“Es extraño que te llamen con otro nombre. Los primeros días, en mi trabajo yo me confundía. Cuando me hablaban de lejos yo ni volteaba a ver. Pero en la casa vuelvo a llamarme como pusieron mis padres”, detalla María Josefina que reside en Reseda, California.
Documentos ajenos, vida propia
A unos kilómetros de esa ciudad, en Sun Valley, la salvadoreña Emely Rodríguez Vásquez desconocía que el nombre de su padre y los números de seguro social y residencia estaban siendo utilizados por otra persona. Recién el año pasado que la familia se enteró, mientras realizaban unos trámites administrativos.
Un empleado de una oficina de gobierno les dijo que algo anómalo pasaba con los documentos de identificación de su progenitor Cruz Vásquez. El había fallecido en 2006. Como en un registro aparecía que el aún devengaba sueldo, sospechan que un inmigrante indocumentado los utiliza para trabajar.
Estos casos relatados por Emely y María Josefina sobre el uso de documentos ajenos son cada vez más comunes. Es debido a los mecanismos que el gobierno de Estados Unidos ha implementado en los últimos nueve años para combatir la inmigración ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigió que las empresas estadounidenses verificaran de forma más rigurosa el estatus migratorio de sus empleados. Para ello, demandó que usaran el sistema electrónico “E-Verify”. En particular, las que prestan algún tipo de servicio al gobierno.
Las compañías al detectar que el empleado es indocumentado se ven obligadas a despedirlo, por temor a que se les castigue con cargos federales y multas.
Por ese motivo los inmigrantes ilegales que quieren trabajar han tenido que utilizar números de seguros y de residencia que son verdaderos. Pero pertenecen a otras personas. Porque con los documentos falsos ahora les es más difícil obtener un empleo.
La mayoría sabe y lo aprueba
La documentación utilizada por los indocumentados pertenece a personas con vida o fallecidas. En muchos casos, los propietarios legítimos de los números de seguros y residencias desconocen que alguien más los está utilizando.
Sin embargo, una mayoría ha dado su consentimiento para que los utilicen. Esto se ha convertido en un medio para obtener dinero fácil. Los necesitados indocumentados pagan para que les presten los números de seguro social o residencia.
Hay algunos de este grupo de “prestamistas de documentos” que tienen menos pretensión de obtener ganancias. Se conforman con que al final del año fiscal, el inmigrante que ha trabajado con su nombre les entregue una devolución de los impuestos deducidos de sus ingresos laborales.
Ese es el caso de la salvadoreña María Josefina, una inmigrante ilegal a quien una amiga le ha prestado sus documentos de seguro social y residencia para que pudiese trabajar haciendo limpieza en un hospital de Van Nuys, California.
“Yo le devuelvo lo de los `taxes` al final del año. Es poco lo que pago en comparación de otros. Pero sin esto, no tendría trabajo y no podría enviar dinero a mis cuatro hijos que viven en El Salvador”, explica la mujer.
Para que no la deporten
María Josefina utiliza desde hace dos años los números de seguro social y residencia verdaderos de su amiga. En dos oportunidades sus empleadores la han despedido cuando verificaron la autenticidad de sus documentos y descubrieron que eran falsos. Para su fortuna, ninguno de ellos la denunció a las autoridades migratorias inmigración. De lo contrario hubiera sido deportada a El Salvador.
La legislación estadounidense tipifica el uso de números de seguro social y residencia de otras personas como el delito de suplantación de identidad. A quienes se les comprueba esta falta, se les imponen penas de 2 a 10 años de cárcel.
Aún con los riesgos que implica para los inmigrantes sin papeles usar documentos ajenos, la necesidad supera cualquier temor. Los líos legales que pueden sobrevenir son ignorados.
Emely afirmó que la familia Vásquez no siguió investigando sobre la utilización de los números de seguro social y residencia de su padre. Fue por falta de tiempo y dinero. Es muy probable entonces que un inmigrante ilegal continúe identificándose y trabajando con el nombre del octogenario Cruz Vásquez.
María Josefina continuará usando documentos de otra persona para poder trabajar, hasta que el gobierno le otorgue los suyos. Hace cuentas que dentro de cinco años podría aspirar a solicitar la residencia; mientras tanto, en el trabajo tendrá otro nombre.
