Con el advenimiento del COVID-19 y la tensión y el aislamiento que produjo, se catapultaron los problemas de salud mental en la población.
Así, aumentaron los casos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos causados por el uso de sustancias, tendencias suicidas, y entre niños y adolescentes, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Especialmente entre los latinos, quienes experimentaron tasas más altas de muertes.
Al mismo tiempo, la tasa de tratamiento en nuestra gente es baja con respecto al resto de la población.
El resultado es un problema que va creciendo, más latente que manifiesto, y que requiere una solución a nivel nacional para la comunidad latina.
Tenemos un mayor porcentaje de familias sin seguro médico o que no cubre enfermedades mentales, por lo que es insuficiente el acceso a servicios de salud, que de cualquier manera escasean allí donde vive nuestra gente. Y la movilidad de nuestras familias es mayor, lo que va en detrimento de tener un equipo de atención médica permanente.
Para los inmigrantes, la barrera del idioma previene una comunicación fluida con profesionales de la salud, especialmente entre las madres inmigrantes de niños en edad escolar.
Pero quizás el problema más grave es el cultural. Por una parte perciben que el tratamiento de salud mental es innecesario. Y quienes reconocen tener este tipo de problemas sufren del estigma, la discriminación y la humillación.
Por todo eso, los latinos acceden a la atención de la salud mental en aproximadamente la mitad de la tasa de los blancos.
Pero incluso cuando solicitan ayuda, la respuesta médica se basa demasiado en la prescripción de medicamentos psiquiátricos, que los médicos, abrumados por la cantidad de pacientes, y presionados por los representantes de las empresas farmacéuticas, indican en muchos casos después de una breve entrevista. Estas prescripciones aumentaron en casi 40% en el último lustro.
Y después de la receta, no existe suficiente seguimiento y el lapso entre citas hace más difícil un buen tratamiento.
En el Congreso se está debatiendo una legislación bipartidaria para confrontar estos problemas. Deben prestar atención a la problemática específica entre los latinos, para extender y facilitar el acceso a cuidado mental en español, abaratar los costos, financiar servicios de trabajadores sociales en las escuelas, fomentar la educación sobre salud mental en los medios latinos, y mucho más.
El otoño pasado, el presidente del Comité Senatorial de Finanzas, Ron Wyden (D-Ore.) y el miembro de rango Mike Crapo (R-Idaho) emitieron una convocatoria de propuestas para abordar los crecientes desafíos de salud mental y conductual que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado.
Afortunadamente, algunos elementos para la reforma de la salud mental ya se incluyeron en el proyecto de ley de seguridad de armas, junto con un aumento de fondos para programas federales.
Más esperanzador es el trabajo bipartidista en el Senado para una ley específica de salud mental, ya avanzada en la Cámara de Representantes. Esto incluyó en junio el inicio de la discusión sobre salud médica entre menores de edad y el financiamiento de programas de telesalud a través de Medicare y Medicaid (MediCal en California). El Congreso también está trabajando en establecer una paridad de la salud mental y otras enfermedades en las pólizas de las empresas de seguro.
