Uno de los aspectos más importantes en la normalización en nuestro país después de los cuatro años de Trump – en la medida en que ello, a esta altura, es posible – es la inmigración legal.
Pecados de la administración Trump
Durante la administración anterior, la atención pública se centró en barbaridades como la separación de familias que pedían asilo y la desaparición de centenares de sus hijos o su encierro en jaulas. Actualmente, en el auge de cruces de niños que ha superado la capacidad de las autoridades.
Pero no menos drásticos fueron los cambios en la inmigración legal.
En su ideología xenófoba, Trump se dedicó a desmantelar el sistema migratorio nacional.
Esto incluyó triplicar el costo de las distintas solicitudes, limitar las visas de trabajo, cancelar la reunificación familiar, reducir el número de refugiados admitidos, cerrar el país a quienes provienen de ciertos países, promover la proliferación de centros de detención – cárceles con otro nombre –, la política de «permanecer en México» que requería que los solicitantes de asilo esperaran allí el proceso legal y mucho más.
Y por supuesto, la construcción del monumento al narcisismo: el inutil “Muro” fronterizo. .
El plazo para obtener la residencia legal se duplicó, el de ciudadanía subió en 80% y el atraso subió a un millón de pedidos. La aprobación de la Visa U que protege a víctimas de crimen subió de unos pocos meses a cinco años, lo que incumple su propósito.
Las correcciones de Biden
Al llegar, Biden revirtió varias de estas disposiciones. Ahora se definen sus próximos pasos.
El nuevo plan que se está gestando en la secretaría de Seguridad Interna – un borrador obtenido por el New York Times – es prometedor.
Se trata de cambios básicos que no requieren aprobación del Congreso: formularios más breves y simples. Menos exámenes de seguridad innecesarios. Más oportunidades para que los extranjeros puedan reunirse con sus familias. Más posibilidades de obtener visas de trabajo. Expansión de las entrevistas virtuales en lugar de personales. Presentación de documentos en línea. Reducción del papeleo y de otros requisitos administrativos.
Todo esto se suma también a la limitación de arrestos a solo a quienes cruzaron recientemente la frontera o que constituyen una amenaza para la seguridad nacional o pública.
Un pedido presupuestario ya existente busca agregar 100 nuevos jueces de inmigración – recordemos siempre que estos no son realmente jueces sino funcionarios contratados por el departamento de Justicia – y aumentar el acceso a la asistencia legal para niños y familias.
Las puertas se abren a la reforma migratoria
Las puertas para los inmigrantes que vienen a trabajar y contribuir a la prosperidad del país, adecuadamente seleccionados, volverán a abrirse. A la larga, los recién llegados formarán nuevas comunidades, tendrán hijos, podrán naturalizarse y formar, como siempre ha sido en la historia de esta nación, parte del pueblo estadounidense.
Y si bien el programa no es perfecto – por ejemplo continúa el apoyo a policías que ayudan a ICE en tareas de inmigración, algo que debe revertirse – es un vuelco respecto a los años de Trump y merece nuestro apoyo.
La suma de estos cambios y proyectos equivalen a una reforma migratoria – limitada, que no requiere la aprobación del Congreso, una reforma migratoria que no confiere ciudadanía ni legaliza a once millones de indocumentados, pero que avanza y traza ese camino.