Los intereses del agro impulsan H.R.1603 – la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola de 2021, que podría proporcionar una vía para la legalización y naturalización a trabajadores agrícolas y que aún debe someterse a votación en el Senado.
La moción constituye una solución adecuada a los problemas que enfrenta el agro después de tres años de pandemia, que mostró la fragilidad de la cadena de suministro de alimentos, y la actual ola inflacionaria que subió los precios de los productos agrícolas en 10%.
Adicionalmente, los productores esperan un aumento del 30% o más en los precios pagados por insumos agrícolas en 2022 en comparación con el año pasado.
La principal razón es la escasez de mano de obra en el campo, un problema casi crónico en esta industria y que se alivia cada año con el reclutamiento de trabajadores indocumentados de manera temporaria.
De los aproximadamente tres millones de trabajadores agrícolas, alrededor de la mitad son indocumentados.
Un reciente estudio de Texas A&M International University arrojó que tener más trabajadores migrantes o bajo contratos H-2A se relaciona con una inflación más baja, salarios promedio más altos y un desempleo más bajo.
Ahora, impulsados por el apoyo de centenares de organizaciones del agro y la industria alimenticia, la moción tiene apoyo de ambos partidos.
La autora de la propuesta de ley original es la representante Zoe Lofgren de California.
La Cámara de Representantes la aprobó a principios de 2021 con apoyo bipartidista.
En el Senado sus patrocinadores son el republicano Mike Crapo de Idaho y el demócrata Michael Benne de Colorado.
Su versión ampliaría el programa existente de visas H-2A, creado en 1986, y otorgaría a los trabajadores trabajo durante todo el año y una vía eventual, difícil y condicionada, y que llevaría al menos 10 años de trabajo agrícola, a la residencia legal y la ciudadanía.
En la actualidad las visas H-2A deben ser renovadas después de nueve meses, con un período de espera de tres meses. Esto excluye del programa a las industrias láctea y avícola, por ejemplo, que funcionan durante todo el año.
Parte de la oposición proviene de activistas, que critican que la propuesta no incluya a todos los inmigrantes y temen que debilite el poder de los trabajadores frente a los propietarios de granjas.
Coincido con ellos en que preferimos una reforma migratoria que abarque a todos los indocumentados del país. Pero eso no ha sido posible en los últimos 40 años. Debemos avanzar hacia esa meta por sectores y en donde aparezca la oportunidad.
También están acertados en su temor de que la ley divida a los trabajadores, pero lo consideramos un mal menor comparado con el beneficio a quienes serían legalizados e integrados a la economía del país.
Otra parte de la oposición al programa proviene de los antiinmigrantes de siempre, quienes lo vinculan con la seguridad fronteriza y para quienes esta propuesta no es más que un intento de “amnistía” para los “ilegales”, para usar su lenguaje, que podría ser un antecedente para la legalización similar a otros grupos de indocumentados.
Si bien la H.R. 1603 no es el intento conspirativo que le adjudican, sí podría ser un antecedente para otros grupos de trabajadores, lo cual contrariamente a su predicamento, es algo positivo para nuestro país y nuestra sociedad.
En suma, si bien existen importantes fallas en la legislación, es un punto de partida positivo para los inmigrantes y la economía. Es el inicio de la reforma migratoria.
La ley debe aprobarse antes de fin de año. De lo contrario deberá empezar desde cero en el próximo período legislativo.
