En mayo, venció la regla federal llamada Título 42, impuesta por la administración Trump y que pretendía proteger a la población de contagios de COVID rechazando a los solicitantes de asilo en la frontera sin siquiera concederles el derecho a una audiencia que les corresponde por ley.
La regla bloqueó más de dos millones de cruces fronterizos durante sus tres años de vigencia.
Se temía que una vez vencida, barrería la frontera una ola incontenible de solicitantes de asilo.
Esto incrementaría el asedio de la administración Biden por los republicanos que la acusan de promover la inmigración ilegal al país y que califican a los migrantes de criminales peligrosos.
Pero el nivel de cruces no autorizados cayó, de 10,000 a 3,500 por día. Mientras que entre 2014 y 2019 el 83% de los aspirantes al asilo pudieron solicitarlo en la frontera, la proporción bajó a 46%.
Esto se debió a la política de “inelegibilidad de asilo” que el gobierno impuso en lugar del Título 42 y que establece que para solicitar asilo, los migrantes deben haber sido rechazados en otro país mientras se dirigían a Estados Unidos y haber llegado a la frontera con una cita previamente acordada.
A primera vista, una victoria para el gobierno.
El problema es que esta regla castiga especialmente a inmigrantes que carecen de recursos, y es además ilegal. Viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional, y así lo entendió el juez federal Jon Tigar quien correctamente inhabilitó el martes la regla declarándola ““tanto sustancial como procesalmente inválida”. Postergó sin embargo la puesta en efecto de su dictamen durante 14 días para permitir al gobierno apelar.
Efectivamente, la administración pretende llegar hasta la Suprema Corte. Argumenta que su política es imprescindible para contener la migración, que ha aumentado considerablemente en todo el mundo.
Su excusa es que si se confirma, la decisión del juez Tigar llevará a un aumento de cruces fronterizos, lo que “ejercerá presión significativa sobre el Departamento de Seguridad Interna (DHS), las comunidades fronterizas y las ciudades del interior”.
Ese pronóstico alarmista no tiene razón de ser si se reemplaza esta política de rechazo que pone en peligro a miles de familias que huyen de la persecución por una política migratoria real.
La administración debe cejar de sus intentos de imponer esta regla ilegal cuyo principal objetivo es esquivar un ataque político de la oposición.
Debe darse cuenta que, haga lo que haga, los republicanos seguirán dramatizando la «invasión de inmigrantes» echándole la culpa.
En lugar de ello, debe buscar soluciones de sentido común y que cuentan con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Cada día que prolonga su lucha por una política implacable y fallida quedan en peligro más familias que huyen de la persecución y la violencia.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
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