En un momento de crisis nacional no sorprende que haya tantos estados que confronten serios problemas económicos. Lo que sorprende es que el electorado californiano haya adoptado una posición económicamente suicida. Al menos eso es lo que sugiere la decisión del 19 de mayo en la que se rechazaron casi todas las proposiciones negociadas entre Arnold Schwarzenegger, el gobernador republicano, y los líderes legislativos demócratas que buscaban una solución, imperfecta y limitada, pero en definitiva una solución, a la desesperante situación presupuestaria del estado, jugando con el futuro de California.
Es realmente incomprensible cómo una minoría pequeñísima logró imponer este rumbo apocalíptico de recortes draconianos y hasta de una posible bancarrota. Si analizamos la consulta electoral, podemos ver que solamente 23% de los más de 17 millones de californianos registrados para votar salieron a ejercer ese derecho. Siguiendo con el ejercicio matemático, se puede llegar a la conclusión que ese porcentaje es apenas un 11% de los 36 millones de residentes del estado. Es más, como las proposiciones fueron aprobadas por un poco más del 60% de los votantes, se concluye que la decisión de la elección fue tomada por apenas un 7% de los californianos. ¡Un 7%! Evidentemente si el destino de nuestro estado es decidido por esta ultraminoría del 7%, entonces tenemos un serio problema con nuestras instituciones democráticas. Hay juntas militares en republiquetas bananeras que son más representativas que esto.
Los análisis de las elecciones pasadas claramente muestran que quien sale a votar no es la madre latina con tres hijos que vive en Huntington Park y que va a perder la cobertura médica de Healthy Families, o el trabajador desempleado que sobrevive con las migajas del cheque de Cal-Works que desaparecerá, o el joven estudiante que tendrá que abandonar Cal State University porque no habrá becas Cal Grant.
Por el contrario, los que tienen tiempo y energía para votar, los que están educados en este juego de decepciones y complicaciones de la democracia americana, son los jubilados blancos que se babean pensando en esa Era Dorada de 1950 cuando «todo era mejor», los señores conservadores que desde sus mansiones de Malibu y Beverly Hills siguen diariamente los avatares de Wall Street y las señoras ´decentes´ de las clases medias del Valle de San Fernando que van a la iglesia y rezan por la paz y la igualdad en el mundo pero que apenas salen de allí, las muy hipócritas, miran para otro lado cuando un mendigo les extiende la mano. Lo que tienen en común esta gentuza, aparte de que salen a votar, es que bajo ningún concepto quieren pagar más impuestos para subsidiar a los pobres.
Simbólicamente hablando, esa es la composición de ese 7% que en la elección del 19 de mayo le dio una cachetada a los pobres, a los incapacitados, a los estudiantes, a los enfermos, de California. A través de su voto reaccionario, egoísta, clasista, nos dijeron que prefieren el caos, el derrumbre del estado, a tener que pagar más impuestos.
Esta es la gente, o herederos de gente similar, que posibilitó que en la década de 1970 se iniciara un movimiento antiimpuestos que resultó en la Proposición 13 de Howard Jarvis y en cambios constitucionales que requieren que la Legislatura tenga que aprobar el presupuesto estatal con dos tercios de los votos.
Estos cavernícolas antiimpuestos no quieren entender que para que el estado postindustrial pueda ofrecer los servicios y programas que requiere una compleja y multifacética sociedad como la californiana (que dicho sea de paso es la sexta economía del mundo), éstos se deben subsidiar con impuestos. Es imposible pretender mantener escuelas públicas, hospitales, fuerzas policiales, parques, bibliotecas, sin los correspondientes fondos que surgen de impuestos.
Esta mentalidad antiimpuestos es la que también ha mantenido paralizado el proceso legislativo estatal. Esto se debe a que para aprobar el presupuesto en California, al igual que en Arkansas y Rhode Island, se requiere no una simple mayoría, como razonablemente existe en 47 estados de la unión americana, sino que nada más ni nada menos que dos tercios de los votos. Eso implica que solamente dos o tres legisladores republicanos pueden bloquear lo que la mayoría propone. ¿De qué sirve, entonces, ser mayoría?
Evidentemente, esto no puede continuar así. Como muchos californianos están empezando a darse cuenta, es hora de que se considere una Convención Constitucional que rediseñe la carta fundamental del estado. Es hora que se empiece a hablar de eliminar la Proposición 13 que tantos límites ha impuesto en la habilidad de nuestros líderes políticos y nuestras instituciones económicas y sociales. Es hora que se acabe un sistema legislativo obstruccionista que requiere el voto de dos tercios de los legisladores para pasar la ley presupuestaria. Es hora, también, que se encuentren alternativas que motiven a la ciudadanía a que vote (en muchas democracias del mundo el voto es obligatorio), porque es inaceptable un sistema que alardea de ser democrático, pero en el que se aprueban proposiciones con 93% de los californianos que votan en contra o no votan.
