De todas las amenazas, promesas de venganza, insultos desaforados y mentiras desvergonzadas que profiere Donald Trump en las últimas semanas previas a las elecciones, hay una que sobresale por su descarada afronta a la libertad de expresión y la Constitución de Estados Unidos.
Se trata de sus ataques contra los medios de comunicación que lo critican, sea esto real o imaginario.
Desde 2016 había calumniado a la cadena CNN y otros medios, y personalmente a sus periodistas y conductores. Se apoderó del término «fake news», hoy repetido por gobiernos autoritarios en todo el mundo.
Decenas de veces en sus mítines multitudinarios señaló con el dedo a los reporteros que cubrían el evento y a quienes habían colocado en jaulas «para su protección», diciendo «son los enemigos del pueblo».
Pero en los últimos días, Trump ha incrementado el nivel tóxico de sus ataques contra la prensa.
Desde el vergonzoso debate presidencial del 10 de septiembre entre el republicano y la candidata demócrata Kamala Harris por ABC, ampliamente considerado como una derrota para Trump, este acusa a los moderadores por haber corregido sus mentiras. “ABC”, escribió y repitió Trump, “debería perder sus licencias de transmisión”.
Ahora, ataca a la cadena CBS por haber supuestamente editado la reciente entrevista que Harris concedió al programa 60 Minutes. Demandó el “cierre inmediato” del veterano programa, uno de los pilares del periodismo estadounidense, así como la puesta en venta de la cadena y de “todas las otras que son incluso peores”.
El año pasado, Trump había exigido que “se investigara” a Comcast, la empresa matriz de NBC News y MSNBC, “por traición” por su cobertura y dijo que si era elegido presidente nuevamente, los medios de comunicación “pagarían un alto precio”.
Ahora bien: el gobierno no puede suprimir la licencia de las cadenas. Pero la Comisión Federal de Comunicaciones, un ente semi independiente, sí puede cancelar las de las emisoras o estaciones locales que transmiten la programación.
La misión de la FCC es hacer disponible a todos los habitantes de Estados Unidos los servicios de comunicación, sin discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional o sexo”, tal como lo establece la Ley de Telecomunicaciones de 1996. A pesar de ello, ya en 2017 y 2018, el entonces presidente Trump había tratado de presionar a la comisión de cinco miembros para que cancele programas y estaciones que lo criticaban. El director del organismo en aquella época se negó a hacerlo.
Durante su presidencia Trump nombró a dos de los cinco actuales miembros, y si llega al poder, podrá obtener una mayoría para sus designios.
Cancelar estaciones de radio o televisión que transmiten críticas al gobierno será una tarea relativamente simple si Trump llega a ganar las elecciones y vuelve a la Casa Blanca.
La libertad de prensa está en la balanza en estas elecciones. Un gobierno autoritario de Trump podrá esgrimir el cierre de emisoras y así intimidar a los medios televisivos para que se abstengan de criticarlo.
Un ejemplo de adónde podría llegar el gobierno federal es la amenaza del Departamento de Salud Pública de Florida con presentar cargos criminales contra las estaciones de televisión locales si transmiten un anuncio de campaña para revocar la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación firmada por el gobernador Ron DeSantis. Esta cruda amenaza mereció la intervención de la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, quien advirtió que las estaciones no pueden ser intimidadas por publicar avisos de corte político.
Asimismo, Rosenworcel rechazó inmediata y públicamente las demandas del candidato republicano al denunciar las “amenazas contra la libertad de expresión” del expresidente. Correctamente expresó que “estas amenazas… son graves y no deben ignorarse”.
La Primera Enmienda de la Constitución es una piedra angular de nuestra democracia, y la libertad de prensa que garantiza es uno de los mayores baluartes de la libertad. Es preocupante que las tendencias dictatoriales del ex presidente y potencialmente la decisión de tres de cinco comisionados del FCC puedan erosionar seriamente esta libertad.
