“Detesto el olor a petróleo por la mañana”.
A cientos de miles de residentes del Condado de Orange, CA, se les pasó por la mente este pensamiento tras el desastroso derrame de al menos 25.000 galones de crudo en una de las costas más emblemáticas de Estados Unidos.
Además de las playas, el letal manto negro embadurnó un conjunto de marismas y humedales de enorme valor ecológico que había costado décadas y millones de dólares restaurar. Solo la Marisma de Talbert, situada entre las playas e instalaciones petroquímicas, es hogar de al menos 90 especies de aves. Y esta es la segunda vez que sufre los catastróficos efectos de una marea negra.
La debacle es el resultado una vez más de un cóctel de codicia, incompetencia y la desastrosa creencia de que extraer crudo del fondo marino es una actividad segura. El oleoducto cuya ruptura causó el derrame llevaba 40 años en operación y, al parecer, fue dañado hace un año por el ancla de un barco mercante. En su búsqueda de la última gota de petróleo, Amplify Energy, la operadora del oleoducto, había sido acusada de 72 violaciones contra la seguridad y el medio ambiente. Días tras el desastre, las acciones de Amplify cayeron un 50%, lo cual hace temer que carezca del dinero necesario para la limpieza, se declare en bancarrota y pase la factura a los contribuyentes, una práctica petrolera notoriamente común.
Los ejemplos de comportamiento irresponsable y abusivo de esta industria son tan comunes como los derrames que genera. Ecuador es un devastador ejemplo. Entre 1964 y 1990, Texaco —hoy propiedad de Chevron— vertió 16.000 millones de galones de desechos tóxicos y 17 millones de galones de crudo en la selva ecuatoriana, en lo que se conoce como el Chernobyl Amazónico. Considerada la peor catástrofe petrolera de la historia, ha dejado un mortal legado de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones genéticas entre los indígenas habitantes de la zona.
Tras décadas de litigio, los tribunales ecuatorianos decidieron que Chevron debía pagar $9.500 millones en daños a las víctimas de semejante crimen ecológico. Desde entonces, la petrolera ha mantenido una intensa batalla legal en Estados Unidos que ha logrado anular el dictamen ecuatoriano, poder jugar el papel de víctima y encarcelar a Steven Donziger, el principal abogado de las comunidades indígenas. En 2019, el juez federal Lewis Kaplan —un ex abogado corporativo con inversiones en Chevron— condenó a Donziger a dos años de arresto domiciliario por negarse a compartir documentos legales con los abogados de Chevron. Y hace unos días, la jueza federal Loretta Preska —perteneciente a la ultraconservadora Federal Society, uno de cuyos donantes es Chevron— condenó a Donziger a seis meses en prisión por desacato criminal.
Pero estos son los coletazos de una industria que tiene los días contados. Por un lado, las inversiones petroleras son una proposición ruinosa. Hasta el momento, instituciones de todo el mundo han eliminado casi $15 billones (trillions) de sus portafolios de inversión en combustibles fósiles. Recientes ejemplos incluyen las universidades Harvard y Dartmouth, y la Fundación MacArthur.
Y por otro, el costo de la crisis climática que causa esta industria se multiplica exponencialmente. Solo este año, en Estados Unidos hemos sufrido 18 desastres climáticos que han costado $1.000 millones cada uno. Un reciente estudio reveló que el 85% de la población mundial ha sido afectada por la crisis climática.
El rechazo popular a esta industria se manifiesta a diario, como la protesta frente a la Casa Blanca de cientos de indígenas y personas de color que exigieron al Presidente Biden que declare una emergencia climática nacional y detenga la expansión de los combustibles fósiles.
Porque todos estamos enfermos de limpiar los desastres petroleros.
