El juez federal Judge Otis D. Wright II declaró la semana pasada inconstitucional bajo la Cuarta Enmienda la práctica del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) conocida como “Knock and Talks” – golpear a la puerta y charlar – por la cual los agentes entran con falsa identidad al patio o porche de una casa donde viven inmigrantes con la pretensión de querer hablar cuando su propósito real es que la persona salga para arrestarla.
El juez Wright fue nombrado en 2006 por el entonces presidente George W. Bush y sirve en el Distrito Central de California.
Knock and Talks es ilegal sin orden judicial
La Cuarta Enmienda de la Constitución establece que: “No se violará el derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, documentos y efectos, contra búsquedas e incautaciones irrazonables”.
Los agentes casi nunca vienen provistos de una orden judicial, sino con una orden de arresto administrativa general, inadecuada para el caso.
Knock and Talks representa al menos el 27% de los arrestos residenciales de ICE.
La decisión emana del caso Kidd v Mayorkas, una demanda colectiva iniciada en abril de 2020 por la Coalición del Inland de Justicia para los Inmigrantes (ICIJ), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y Osny Sorto-Vásquez Kidd. Los representó gratuitamente el bufete de abogados Munger, Tolles & Olson.
Kidd había sido arrestado de esa manera en 2018 y detenido en el campo de procesamiento de ICE de Adelanto durante más de dos meses.
El dictamen es una gran victoria para la privacidad de las familias y contra las prácticas ilegales y engañosas que desde hace años utilizan los agentes migratorios. Subleva especialmente que se identifiquen falsamente como policías y que lleguen a un domicilio familiar armados como si fuesen a la guerra.
La decisión apoya el derecho humano básico para que los inmigrantes se sientan seguros en sus propios hogares y vivan sin constante miedo.
Una victoria que se extendería a todo el país
Por el momento, la orden incluye solamente el área cubierta por la Oficina de ICE en Los Ángeles, que incluye los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo y no todo el estado o el país. Por esa razón, la victoria para los inmigrantes y los derechos civiles en general aún no es completa, ya que en general, las opiniones de los tribunales de distrito no son vinculantes para otros o los de apelaciones. Los defensores también pueden apelar. Sin embargo, es dable esperar que próximamente sea transferida a todas las jurisdicciones de ICE a nivel nacional.
De común acuerdo previo entre los demandantes y la defensa, la corte se abstuvo de decidir en esta ocasión el tema de la falsa identificación como policías por parte de los agentes migratorios.
Además, en lugar de bloquear la práctica por completo, el juez solo le impidió a ICE usarla en este contexto, y en el documento de la decisión específica que dará próximamente un fallo completo.
El juez aclaró que «knock and talks» sí es constitucional cuando viene acompañada de una orden judicial y con el solo propósito de “hablar”. Pero la práctica hecha miles de veces por ICE – generalmente en las primeras horas de la mañana – no lo es.
La decisión del juez Wright no borrará décadas de sufrimiento causado por esta práctica injusta. Pero es un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y la población y la justicia.
