El atroz asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez — ocurrido en plena celebración pública del Día de los Muertos — ha cimbrado a México porque no se trata solo de una tragedia local sino de una muestra más del enorme poderío acumulado por el crimen organizado en el país.
Manzo asumió la alcaldía en septiembre de 2024 como independiente, con el reto mayúsculo de gobernar un municipio azotado por la violencia de la delincuencia organizada y la extorsión al próspero sector del aguacate. Desde sus primeros días en el cargo fue contundente: no quería ser “otro de los presidentes municipales asesinados”. Esa frase, tan dura como premonitoria, revela que su valentía fue la de un hombre consciente del riesgo al que se enfrentaba.
Planteó públicamente que el Estado federal debía asumir su responsabilidad: “Esto no es un problema que inició en mi gobierno… es un problema que inició hace 25 años y a quien le corresponde atender es a la Federación”, aseguró. Pidió ayuda, clamó protección, advirtió del avance de los grupos criminales, de que éstos manejan armas exclusivas del ejército y de los vacíos de autoridad. Pero la ayuda no llegó con la eficacia requerida.
Ese vacío de protección, esa sensación de soledad institucional frente al crimen organizado se transformó en realidad al ser abatido mientras convivía con la ciudadanía, pese a que contaba con protección de la Guardia Nacional.
Dado el alto perfil que tenía Manzo Rodríguez por su valentía para denunciar la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal, su homicidio es un fuerte golpe para la administración de Claudia Sheinbaum.
Aunque la presidenta goza todavía de una alta popularidad. En materia de seguridad la mayoría de la población reprueba su gestión. El asesinato de Manzo profundizará las críticas de que lo hecho hasta ahora por su gobierno para combatir al crimen organizado es insuficiente a todas luces.
En lugar de condenar las protestas por el homicidio de Manzo, Sheinbaum debería mostrar mayor empatía con la población que está a merced de la delincuencia. Debería también dejar de culpar al pasado y asumir su responsabilidad en la crisis de inseguridad que hoy afecta a todo el país. De igual forma, tiene que reconocer que, cuando un servidor público le pide ayuda, su gobierno debe reaccionar con mayor rapidez y eficiencia. De lo contrario, la violencia seguirá siendo la fuerza dominante en muchos municipios.
Y el sacrificio de Manzo, por valiente que haya sido, habrá sido en vano.
