Bloqueo de asilo: avanza la implementación de acuerdo con Guatemala

El año termina con el aumento en el número de personas mexicanas que están llegando a la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos y pedir asilo. Estas personas están esperando en la frontera, en campamentos de refugiados organizados espontáneamente, sin condiciones de salubridad

En esta semana, tres personas (dos de Honduras y una de El Salvador) que buscaban solicitar asilo en Estados Unidos fueron enviadas a Guatemala en el marco del acuerdo sobre asilo. Las personas llegaron de Mesa, Arizona, junto con personas deportadas.

De las tres personas, dos optaron por solicitar asilo en Guatemala. El tercero de ellos, un hombre hondureño prefirió regresar voluntariamente a su país. De esta forma, se avanza de manera paulatina, casi imperceptible, en la implementación del acuerdo sobre asilo con Guatemala, pese a que no ha sido ratificado por el Congreso.

El dolor de las políticas anti-migrantes

La semana pasada, el sitio ProPública divulgó un video en el que se prueba la negligencia de las autoridades migratorias estadounidenses en la muerte del adolescente guatemalteco Carlos Gregorio Hernández, ocurrida en mayo de 2019. Carlos fue el sexto menor migrante reportado como fallecido en custodia de la Patrulla Fronteriza. Este doloroso video es una nueva muestra de la horrorosa e inhumana política de la administración Trump. Otra de las políticas anti-inmigrantes que está causando daños irreparables es los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Se los conoce como “Quédate en México”.

Un informe de Human Rights First reveló 636 casos de agresiones a personas devueltas a territorio mexicano bajo ese programa. De ese total, 138 son intentos de secuestros a niñez migrante, según el reporte. Según esa organización, de enero a la fecha alrededor de 70,000 solicitantes de asilo en EE. UU. han sido devueltos a México.

El año termina con el aumento en el número de personas mexicanas que están llegando a la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos y pedir asilo. Estas personas están esperando en la frontera, en campamentos de refugiados organizados espontáneamente, sin condiciones de salubridad.

El gobierno mexicano se comprometió a detener el tránsito de personas, pero no puede detener a sus nacionales, quienes están huyendo de la violencia de redes de crimen organizado.

Tránsito africano 


El tránsito de personas provenientes de varios países africanos, que llegan a Sudamérica y que transitan por el corredor Centroamérica – México – EE.UU., está muy bien documentado en el último reporte de El Faro, que además describe las condiciones de pobreza e inequidad en Guatemala.
Un grupo de migrantes africanos fue aprehendido en Chiapas. Se les exigía salir del país por la frontera sur. Establecieron un campamento fuera de la Estación Migratoria Siglo XXI desde el mes de agosto porque se negaban a ingresar a Guatemala. Demandaban un documento que les permitiera transitar por México e intentar ingresar a Estados Unidos.
Finalmente, en el curso de la semana pasada, las autoridades mexicanas resolvieron acceder a su solicitud y expedirles documentos de residencia permanente con los cuales pueden movilizarse por el territorio nacional o radicarse en el país. La respuesta de las autoridades mexicanas se fundamentó en declararlos apátridas, y de esta forma regularizar su permanencia en el país.
Sin embargo, un grupo de alrededor de 200 personas, quienes habían llegado recientemente, se quedaron en la espera de obtener la misma resolución por parte de las autoridades. Es importante recordar que las personas que logren llegar a la frontera norte, luego de cuatro meses de espera en la frontera sur de México, deberán afrontar otros tres o cuatro meses de espera, bajo la política de metering o control de solicitantes de asilo que pueden ingresar diariamente.
Además, luego de ingresar a EE.UU. podrían ser devueltos a México bajo el programa MPP mientras esperan la audiencia de su caso de asilo, o a Guatemala, Honduras o El Salvador, bajo los acuerdos de asilo, donde deberán escoger entre pedir asilo, aceptar el retorno voluntario, o regularizar su permanencia.

Descontento e inequidad en América Latina

En Latinoamérica, el año termina con expresiones de descontento político en varios países, donde la ciudadanía ha salido a la calle para manifestar su rechazo al modelo económico y político. Esta coyuntura regional ha resaltado la necesidad de reconocer los desafíos en materia de inequidades.

Los resultados de las pruebas PISA, que miden la calidad de la educación a nivel mundial, confirman que las manifestaciones de descontento social, están ancladas en inequidades muy concretas, y que comienzan en la escuela.Condena en el homicio de Berta Cáceres

La Sala I del Tribunal de Sentencia en Honduras condenó a siete personas a entre 30 a 50 años de cárcel por el homicidio de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, que ocurrió en marzo de 2016. Berta Cáceres era la Coordinadora del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Este juicio representa un hito importante en un contexto generalizado de impunidad.2020: año político en EE.UU

El año 2020 estará marcado en EE.UU. por las elecciones presidenciales y el juicio político contra el presidente Trump. Esta coyuntura política tendrá gran impacto en las medidas y acciones que desarrolle el Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos. El Partido Demócrata aún está por definir su candidato, y mientras avanzan las elecciones primarias en el comienzo del año, dentro de los temas de discusión estará la importancia del voto latino.
Con estos elementos, vamos construyendo el balance del 2019: un año en el que el derecho de asilo fue gravemente erosionado en EE.UU. En el que México dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de aprehensión, detención y deportación. Y  en el que la situación en Centroamérica no ha cambiado. Por ello, las razones por las que las personas decidieron abandonar sus países y buscar seguridad y una vida digna en otro país se mantienen.
Además:

Helena Olea

Asesora de derechos humanos de Alianza Américas y profesora en la planta adjunta en la Universidad de Illinois, en Chicago. Es abogada internacional con experiencia en defensa y litigios ante organismos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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