Esta semana llegó a su fin la tristemente célebre política llamada “Título 42” -por el inciso en la ley migratoria que la contiene- instaurada en marzo de 2020, por el gobierno de Donald Trump.
Esta práctica permitía rechazar a quienes trataban, legalmente, de solicitar asilo en la frontera, sin siquiera darles la oportunidad de presentar su caso. La excusa era que los solicitantes podrían portar el coronavirus y causar el COVID-19 en la población estadounidense.
De esta manera se deportó a entre uno y dos millones de personas, muchas de las cuales tenían motivos suficientes para solicitar asilo o refugio.
La cancelación del Título 42 fue una promesa electoral del hoy presidente Joe Biden a los latinos. Demandas judiciales dilataron su cumplimiento hasta ahora.
Los cruces se regirán ahora por la política instaurada en 1940 y ahora actualizada, llamada Título 8, que establece el procedimiento para quienes piden asilo, determinando su inelegibilidad si no tienen cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país. Quienes sean expulsados deberán esperar cinco años para volver a pedir asilo y podrían ser encarcelados si intentan cruzar nuevamente.
Además, en enero la administración lanzó el programa de parole humanitario, que otorga permiso de residencia por dos años a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y que ha beneficiado a más de 100,000 personas desde entonces.
Otra regla expande la posibilidad de solicitar asilo en línea con la aplicación móvil “CBP One”, en vez de personalmente. Según las autoridades, los problemas en el programa digital fueron recientemente superados y la cantidad de citas disponibles aumentó de 300 a 1,000 por día.
Miles de migrantes se encuentran ahora al otro lado de la frontera, en difíciles condiciones, a la espera de la desaparición del Título 42, la reanudación de las peticiones de asilo y que se les otorgue una cita para presentar su caso. Muchos son mujeres y niños de corta edad y hasta bebés nacidos en los albergues.
Las autoridades temen que en los próximos días y semanas, centenares de miles de potenciales migrantes de México, Centroamérica, Cuba, Haití y otras naciones como Afganistán y Serbia se vuelquen a la frontera con la esperanza de que se les permita cruzar.
Han venido huyendo de sus terruños, de sus países de origen, sus patrias, porque experimentaron el crimen, la opresión, las amenazas y la pobreza extrema que no les ha dejado otra alternativa que emprender el peligroso camino al Norte. Muchos han perecido en el camino, víctimas de las inclemencias del desierto o de los grupos criminales que los acechaban.
Al norte de la frontera, organizaciones comunitarias latinas se han movilizado para recolectar donaciones, enseres, comestibles y medicinas para ayudar a los solicitantes.
El Departamento de Seguridad Interna está enviando a la frontera a unos 4,000 funcionarios para prevenir un desborde.
Existe en algunos la creencia, con base en la desinformación difundida por los contrabandistas que explotan a los migrantes vulnerables, de que a partir de ahora la frontera estará abierta para quien quiera cruzar. Algunos lo repiten con rabia y odio. Otros, los migrantes, con esperanza. Pero no es así. En cambio, son miles quienes de acuerdo con las leyes internacionales y los parámetros migratorios del actual gobierno, cualifican para el asilo.
El vencimiento del Título 42 es también una oportunidad para los extremistas y anti inmigrantes para levantar la alarma, difundir el mito de los inmigrantes como un peligro y atacar a la administración Biden. Sin embargo, no hay razón para que, después de un período de transición que podría ser tumultuoso, no se normalice la situación.
Que esta política llegue a su fin no significa que los migrantes podrán entrar libremente al país.
Ahora, los solicitantes de asilo serán entrevistados por funcionarios de inmigración. Aquellos que demuestren un «temor creíble» de ser perseguidos en sus países de origen podrán permanecer aquí hasta que se tome una determinación final en su caso, por lo que al menos en ese interín serán protegidos.
Independientemente de la incidencia en el debate político que tristemente divide nuestra sociedad, el vencimiento del Título 42 restituye la normalidad en la frontera y supone la aplicación de la ley nacional y el respeto por el derecho al asilo, que está protegido por el derecho internacional.
