La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala celebrada este domingo, es una prueba clave para el estado de derecho en ese país, en el contexto de crecientes preocupaciones sobre la democracia en toda América Central y especialmente en este, su país más populoso, con más de 17 millones de habitantes.
Con una plataforma anticorrupción, el candidato opositor, el independiente Bernardo Arévalo, ganó las elecciones con un impresionante 58% de los votos contra Sandra Torres, una exprimera dama y veterana política por mérito propio, quien obtuvo 37%.
El actual presidente Alejandro Giammattei felicitó a Arévalo y le auguró una transición ordenada del poder.
La victoria de Arévalo, de 64 años, un candidato enfocado en la lucha contra la corrupción y la violencia y en detener el flujo migratorio a Estados Unidos, es histórica, en un país en donde las tradiciones democráticas siguen siendo endebles.
Su programa – que no es de izquierda – se impuso sobre el de Torres, quien prefería enfocarse en la represión de la violencia alabando las políticas del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Sin embargo existe el interrogante sobre si las fuerzas que se apuntalan en el gobierno desde hace décadas permitirán que se cumpla esta clara voluntad ciudadana.
Existe la posibilidad de que la victoria sea anulada por el grupo en el poder, que en vísperas de los comicios intentó ilegalizar el partido político Movimiento Semilla al que pertenece el ganador.
Detrás del intento está un fiscal que figura en la lista de funcionarios corruptos de la Secretaría de Estado de EE.UU. y que basa su alegato en que un ciudadano manifestó haber sido adherido ilegalmente a Semilla.
Además, pocos días antes de las elecciones, cuando iba muy por detrás en las encuestas de intención de voto, Torres alegó fraude. Al igual que otros como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, lo hizo sin presentar ninguna prueba. Su campaña insinuó que se está preparando para una batalla legal.
Ya en junio, cuando la candidatura de Arévalo surgió aparentemente de la nada al acceder al balotaje después de recibir el 12% de los votos contra 15% de Torres, su presencia había alarmado a los círculos de poder, a las élites económicas y militares.
Anteriormente, tres candidatos opositores habían sido deshabilitados en dudosas circunstancias legales y en un claro intento de abrirle el camino a Torres. Pero solo logró consolidar a las fuerzas opositoras en torno a Arévalo.
La victoria de Arévalo, hijo del primer presidente democráticamente electo de Guatemala Juan José Arévalo (1945-1951), está cargada de simbolismo. Pero de por sí representa un viraje positivo para un país sumido en el anquilosamiento y la injusticia. Constituye una asombrosa reprimenda al establecimiento político conservador en esa nación.
Es una indudable victoria para el pueblo guatemalteco, que con arrojo y decisión acudió a las urnas para afirmar su voluntad de cambio contra un aparato represivo todopoderoso.
Por esa razón, la administración Biden, utilizando la influencia que le confiere ser un fuerte aliado de Guatemala, debe hacer claro a quienes contemplan la alternativa de un golpe que impida la toma de posesión de Arévalo que esa idea es inaceptable. De la misma manera que es inaceptable que nuestro gobierno se alíe una vez más a los de siempre. La democracia y la prevención del caos y la violencia en Guatemala son importantes intereses nacionales de Estados Unidos y los votantes de ese país merecen que se respete su voluntad ciudadana.
