El Southern Poverty Law Center (SPLC), es una organización sin fines de lucro con base en Montgomery, Alabama, dedicada a la identificación, seguimiento y estudio de grupos de odio en todo el país.
Establecida en 1971 inicialmente como un bufete de abogados por la justicia social, su misión es servir de “catalizador de la justicia racial en el Sur y más allá, y trabaja en asociación con diversas comunidades para desmantelar la supremacía blanca, fortalecer los movimientos interseccionales y promover los derechos humanos de todas las personas”.
El extremismo de los antiinmigrantes
De todos los cientos de grupos nativistas y de vigilantes armados, establece, son los anti inmigrantes los más extremistas. Históricamente, la xenofobia llegó a los niveles de desarrollo que tenía en el país desde los años 1920, paralelamente al surgimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, entre otros países.
En esa categoría, SPLC cataloga una veintena de organizaciones con alcance nacional. Sus acciones consisten principalmente en convencer a su entorno de una realidad inexistente. Por ejemplo, cita a la Federación por Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) que caracteriza la frontera como sumida en un “caos completo”.
Un grupo peculiar es el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), creado, al igual que FAIR, por el idieólogo del supremacismo blanco John H. Tanton.
Otras organizaciones con visión nacional que comparten este punto de vista son el America First Policy Institute y el Centro para la Renovación de Estados Unidos (Center for Renewing America).
Tanton fundó en total las siguientes organizaciones. Aquellas con un asterisco son las designadas como grupos de odio por SPLC: American Immigration Control Foundation (AICF)*, American Patrol/Voice of Citizens Together*; California Coalition for Immigration Reform (CCIR), Californians for Population Stabilization, Center for Immigration Studies (CIS), Federation for American Immigration Reform FAIR*; NumbersUSA, Population-Environment Balance, Pro English*, ProjectUSA, The Social Contract Press*, U.S. English, y U.S. Inc.
Entre todos – con el respaldo del líder Trump – insisten en llamar lo que sucede en la frontera como una “invasión”, haciendo hincapié en el significado de contexto militar del vocablo.
La frontera como un campo de batalla
Otros se enfocan en protestar por la cancelación de las políticas antiinmigrantes establecidas por la administración Trump y retiradas por la de Biden – como el llamado Título 42 – y hacen proselitismo por su retorno. Específicamente, se oponen a la decisión de descontinuar esta última política de rechazar inmigrantes que piden asilo que estaba basada en el supuesto peligro de contagio del COVID-19.
La visión antifederalista de estas organizaciones – resabio de los puntos de vista de los estados del Sur que perdieron la guerra civil – se expresa en la visión de los sheriffs de los distintos condados del país como la última autoridad, que sobrepasa la de las autoridades federales. De allí su afición por impulsar candidatos para este puesto y promover la cooperación con estos funcionarios electos una vez en funciones.
El común denominador de la creciente intensidad de sus acciones es el temor de que Estados Unidos está en peligro de perder la hegemonía blanca, y para ellos, los privilegios que esto conlleva. Una de las manera más frecuentes de contrarrestar el supuesto efecto de este cambio poblacional es sostener que el racismo es actualmente invertido: contra los blancos.
En ese contexto – la frontera vista como un campo de batalla y el grupo blanco como víctima – los inmigrantes son vistos como inherentemente criminales, invasores y una amenaza mayor a la cultura dominante.
Estas son las organizaciones, digamos, intelectuales, políticas, ideológicas.
Pero en 2022, SPLC publicó un mapa de 1.225 grupos de odio y antigubernamentales en todo Estados Unidos. Estos grupos han ido en aumento año tras año. Tal como se puede deducir del mapa interactivo, en el año 2000 había 599; 801 en 2005, 892 en 2015 y 940 en 2019.
La semana pasada, uno de los nuevos grupos, el antigubernamental Partido Patriota Unido de Carolina del Norte (UPP NC) llamó a los estadounidenses a converger en la frontera en Eagle Pass, Texas, para formar grupos armados para lanzar el operativo “Mantener la Línea”.
Una semana antes, la Cámara de Representantes había votado por iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Interna y el funcionario a cargo de inmigración, Alejandro Mayorkas, en medio de una ofensiva verbal desde Washington, de alarmas, advertencias y amenazas sobre la frontera. Al mismo tiempo y todo como parte de la campaña electoral de Trump tendiente a desestabilizar al país, el gobernador de Texas Greg Abbott declaró que el estado es soberano sobre la frontera en lo que constituye una clara violación de la Constitución.
Un odio sostenido por líderes y delincuentes
Más de una rencilla tuvo lugar en torno a la disputa entre elementos estatales, agentes federales y milicias armadas.
El 7 de febrero, informó el Texas Observer, la policía estatal arrestó a tres miembros del grupo – dos de ellos guías locales – por tenencia de drogas. La intervención policial sobrevino solamente después de que un avión de reconocimiento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) le informó que los activistas habían retenido a mano armada a un grupo de indocumentados que trataba de cruzar la frontera.
Otro grupo, ya más conocido, llamado Proyecto Minuteman tuvo un período de relativa celebridad en California alrededor de 2005. Sus dirigentes llamaron a gente armada a participar en patrullas fronterizas independientes, generando confrontaciones con las autoridades. Aquel año entrevisté a uno de sus fundadores, Chris Simcox, en la frontera, para el diario La Opinión. Simcox me aseguró que en sus huestes había un alto número de latinos y prometió facilitarme el contacto con ellos, algo que nunca sucedió.
Recientemente me enteré que Simcox fue condenado a 19 años y medio de prisión por abuso sexual infantil.
Una de sus lugartenientes, Shawna Forde, quien años despúes formó su propio grupúsculo, fue condenada a muerte por el asesinato de un hombre (y su hija) de quien sospechaba que era un narcotraficante y a quien atacó para sustraerle drogas y dinero.
La intersección entre el liderazgo de estos grupos y su identidad como delincuentes comunes es notable.
Existe pues una cadena ininterrumpida que comienza en Donald Trump y su incitación al odio y la violencia, sus aliados políticos en la Cámara de Representantes, el Senado, las gubernaturas estatales, que replican esos mensajes y los magnifican, ideólogos del supremacismo blanco – quien merecen su propio análisis – organizaciones de propaganda que los elaboran, les dan legitimación, grupos armados que declaran su disposición de patrullar la frontera y a veces lo hacen, y personajes criminales y psicópatas que les hacen caso.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
