Los militares, en el intenso proceso de militarización que hoy vive el país, se han “tomado” el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ya son 19 las delegaciones estatales del INM que están a la cabeza de personal que ha sido formado en el Ejército y en la Marina, para tareas de carácter militar.
En 12 estados el responsable es un general: Chiapas, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Estado de México.
Hay también un vicealmirante (Colima), tres contralmirantes (Guerrero, Veracruz y Sonora), dos capitanes de navío (Tlaxcala y Campeche) y un capitán de caballería (Hidalgo).
A estas cabezas de las oficinas en los estados se añade un número indeterminado de militares a cargo de los mandos medios y operativos.
El proceso de militarización se inicia en 2019, después de que el presidente López Obrador hace público el despido de 500 agentes del INM acusados de corrupción.
La formación de los militares, ahora responsables de la migración, es en tareas relacionadas con la seguridad nacional, construcciones militares, dirigir cárceles militares y algunos han sido agregados en embajadas.
Activistas consideran que a pesar de la presencia de los militares sigue “intacto el tema de la corrupción y los abusos de los agentes del INM” como lo asegura Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Y Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común, sostiene que la presencia de los militares en el tema de la migración es preocupante.
Añade que el proceso de militarización de las estructuras responsables de la migración crece de manera sostenida. Entre enero y agosto de este año registró un aumento del 200 %.
Los estudiosos del tema consideran que el adiestramiento que tienen los militares no los capacita, para hacer frente a la problemática de la migración.
Sostienen que estos no tienen formación en la protección de los derechos humanos, como se ha visto en la violencia que se ha utilizado para detener a migrantes en la frontera sur.
La militarización del INM no va a resolver el problema de la corrupción, la violencia y el mal trato de los migrantes. E incluso la puede agravar.
La solución pasa, es la acción más relevante, por el cambio de la política migratoria y de las acciones represivas del actual gobierno ante los migrantes y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Y también por la selección del personal destinado a las tareas de migración, por su formación y capacitación y por el seguimiento puntual y sistemático del desempeño de las oficinas migratorias.
Publicado originalmente en Contrapunto
