Gracias a los reporteros del New York Times y otros medios nos enteramos que entre 2018 y pocos días antes de la entrega del poder, personeros de Donald Trump en el departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) pidieron e incautaron los registros de 73 números de teléfono y de 36 direcciones de correo electrónico de rivales políticos – reales e imaginarios – del hoy expresidente.
Se concentraron en medios críticos de Trump como el mismo Times, el Washington Post y CNN, y en legisladores como Adam Schiff y Eric Swalwell, quienes también figuraban en la lista de “enemigos” del expresidente, así como en miembros de su personal e incluso sus familiares.
Adicionalmente y por separado, ordenaron incautar los registros del mismísimo abogado de la Casa Blanca al servicio de Trump, Don McGahn, poco después de que éste rechazara la solicitud de Trump de despedir al entonces fiscal especial Robert Mueller.
Recordemos que Trump exigía repetidamente que se encarcelara a sus opositores políticos durante su mandato. Aparentemente intentó pasar de las palabras a los hechos..
La información confirma que el DOJ a cargo del Fiscal General William Barr y anteriormente, de Jeff Sessions, dejó de ser una institución independiente y pasó a ser un arma al servicio de un mandatario profundamente antidemocrático.
Si bien es común que el Departamento de Justicia intente averiguar quién compartió información clasificada con los medios, lo que ha hecho el DOJ es diferente.
Recopilaron en secreto registros de la prensa y de legisladores demócratas. Ordenaron que las empresas como Apple y Microsoft no informaran a las víctimas del espionaje que los estaban siguiendo. Extendieron esas órdenes anuales tres veces. Impidieron que los ejecutivos y abogados de los medios notificaran a sus redacciones.
Adicionalmente, ya en los últimos días de la previa administración y después de perder en las elecciones, exigieron registros de correo electrónico de Google que pertenecían a los reporteros del Times.
Son acciones cuyo único similar antecedente son las de Richard Nixon que llevaron a su investigación y renuncia en agosto de 1974.
Estas órdenes del DOJ vinieron obligatoriamente de arriba. Ambos exsecretarios de Justicia causaron en su lamentable periplo un daño quizás irreparable al departamento. Y no son creíbles, por caótico que haya sido el gobierno anterior, sus protestas de que no estaban al tanto.
Sin embargo, el conocimiento del caso, la transmisión de las órdenes , la organización del seguimiento, la redacción de las órdenes mordaza, la descodificación de los mensajes, su análisis, estuvieron a cargo de funcionarios y personeros generalmente de carrera.
No puede ser que estos personajes sigan en sus funciones al amparo del secreto y de la protección oficial. Sus acciones pretéritas hicieron que pierdan su credibilidad como agentes al servicio de la nación.
Y las reacciones oficiales hasta ahora son insuficientes. El presidente Biden no se ha expresado oficialmente al respecto, todavía.
Nos notifican que el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, inició una investigación. Bien, pero esto puede llevar meses.
Se requiere al menos que los comités correspondientes del Congreso inicien una investigación abierta y llamen a testificar públicamente a los responsables. Y que los que siguen trabajando en los mismos puestos los pierdan.
Surgen preguntas muy preocupantes respecto a la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. ¿Qué más ha sucedido hasta ahora oculto de los ojos del Congreso y el público? ¿Quiénes más fueron, o son las víctimas? Y ¿por qué esperó el actual secretario de justicia, Merrick Garland, hasta el reporte del New York Times?
Porque, si no hay un cambio de política y todo se reducirá a charlas y un memorándum, ¿qué nos garantiza que esta administración, o una futura, use las mismas tácticas contra opositores y medios de comunicación?
Bien lo describió el actual líder del Senado, Chuck Schumer: Estas son las huellas dactilares de una dictadura, no de una democracia.
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