En El Salvador, un marido celoso golpea a su esposa porque cree que lo engaña con el vecino; no pasa nada porque “entre marido y mujer nadie se debe meter”. Un niño pequeño recibe una golpiza atroz en su hogar y de castigo se le encadena a la cama para que no vuelva a escaparse de la escuela, pero tampoco pasa nada porque “están corrigiendo a un bicho malcriado”.
Un joven se roba un paquete de cigarrillos en el súper y es premiado por sus padres porque es “listo”; el padre es más “listo” porque en el negocio estafa a sus clientes cuando les cobra más de lo debido y estafa al Estado cuando evade impuestos.
Un jefe de policía tortura a un joven pandillero, pero “no importa”… es un pandillero al que nadie defiende y el que tiene muchas más “deudas y pecados”.
El general es respetado: en la guerra ordenó masacres y desaparecimientos, pero hoy, convertido en empresario o en diputado – como aquel ex jefe guerrillero- viste un pulcro traje de lujo, asume buenos modales y habla a cada rato de Dios, sin querer hacerse cargo de su tenebroso pasado.
Todo ello es impunidad, crímenes que quedan sin castigo y que se convierten en un carrusel imparable, como en la actualidad ocurre en El Salvador.
Claudia Hernández, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), explica a ContraPunto cómo la impunidad en El Salvador se ha convertido en un fuerte y crónico generador de violencia.
¿Qué es lo que debemos entender por impunidad?
“Por impunidad debemos entender la ausencia de investigación, procesamiento y sanción de aquellas personas que infringen la ley. En El Salvador, así como en muchos países, la impunidad se ha extendido a otros ámbitos, además de lo judicial. Hay impunidad desde la perspectiva social, ante lo cual el infractor no requiere de una sanción penal, pero sí una amonestación ético-moral”.
Hay un énfasis a la impunidad del pasado, enfocada en lo político…
“Sí, en el IDHUCA, de cara a la situación actual, siempre hemos resaltado el tema de la impunidad histórica. Pero antes de enlazar la impunidad histórica y la legal, es importante señalar la impunidad que está arraigada en la cultura, entendida como ciertas normas aceptadas en el comportamiento que sostienen la convivencia social actual”.
¿Cómo podrías especificar más los términos?
“Bueno, por ejemplo en lo social, cuando un hijo queda sin castigo ante cosas mal hechas y esta situación se reitera, se vuelve una malacrianza, por llamarlo de una manera. En el ámbito social tenemos la violencia intrafamiliar, el maltrato hacia las mujeres, hechos aceptados y legitimados porque jamás hay castigo ni sanciones pese a que es incorrecto. Aquí vemos cómo las leyes se van adaptando, pero en la sociedad existe una continuación, un arraigo de esos patrones violentos. Justamente lo que no hay es un mensaje claro a esas conductas… En pocas palabras, se ha asimilado la impunidad en esos ámbitos”.
¿Y en lo político?
“Sí, eso es lo que más observamos: el comportamiento político. Vemos continuamente, por ejemplo, a diputados con comportamientos que rayan con lo ético, y en ocasiones con la ley, pero pese a ello no les aplican sanciones. Claro, los diputados tienen fuero constitucional, pero hay conductas sancionables desde la perspectiva ética. Al no haber sanción, estas actuaciones son prácticamente legitimadas”.
Los hechos pasados…
“En el caso salvadoreño, ha habido ciertas personas y conductas graves que han quedado sin castigo en el imaginario social. Esto ha sido absorbido de alguna manera de generación en generación. Nos hemos referido a los hechos de 1932 (masacre indígena y ascenso de las dictaduras militares). Toda esa historia quedó sin castigo y la historia, hasta cierto punto lo justificó. Ha pasado tanto tiempo y aún se sigue justificando por algunos sectores”.
¿Cómo se aprecia la impunidad en estos hechos?
“Bueno, son formas de legitimar conductas, mensajes e ideas. Además esas ideas tienen graves consecuencias con el tiempo y es justamente lo que estamos viviendo hoy”.
¿A qué se refiere?
“En el pasado reciente pudimos observar delitos como por ejemplo: masacres y ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones. Son delitos contra la humanidad. La sociedad vio como esos delitos se cometieron, pero se ocultaron y se negaron durante la guerra civil. Después de la guerra quedó muy claro que sí sucedieron y aunque fueron reprochables, ¿cuál fue el tratamiento social que se le dio? Se les dio el beneficio de la impunidad a través de una Ley de Amnistía. Con ello esas conductas graves fueron justificadas y siguen siendo justificadas en la actualidad”.
¿Ante ello qué es lo que se debe hacer?
“Como IDHUCA hemos tenido experiencias con los tribunales de justicia restaurativa, en los cuales hemos tenido la oportunidad de contar con peritos que desde la perspectiva social y sicológica hicieron la siguiente reflexión: los delitos de los que antes hablamos: masacres, tortura y desapariciones, las podemos observar en la actualidad. Claro, no son las masacres ni las torturas ni las desapariciones de antes ni por los mismos grupos ni con las mismas motivaciones, pero es el mismo padrón delictivo y de comportamiento. Esas conductas se han replicado por otros y en otros contextos”.
¿Es la réplica de la impunidad del pasado?
“Sí, el problema que aquel capítulo grave –de la guerra civil- se quedó sin sanción y el mensaje nos quedó muy claro. El problema es que la falta de investigación y la falta de voluntad continúan prevaleciendo en la actualidad. Todo esto resulta ser un incentivo para continuar cometiendo este tipo de delitos”.
¿Cuál es la causa de que esta impunidad se continúe reproduciendo y como ponerle paro a esta situación?
“Nosotros reconocemos que en El Salvador hay una capacidad inicial de las instituciones, pero hay debilidades y estas son las que están afectando la eficacia en el combate de estos hechos. Está la debilidad institucional en cuanto a recursos y conducción. En ocasiones la titularidad se debe a intereses políticos y no a la idoneidad de las personas en el cargo; ello ha generado problemas con el tiempo y ha debilitado las instituciones de justicia.
Por otra parte, la capacidad: reconocemos muy buena capacidad de fiscales y policías, pero no tienen capacidad de enfrentar la situación actual desde el punto de vista estratégico. Está también la aplicación selectiva de la justicia, esto se refiere a que no se obra parejamente y se fija en quién es la víctima y quién el victimario. Se es muy duro hacia los sectores populares, se les estigmatiza; pero no hay igual tratamiento hacia el crimen organizado y hacia delitos de cuello blanco o corrupción. En ocasiones según sea el victimario, la justicia suele ser selectiva y eso termina abonando a la impunidad”.
