Uno de los principales blancos de la propaganda electoral demócrata durante las elecciones que culminaron el 5 de noviembre fue el ataque al “Proyecto 2025” de la Fundación Heritage.
Así lo describe todavía hoy el sitio de internet de Kamala Harris:
“Los planes de Donald Trump para tener un control total sobre nuestra vida cotidiana han quedado al descubierto”… ”incluyen un plan elaborado por personas que trabajaron para Donald Trump y que se centra en los primeros 180 días”
Por iniciativa demócrata, las críticas a esta propuesta crecieron. A principios de julio Trump se desentendió, y negó toda autoría o influencia o conocimiento del proyecto con esta publicación en Facebook:
“No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están diciendo y algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales. Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”.
Es posible que razón de este rechazo, más que un desacuerdo con las recomendaciones, sería que Trump no puede aceptar que otros le impongan ideas sobre como él debería gobernar. Después de todo, para Trump las convicciones ideológicas son mucho menos importantes que la absoluta lealtad que exige de los demás.
Diez días después de esto, el New York Times insistía en que el documento era en efecto el plan del futuro gobierno del magnate.
En un análisis definió así su propósito: “Donald J. Trump y sus aliados están planeando una amplia expansión del poder presidencial sobre la maquinaria de gobierno si los votantes lo devuelven a la Casa Blanca en 2025, remodelando la estructura del poder ejecutivo para concentrar mucha mayor autoridad directamente en sus manos”.
Qué es el Proyecto 2025
En abril de 2023 y dirigida por su presidente Kenny Roberts, Heritage comenzó a encargar, recibir y editar decenas de ensayos que condensaron la ideología nacionalista conservadora que sembró Donald Trump desde 2016. Seis de los autores y colaboradores fueron ministros en el primer Gabinete del gobierno de Trump.
No menos importantes que sus sugerencias son sus definiciones hostiles, generalizadoras y en fin, falsas de quienes no están en su grupo. Los autores siguieron los pasos del caudillo hasta en los insultos.
Este es el sitio donde se puede bajar el documento: https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf
En su sitio, la Fundación Heritage explica que su “Proyecto de Transición Presidencial 2025, se basará en cuatro pilares que, en conjunto, allanarán el camino para una administración conservadora eficaz: una agenda de políticas, personal, capacitación y un manual de estrategias de 180 días”.
Para ello, los organizadores hacen entrega de la agenda de políticas, han confeccionado una base de datos de 20,000 potenciales funcionarios federales para reemplazar al “deep state” actual.
Más de 100 organizaciones conservadoras participaron en el esfuerzo y forman parte de la junta consultiva del proyecto, según la Fundación Heritage, que enumera a cada una de ellas.
En lo demás, el documento consta de una serie de ensayos y estudios que va repasando, ministerio tras ministerio, los cambios radicales que esta organización conservadora quisiera en el sistema de gobierno.
Rick Dearborn, quien fue Jefe de Gabinete de Trump para temas legislativos y a quien le toca el capítulo de la oficina de la Casa Blanca, establece que: “Las organizaciones y los acuerdos internacionales que erosionan nuestra Constitución, el estado de derecho o la soberanía popular no deben reformarse: deben abandonarse”
Entonces, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage es una “guía de perplejos” que pretende guiar al gobierno de Donald Trump en su segunda presidencia.
El tema migratorio
Recordemos que durante la campaña electoral de cuatro años de Trump el tema migratorio jugó un papel crítico para atraer votos. Mientras que los expertos creían que los problemas de la economía tal como se reflejaban en el supermercado serían le principal preocupación de los votantes, para Trump era la inmigración. Lo enfatizó en cada discurso.
Esto se refleja en el Proyecto 2025: “no puede haber ninguna duda seria de que la Administración Biden ha abierto la frontera suroeste a cualquiera que quiera entrar”, a pesar de que “hacer cumplir las leyes de inmigración es una cuestión de vida o muerte”. Los autores acusan también a “los burócratas del Departamento de Seguridad Nacional, quienes siguiendo el ejemplo de una administración incompetente, ordenan a las agencias de control fronterizo y de inmigración que ayuden a los migrantes a entrar de manera criminal en nuestro país con impunidad”.
Su objetivo básico es que “la inmigración ilegal debe terminar, no mitigarse; la frontera debe cerrarse, no debe reordenarse…”
Ken Culccinelli, quien ejerció por un tiempo como encargado de comunicaciones del gobierno, firma el capítulo sobre inmigración y la frontera.
“Priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas las detenciones y deportaciones”, escribe, “es fundamental si queremos recuperar el control de la frontera, reparar el daño histórico causado por la administración Biden, volver a un sistema de inmigración legal y ordenado, y proteger a la patria del terrorismo y las amenazas a la seguridad pública”.
Funciones de ICE
Según el Proyecto 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con sus 20,000 empleados en 400 oficinas de 43 estados, debe ocuparse de las tareas para las cuales fue creado, en lugar de encargarse de misiones no relacionadas a la inmigración, es decir, restaurar el estado de derecho en la aplicación de la ley de inmigración.
Y detalla: retomar la deportación de miles cuyo proceso detuvo la administración Biden. Y ampliar ese caudal al tomar en cuenta a todos los extranjeros criminales identificados por las agencias policiales locales. En adelante, estas agencias deben entregar a ICE “todos los extranjeros con antecedentes por delitos graves, delitos violentos, conducir bajo la influencia del alcohol, deportaciones previas y cualquier otro delito que se considere una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública según lo definen las leyes actuales”.
Pasos preliminares a la deportación masiva
El Proyecto 2025 prepara el camino para que después de 180 días, sea factible la identificación, incautación, detención y deportación masivos de inmigrantes. “La mayor parte se puede lograr con rapidez y eficacia mediante una acción ejecutiva” que confiera a ICE la autoridad para “hacer cumplir las normas de inmigración civil, incluido el arresto, la detención y la expulsión de infractores de inmigración en cualquier lugar de Estados Unidos, sin orden judicial cuando sea apropiado”.
Para ello, estos son los detalles de la profunda reforma del sistema migratorio.
TPS: el plan anticipa la derogación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa que por décadas ha protegido a centenares de miles de inmigrantes provenientes de países sujetos a catástrofes y con la autorización del Congreso, incluyendo a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Según un análisis de The Leadership Conference, “directamente, insta al Congreso a derogar todas las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que haría que casi 700.000 inmigrantes, muchos de los cuales han estado viviendo y trabajando aquí durante décadas, pierdan la autorización de trabajo y se enfrenten a la deportación”.
Solicitudes de asilo: el actual estándar para el “temor creíble de persecución”, que es el elemento decisivo en la autorización de estas solicitudes, dice el documento, “debería ser más alto” y “tener en cuenta específicamente las determinaciones de credibilidad”.
Menores no acompañados: en el futuro, Estados Unidos devolverá a todos los menores no acompañados que cruzan las fronteras a sus países de origen sin excepción. Para ello, el Congreso “debería derogar la Sección 235 de la Ley William Wilberforce de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 (TVPRA)”. La ley actual, dice Culccinelli, “solo alienta a más padres a enviar a sus hijos al otro lado de la frontera ilegalmente y sin compañía”. Para ello, se trasladará la detención de niños extranjeros del Departamento de Salud y Servicios Humanos al Departamento de Seguridad Interna.
Eliminar el Acuerdo Flores: el acuerdo Flores es un documento legal entre el gobierno y activistas por los derechos humanos que a partir de 1997 establece ciertas protecciones para los niños inmigrantes bajo custodia, especialmente prohíbe la detención de niños por más de 20 días. Durante el primer gobierno de Trump logró limitar el abuso de muchos niños migrantes, que debieron ser enviados de los centros de detención a instituciones de cuidado infantil.
Ciudades santuario: el Proyecto recomienda al Congreso… “establecer desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas de santuario oficiales o no oficiales”.
Sección 287(g): estas leyes de protección a la población migrante vinieron como respuesta al programa llamado 287(g) por el inciso de la ley que lo contiene, que estipula la participación de las policías locales en las actividades migratorias. La afiliación al programa es actualmente voluntaria y Proyecto 2025 considera su ampliación para que abarque obligatoriamente a todas las agencias de la ley.
Cooperación con policías locales: numerosos departamentos de policía en todo el país no ejercen tareas relacionadas con la inmigración. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) funciona bajo la Orden Especial 40, que a partir de 1979 prohibe a sus agentes averiguar el estado migratorio de alguien o arrestar por haber ingresado ilegalmente al país. En California, la ley SB54 de 2017 prohíbe detener a personas por una orden de detención migratoria emitida por ICE. Ahora, el Congreso derogaría estas leyes estatales y obligaría a las policías en todo el país a participar en acciones de seguridad fronteriza.
E-Verify: Según el plan, el gobierno ampliará el programa de verificación de antecedentes por parte de empleadores para hacerlo universal y obligatorio. El programa, con sus fallas, ha resultado en la exclusión errónea de miles de trabajadores absolutamente legales.
Visas H2 y H2B: Cuccinelli propone “apoyar a los trabajadores estadounidense, en especial los pobres y de clase media, dejando de facilitar la disponibilidad de mano de obra extranjera barata”. Para ello, el gobierno debe suspender todo desarrollo de las visas H2 y H2B, camino a su cancelación.
Visas H-1B: Asimismo, el Proyecto 2025 establece que “el programa (de visas) H-1B, frecuentemente abusado, debería transformarse en un programa de élite a través del cual los empleadores compitan por atraer sólo a los mejores trabajadores extranjeros con los salarios más altos para no deprimir las oportunidades estadounidenses”. Pero esa es la situación actual, en la que se permite el ingreso de 65,000 empleados de alto nivel para trabajos especiales y durante tres años, extensibles a seis.
Visas T y U: También pone en el tablero la cancelación de las visas T y U, que protegen a indocumentados víctimas de crímenes en tanto colaboren con las agencias de la ley y testifiquen.
SEVP: De la misma manera, propone restringir o eliminar el programa Student and Exchange Visitor Program (SEVP) por el que visitan el país miles de estudiantes para cursar en nuestras universidades.
ATD: Además, reformar el programa Alternatives to Detention (ATD), que permite a miles de inmigrantes en centros de detención recuperar la libertad hasta el término del procesamiento de sus solicitudes, “sólo para desaparecer en el interior de los Estados Unidos, donde muchos cometen delitos y muchos otros desaparecen, y nunca más se sabe de ellos”.
ER: La acción de las unidades de Deportación expedita (ER) están limitadas a 100 millas de la frontera. Con Trump, su acción se extenderá a todo el territorio nacional.
El Proyecto 2025 recomienda que “el Congreso debería ordenar y financiar la creación de más camas para detenidos extranjeros…, elevando el número diario de camas disponibles a 100.000”…y “financiar a ICE para que contrate al menos a 20.000 agentes para las unidades ER y a 5.000 abogados más para la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA)”.
Section 243(d): el capítulo sobre el Departamento de Estado fue escrito por Kiron Skinner, una profesora de ciencias políticas que ha sido Directora de Planificación de Políticas del Departamento de Estado bajo Trump. Recomienda la aplicación de la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952, lo que “motivará” a las naciones que actualmente se niegan a aceptar el retorno de sus nacionales deportados a hacerlo. La “motivación” se conseguirá mediante la posible “suspensión de la emisión de todas las visas de inmigrante, todas las visas de no inmigrante o todas las visas”.
El Proyecto 2025, por último, deja claro que USCIS – la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración tendrá poderes extraordinarios que la pondrán encima de la ley en muchos casos, con el objetivo supremo de integrar la deportación masiva. Así se entiende del siguiente párrafo: “El USCIS debe dejar en claro que, cuando no exista jurisdicción judicial, no respetará las decisiones judiciales que busquen socavar los esfuerzos regulatorios y sub regulatorios”
Un editorial del Centro para el Progreso Americano sobre el Proyecto 2025 culmina así:
“Este nuevo manual autoritario… destruiría el sistema de controles y equilibrios de 250 años de antigüedad en el que se ha basado la democracia estadounidense y daría a políticos, jueces y corporaciones de extrema derecha más control sobre la vida de los estadounidenses”.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative
