A fines de junio de 2022, la Suprema Corte promulgó la decisión Bruen, que permitió el acarreo de armas fuera de la casa. Así, invalidó una antigua ley del estado de Nueva York que lo prohibía.
Leyes similares en California, Hawaii, Maryland, Massachusetts y New Jersey también fueron invalidadas.
La ocasión de Clarence Thomas
El juez Clarence Thomas, que escribió la decisión, aprovechó la ocasión para amplificar el alcance del dictamen.
Para Thomas, la Segunda Enmienda a la Constitución, que según la interpretación de 2008 del tribunal permite la tenencia general de armas de fuego, no ha recibido el mismo respeto que otras libertades. Se dedicó a corregirlo.
Envió entonces instrucciones a los jueces con los principios que deben regir en sus decisiones al respecto. Las restricciones a las armas son ilegales, estableció, a menos que sean “congruentes con la tradición histórica de esta Nación”.
Las instrucciones iniciaron una reacción en cadena.
En pocos meses, se han presentado decenas de nuevas demandas contra las restricciones existentes de armas a nivel federal, estatal y local.
Repetidamente los jueces federales les dieron la razón.
Estado tras estado
En Colorado, cancelaron prohibiciones locales de portar armas de asalto. En Delaware detuvieron restricciones sobre posesión y fabricación de armas de fuego imposibles de rastrear. Luego, en Nueva York suspendieron los límites al porte de armas de fuego a campamentos de verano, refugios de violencia doméstica y zoológicos. En Texas dictaminaron que la ley estatal que prohíbe a las personas de 18 a 20 años portar armas en público es inconstitucional. También en Texas, inhabilitaron una ley federal que prohibía que acusados de delitos graves compren armas.
El fallo en el caso Bruen dificulta gravemente los esfuerzos de los estados para frenar la violencia armada. En los hechos, los jueces prefieren la proliferación de armas a la seguridad de la población.
Las decisiones llegan a absurdos que ponen claramente en peligro a posibles víctimas de violencia doméstica, a pasajeros de transporte público, a nuestros hijos en las escuelas.
En los próximos meses, con base a esto, se podrían cancelar más leyes, como restricciones de zonificación que prohíben los campos de tiro, límites a cargadores de alta capacidad, leyes de licencias y capacitación, la prohibición federal de que ciertos delincuentes menores posean armas de fuego y la prohibición de aceleradores de disparos.
Armas de fuego para todos
Lamentablemente, el Tribunal Supremo, ha perdido el amplio respeto que por generaciones le profesaban los estadounidenses.
Solo el 40% de la población estima que hace un buen trabajo, contra 65% 10 años atrás.
Ese respeto estaba basado en que los jueces eran supuestamente imparciales espectadores, expertos árbitros en la interpretación de la ley. Que reflejaban el sentir popular y que respetaban los precedentes judiciales existentes.
Esa evidencia no existe más.
Pareciera que ahora el Poder Judicial está encabezado por políticos partidistas y que en su nuevo término – inició el 3 de octubre – seguirá por esta senda.
Quienes ganan con ello son los fabricantes de armas, el ejército de políticos y activistas que los protegen, los chillones que se dedican a buscar el poder y contaminar el país con el odio, y sí, los criminales. Todos nosotros perdemos.
