El país andino parece destinado a sufrir eternamente las consecuencias de la codicia del mercantilismo global.
Una historia de explotación
Desde el siglo XVI, con la explotación de las minas de plata de Potosí por la corona española; pasando por el Imperio del Estaño establecido a comienzos del siglo XX por el rústico minero convertido en magnate mundial Simón Iturri Patiño; hasta las últimas décadas, con el país convertido en potencia gasífero-petrolífera y del litio; Bolivia ha sido el escenario más o menos pasivo de un extractivismo hambriento que, a manos de grandes corporaciones mineras y energéticas, ha hecho súper millonarios a poquísimos empresarios bolivianos y extranjeros y pobres, aún más pobres, a los pobladores, en especial a los originarios.
Como ejemplo basta recordar que durante el período 1967-2007, desde que comienza la explotación gasífera, Bolivia exportaba abundante gas, pero los bolivianos no lo utilizaban en sus viviendas ni en sus industrias, debiendo calentarse y cocinar con leña, carbón o kerosene.
Once millones de pobres sentados sobre un mar de petróleo y gas.
Evo Morales
El panorama fue cambiando drásticamente a partir de la llegada al poder en 2005 del primer presidente aborigen de la historia del país -Evo Morales Ayma, originario de Oruro e histórico dirigente sindical cocalero en el Chapare, Departamento Cochabamba- que nacionalizó los yacimientos de gas y petróleo y extendió progresivamente su uso a la población. Con Morales, las ganancias de las empresas multinacionales, estadounidenses en su mayoría, disminuyeron del 80% al 20% y aumentaron, en proporción inversa, los beneficios del Estado.
En estas y otras reformas pacíficas y profundas implantadas por el gobierno en los últimos 13 años, debe buscarse el origen verdadero del derrocamiento de Morales el 10 de noviembre pasado.
Redistribución de la riqueza nacional
En el marco de la geopolítica de los recursos estratégicos es donde comprenderemos en toda su complejidad el origen de los acontecimientos recientes de Bolivia. Evo Morales transformó en 13 años un país subdesarrollado con altos índices de pobreza y analfabetismo en una potencia energética de escala creciente, con una política estatal de control soberano de los recursos y un crecimiento de su P.I.B. (Producto Interno Bruto anual) que en promedio alcanzó un 5% históricamente inédito. Esto significó nada menos que la apropiación de una cuantiosa renta por parte del Estado soberano y su distribución entre toda la población. El P.I.B. pasó de un monto de U$S 7.000 millones en 2005 a uno de U$S 41.000 millones en 2018.
El progreso, la generación de riquezas y su justa distribución entre quienes la generan, han sido tan evidentes como la agresividad de la respuesta con que el poder económico nos ha sorprendido -y no tanto- mediante el golpe de estado del pasado 10 de noviembre.
Golpe de paramilitares, empresarios y EEUU
En las violentas acciones sediciosas protagonizadas por grupos paramilitares que actuaron libremente ante la pasividad de la policía y el ejército -verdadera causa inmediata del derrocamiento de Morales- está comprobada la participación activa, tanto de empresarios vinculados al negocio energético, tal el caso de Luis Fernando Camacho, titular del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., con inversiones en segmentos del seguro, el gas y los servicios públicos, como de personal de la Embajada de EEUU, cuyos vehículos han sido observados en procedimientos de detenciones de funcionarios y partidarios del presidente depuesto.
Un mes antes de la renuncia de Morales, el analista internacional mexicano Alfredo Jalife Rahme Barrios, anticipaba que el golpe estaba en marcha, financiado desde EEUU por empresarios y políticos bolivianos residentes en el norte. Nombres como Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, entre otros, son mencionados por Rahme Barrios como los principales promotores y financistas del golpe de estado, del que ya anticipaba un mes atrás estas modalidades: promover desórdenes generalizados a través de jóvenes de los Comités Cívicos opositores, trabajar sobre sectores del ejército y la policía para obtener su apoyo al golpe, proveer de armas y pertrechos militares a los comandos civiles, acusar de fraude al gobierno en las elecciones y promover la formación de un gobierno paralelo.
Represión
Todos estos pasos se han ido cumpliendo en los hechos, dando por resultado la situación que hoy vivimos: derrocamiento del gobierno legalmente constituído (esto más allá de la discusión sobre el referéndum y el presunto fraude, que siguen pendientes) detención de ministros, parlamentarios y militantes del partido gobernante, 12 muertos al día de hoy en medio de las protestas, miles de heridos, destrucción y/o quema de propiedades (entre ellas la de Esther Morales Ayma, hermana de Evo y las de varios funcionarios del MAS). La propia casa del ahora ex mandatario sufrió primero una vandalización que la dejó prácticamente destrozada y después una rápida y sospechosa refacción que la mostró a la gran prensa internacional -15 de noviembre pasado- como prueba de un supuesto excesivo lujo que se otorgaba “el Presidente Indio con los dineros públicos”.
Estas líneas matrices han estado presentes con variantes tácticas y la misma estrategia, en los derrocamientos ilegales de Mel Zelaya, Honduras (2009); Fernando Lugo, Paraguay (2012); y Dilma Rousseff, Brasil (2016). Y en los intentos fallidos contra Hugo Chávez, Venezuela (2002); Rafael Correa, Ecuador (2010); y Nicolás Maduro, Venezuela (2019). Por lo tanto, no podemos engañarnos acerca de las motivaciones que los impulsaron, ni de la entidad de sus protagonistas. Ellas están directamente vinculadas con la guerra mundial por los recursos que tiene como escenario el mundo subdesarrollado.
Esta vez fue el turno de Bolivia.
