Una menor de 10 años de edad que debió viajar de un estado a otro para terminar un embarazo resultado de violaciones. La crueldad de las leyes a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eliminar la protección federal del aborto.
Primero los hechos
La violación ocurrió el 12 de mayo, según la policía, que fue notificada oficialmente el 22 de junio. El 6 de julio la niña identificó al violador quien ese día se entregó a la policía, confesando el delito. Un especialista en casos de abuso infantil de Ohio se comunicó con una médica de Indiana para hacer un aborto. La ley de Ohio, que entró en vigor automáticamente después del fallo del Supremo, prohíbe el procedimiento después de las seis semanas de embarazo y solo cuando peligra la vida de la madre. Ya había pasado el límite por tres días. El viaje se realizó y la menor tuvo el procedimiento.
El caso es un ejemplo de leyes basadas en principios religiosos aplicadas sin piedad alguna a una niña violada. Indigna oír los argumentos de hombres que desde la legislatura le ordenan tener un bebé, esperando “que comprenda la razón y, en última instancia, el beneficio de tener el hijo”.
La cobertura de los medios conservadores
Como si esto fuera poco, los medios conservadores primero cuestionan largamente la veracidad del caso. Acusan al presidente Joe Biden de hacer referencia a un hecho que, para ellos, todavía era de dudosa credibilidad.
Cuando fue imposible negar lo ocurrido, la atención de estos medios pasó a justificar sus dudas cuestionando las fechas y desarrollos para luego pasar a su tema favorito: la inmigración.
El drama de la menor ocurrió en un hogar de indocumentados. El violador confeso no estaba legalmente en el país. Gerson Fuentes era el protagonista perfecto en esa narrativa odiosa en la que los hombres sin papeles son inevitablemente delincuentes y violadores.
El crimen es terrible y se hará justicia. Empero, causa indignación cómo se trata de desviar la atención del impacto real de una ley desalmada.
Defender el fundamentalismo por sobre la vida
Los defensores de esta ley dicen que la niña podría haber tenido el proceso recién cuando su vida hubiese estado en peligro. Estiman que si el embarazo seguía su curso podía amenazar su vida y, recién allí, era el momento legal para el aborto. Estaban dispuestos arriesgar la vida de la menor, en vez de hacerlo de la manera más segura.
Poner en peligro la vida de una niña que fue violada parece calmar la conciencia de estos legisladores que se definen cristianos. Ellos cuentan con que el temor a los indocumentados, o cualquier otra excusa, tape la realidad cruel que ocurre en numerosos estados de la Unión.
Se quiere esconder que, en Estados Unidos, un arma de fuego tiene más protecciones que una mujer.
Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia expandieron el derecho federal que protege las armas y destruyeron el que defiende la salud femenina. En muchos estados la prioridad legal la tiene el adolescente para que pueda tener su fusil de asalto por sobre la salud y la protección de una niña violada. El trastoque del sentido común y la confusión de valores es el legado que nos está dejando el Tribunal Supremo. La mayoría conservadora del panel se aleja de la realidad en busca de un pasado legal retorcido. Lo peor es que nos arrastra con ellos en lo que promete ser un largo y amargo camino.
Editorial de La Opinión/El Diario La Prensa de Nueva York
