El condado de Los Ángeles ayuda a inquilinos y arrendatarios

Hispanic L.A.

hace 4 años

La pandemia del COVID-19 tiene todo tipo de secuelas, y no todas relacionadas a la salud. Es más, entre las peores consecuencias de los daños causados por la enfermedad está la crisis de vivienda contra la que luchan inquilinos y arrendatarios. Los primeros, porque al dejar de trabajar no perciben ingresos y no pueden pagar los alquileres. Los otros, porque al dejar de percibir esos alquileres, a su vez no pueden pagar las hipotecas de las unidades de vivienda que rentan.

De hecho, poco después de que el condado – el país entero – decretó el encierro como medio para detener la expansión del virus, el gobierno condal prohibió los desalojos por impago, calculando que de lo contrario, más de 120,000 familias solo en el condado de Los Ángeles deberían dejar sus hogares.

Para explicar la ayuda que el condado de Los Ángeles ofrece a los afectados por los costos del COVID, EMS (Ethnic Media Services) organizó la semana pasada una rueda de prensa digital entre dirigentes y personeros del condado por un lado y miembros de los medios étnicos – los que tienen acceso directo a su parte de la población – por el otro.

Como dato anecdótico, los organizadores ofrecieron traducción simultánea al español, chino mandarín, coreano y armenio.

Moderó el evento la conocida periodista Pilar Marrero.

Participaron la Supervisora del condado Sheila Kuehl, quien representa al tercer distrito que incluye ciudades tan dispares como San Fernando, Santa Mónica, Beverly Hills y una porción de la ciudad de Los Ángeles. La doctora Eloisa González, directora de Medicina Integrativa en el hospital general LAC-usc y portavoz en asuntos del COVID-19 para medios hispanos.

Rafael Carbajal, director del departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios (DCBA); su vicedirectora Dana Pratt, quien encabeza la división de Vivienda y Protección al Inquilino y Jenny Punsalan Delwood, de la Fundación Liberty Hill.

A continuación, aquellas ponencias relacionadas directamente a las ayudas de las que dispone el condado.

Sheila Kuehl

“Hemos extendido una y otra vez la moratoria de los desalojos… nadie puede quedarse sin casa como resultado de la pandemia. La fecha límite ahora es el 30 de junio”, dijo Kuehl, quien aclaró después que podría muy posiblemente postergarse una vez más. “También proporcionamos defensa de desalojos en corte. Ahora hay un plan de ayuda directa, que marcará la diferencia entre tener vivienda y ser homeless”.

Un punto importante, recalcó la supervisora, es que muchos de los damnificados no dominan el inglés y temen hablar su lenguaje; y su experiencia les hace desconfiar del gobierno, todo lo cual tuvieron que tomar en cuenta a la hora de diseñar los programas de ayhuda. Para llegar a esas comunidades, el departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios con la Fundación Liberty Hill trabajan en comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos junto con otras organizaciones comunitarias que ya están en esas mismas zonas y cuentan con la confianza de los residentes.

Rafael Carbajal

Por su parte, Rafael Carbajal del DCBA expresó su solidaridad con quienes sufren en su vivienda las consecuencias de la crisis, ya que, dijo, “mi familia sufrió foreclosure y sufrió desalojo”, por lo que, agregó, “le enorgullece” poder haber establecido programas para prevenir el foreclosure tales como “Stay in House LA County”, y en general, para ayudar a las familias.

Pero de la misma manera el condado ayuda a los propietarios: “me enorgullece anunciar el lanzamiento de un plan de ayuda a los propietarios y arrendatarios. El “Foreclosure Prevention and Mortgage Relief Program”, primero en el estado, que ayudará a dueños de unidades familiares y de dos a cinco unidades. Con un fondo de cuatro millones de dólares, permite a quienes sufrieron pérdidas por impago de alquiler entre marzo y fines de diciembre de 2020, solicitar ayuda.

El nuevo programa ofrece una ayuda de hasta 20,000 dólares, en pagos hechos directamente al banco hipotecario. Es para residentes del condado que ocupan una de las unidades, con la excepción de residentes de la ciudad de Los Ángeles.

“A partir de hoy, los dueños de casas pueden solicitar ayuda”, concluyó el funcionario, “y eso incluye asesoramiento gratuito aún si no califican para la ayuda monetaria”.

Dana Pratt

La funcionaria explicó los detalles del programa de ayuda al inquilino, el que hace “la diferencia entre vivienda y desamparo”.

El programa, que se está implementando en todo el país y se basa en fondos federales, consiste en pagar el 80% del alquiler de aquellos que no pueden hacerlo, mientras que el propietario del inmueble renuncia al 20% restante como parte de un acuerdo.

Cambia la situación si el “landlord” se rehúsa a cooperar, pero incluso en ese caso el gobierno ayuda a los inquilinos con hasta la cuarta parte de lo que deben. Después de ello, los inquilinos tendrán un año entero para cubrir lo adeudado.