los inmigrantes Trump inundó estos tribunales, obstaculizando su labor. Y las directivas que les dio eran ejercer una política de mano dura que reflejara la aversión del gobierno de aquel entonces contra los inmigrantes, fuesen o no indocumentados, de América Latina.
Así, el número de casos pendientes creció durante su gobierno a casi 1.3 millones, incluyendo 360,000 de asilo, contra solo 542,000 cuando asumió en 2017.
En promedio, la solución de los expedientes de asilo y deportación están tardando 755 días, un 60% más que hace cuatro años. Pero en algunas ciudades duran mucho más: en Los Ángeles, 1,054 días, y en Baltimore 1,282.
En todos los estados, hay gente que está esperando cinco o más años a que se ventilen sus casos de asilo o deportación. Ojo, recordemos, no es lo mismo que esperar a una «green card» o ciudadanía. Son decisiones relativamente más sencillas y además, en carácter de urgencia.
Juegan con las esperanzas
Se trata de las esperanzas de familias de normalizar su residencia, de hacer de este país el propio y de contribuir a su crecimiento por generaciones.
Son millones que permanecen en el limbo, sin protección migratoria, derechos o beneficios, y sin la posibilidad de conseguir un trabajo en forma legal. La inacción del gobierno los condena a una vida de inestabilidad y sobresalto e impide el proceso normal de aclimatación e integración a su nuevo país, en el que están tratando de ser ciudadanos.
En sus primeros meses en el poder, el presidente Joe Biden, entre otras medidas, envió al Congreso un plan inicial de reforma migratoria, reactivó el programa DACA y dio fin al controversial Protocolo de “Protección al Migrante” que conminaba a solicitantes de asilo a esperar su destino en México.
Pero sin abordar la acumulación de casos en los tribunales federales de inmigración no habrá solución al problema migratorio y ni siquiera a la crisis actual. Y simplemente agregar más jueces para acelerar los procedimientos no alcanza.
Prioridades y no jueces de inmigración
La administración debe además modificar los criterios según los cuales se deciden las prioridades de deportación.
Los jueces, que dependen de directivas oficiales, necesitan libertad para usar su discreción para así poder eliminar o desestimar de sus expedientes a quienes no son riesgos de seguridad. Especialmente si han estado pendientes por años.
Y el Departamento de Seguridad Nacional debe limitar su política de deportación a aquellos indocumentados que sí son criminales y cuya permanencia en nuestro país atenta contra la seguridad de la sociedad toda, incluyendo la de otros inmigrantes.
De lo contrario el atraso seguirá creciendo y el legado malévolo de Trump tendrá una presencia permanente.
