El 3 de febrero, un tren de carga de Norfolk Southern descarriló en East Palestine, Ohio. Veinte de sus 151 vagones resultaron destruidos. De ellos, 10 transportaban materiales tóxicos.
Como resultado se liberaron a la atmósfera nubes de cloruro de vinilo, un cancerígeno altamente inflamable, así como cloruro de hidrógeno y fosgeno, contaminando un área de varios kilómetros de circunferencia. Otros materiales peligrosos como acrilato de butilo se volcaron a los ríos cercanos, causando la muerte de miles de peces. También se observaron fugas en los desagües pluviales.
Tres días después del accidente, el día 5, se evacuó a sus cinco mil residentes. Sin embargo, el 8 se les dijo que era seguro regresar a sus hogares y lo hicieron . Al volver muchos enfermaron con erupciones en la piel y problemas respiratorios. Los habitantes, desorientados, expresan su temor de que los gases que respiraban y el agua que bebían causarían enfermedades incurables en los próximos años.
Pero para ese entonces, se había formado un extraño frente común dedicado a minimizar el impacto del descarrilamiento.
Este muro de silencio es sostenido por la propietaria y las empresas de transporte, los gobernadores de Ohio y la vecina Pennsylvania, organismos federales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cuyos representantes recién se apersonaron el día 15, y el mismo secretario de Transporte Pete Buttegieg, quien todavía no visitó la zona.
Inicialmente se les dijo a los habitantes que debían beber agua embotellada por precaución, pero al día siguiente, el gobernador dijo que el agua municipal es segura.
Y la Junta de Seguridad de Transportación Nacional (NTSB) indicó casi de inmediato que la razón del accidente fue una falla mecánica en un vagón.
La Agencia de Protección Ambiental de Ohio (EPA) determinó que el nivel de tóxicos, aunque puedan olerse, es menor a lo que se considera peligroso.
Pero los residentes se quejan de falta de información, presencia y apoyo. Afirman que los entes responsables se lavan las manos, diciendo que la respuesta de emergencia ha llegado a su fin. La indignación se manifestó durante una reunión multitudinaria de vecinos, en la que centenares de residentes esperaron sin éxito al representante de la empresa ferroviaria.
El intento de minimizar la situación tiene su raíz en un conflicto laboral que se inició en 2019 entre los 12 sindicatos que representan a 115,000 trabajadores ferroviarios y los transportistas ferroviarios, en el que solicitaban incorporar al contrato laboral días de enfermedad pagados .
Para septiembre, una huelga era probable. En una medida extraordinaria el Congreso, respaldado por el presidente Biden, la prohibió e impuso el acuerdo, a pesar de que más de la mitad de los miembros representados votaron para rechazarlo, en una acción que socavó el proceso de negociación colectiva y el derecho de huelga. Sus representaron advirtieron que sin descanso podrían ocurrir accidentes.
Finalmente, la decisión de regresar a los habitantes fue prematura y apresurada. Es mejor procurarles una vivienda temporaria adecuada mientras se eliminan los peligros. Para ello, Ohio debe declarar un estado de emergencia, lo que permitirá el acceso a los fondos federales necesarios.
Al mismo tiempo, no habrá tranquilidad en la empresa ferroviaria hasta que no se escuchen los reclamos de los 115,000 trabajadores de días de enfermedad, para aliviar la tensión y promover un mejor clima laboral.
Las corporaciones ferroviarias se pueden permitir eso, después de haber obtenido ganancias récord de $22,000 millones y otro tanto en recompras de acciones y dividendos para los accionistas, a tiempo que la cantidad de empleos ferroviarios bajaron de un millón en 1952 a tan solo 150,000 en 2022.
