Desde el inicio de su presidencia, Andrés Manuel López Obrador -AMLO- estableció como objetivo una visión de México diferente, enfocada en lo que describió como soluciones de fondo a los problemas de la pobreza, desigualdad, justicia y corrupción, a través de una serie de proyectos individuales de envergadura. Sí, como Cárdenas, como López Mateos.
Los proyectos históricos
Su proyecto de nación prioriza a los sectores más marginados, para emprender un desarrollo controlado, uniforme y real.
Son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Texcoco; la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, junto con la rehabilitación de seis refinerías existentes, y especialmente, el Tren Maya.
Fue notoria por lo estrecha y sorprendente la relación de López Obrador con Donald Trump, al punto que postergó su reconocimiento al gobierno de Biden. Pero en la actualidad, sus megaproyectos se alinean con el deseo de la actual Casa Blanca de fomentar el desarrollo económico en México para controlar las causas de la migración, tal como lo expresó repetidamente la vicepresidenta Kamala Harris. Recordemos que Harris usó su primera visita al exterior, a Guatemala, para difundir un mensaje a los emigrantes: «Do not come. Do not come».
Contó López Obrador con su elección con el apoyo de gran parte de la sociedad mexicana y de medios que, como este, reflejan la vivencia de la diáspora mexicana en Estados Unidos.
Ni paz ni justicia
Uno de los pilares de su ideario con los que explica sus decisiones es que no puede haber paz sin justicia. Es cierto. Pero tampoco puede haber justicia en el caos, la violencia y la impunidad.
Después de dos años y medio de gobierno de López Obrador, es necesario evaluar la actuación del gobierno federal mexicano frente a la violencia desbordada de los cárteles, que ahora devino en terrorismo.
A comienzos de su sexenio, AMLO declaró el fin de la guerra contra el narco, optando por el lema de “abrazos y no balazos”. Pero frente a los asesinatos a mansalva y la creciente capacidad de fuego de los criminales, esta estrategia tambalea. Deja de ser atractiva.
La cifra de muertos por la violencia que desestabiliza al país vecino sigue siendo crítica, entre asesinatos, secuestros, extorsiones, feminicidios, violaciones y trata de personas. Es que contrariamente a lo anunciado por el presidente mexicano, la guerra no ha terminado. Y no terminará hasta que o bien uno de los lados venza, o el desgaste causado sin llegar a un desenlace obligue a las partes a un acuerdo. Por lo menos así es generalmente.
En cuestión de días, en Zacatecas mataron a siete personas y colgaron los cuerpos de dos policías. En Morelos una persona fue asesinada en un bar. Y así sucesivamente, estado por estado.
Y en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con Texas, perdieron la vida al menos 19 personas a manos de un convoy armado que iba por los vecindarios asesinando civiles.
Las ejecuciones, que se atribuyen al Cartel del Golfo, conmocionan por la saña con la que fueron cometidas a plena luz del día, impunemente, con armas del Ejército y con el único objetivo de sembrar el terror.
Fue un delito de lesa humanidad cuya meta fue fomentar la desestabilización social.
Mensaje ambiguo y fluctuante
Frente a la violencia, parecería que los funcionarios del presente gobierno están más enfrascados en continuar con el cumplimiento de las tareas grandiosas de la Cuarta Transformación que en esta crisis que sigue angustiando a la población. Y que el mensaje proveniente de la presidencia es ambiguo y fluctuante y encubre las fallas estructurales de la sociedad mexicana.
Estas seguirán aflorando y si no se confrontan se extenderán aún más. No por no mirar los actos de horror estos desaparecerán. Ya lo probaron administraciones anteriores.
Y al respecto de estas últimas, si bien la oposición política culpa al actual presidente del recrudecimiento de la violencia, cuando estaban en el poder, tampoco pudieron sobreponerse al proceso de crecimiento del poder militar, económico y político de los más violentos cárteles – en la medida en que realmente lo intentaron.
Porque además, hace más complejo el que la violencia arrecia más en estados gobernados por la ahora oposición: Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, con un estilo más autoritario y preservando las viejas prácticas (también Sinaloa está en la lista).
La guerra contra el narco, que declaró en 2008 Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, derivó en 200,000 a 250,000 muertes, devastación de poblaciones enteras, incremento de la emigración a Estados Unidos y la inestabilidad crónica del país. De modo que carece de credibilidad la crítica de quienes apoyaron el modelo neoliberal por muchos años sin preocuparse por sus consecuencias.
Descargo de responsabilidades
Y sin embargo, inquieta lo que parece la actitud reacia del gobierno a reconocer la inmediata urgencia del problema. El descargo de responsabilidades entre autoridades federales y estatales. El que en lugar de buscar la solución en las propuestas con las que llegó a la presidencia, confía cada vez más en la injerencia de las fuerzas armadas en el conflicto interno como panacea.
Este último punto merece explicación. En el pasado, hasta ser elegido, López Obrador decía que devolvería el ejército a los cuarteles “en seis meses”. Ahora, no solo incrementó la participación castrense en los asuntos civiles, sino que resguardó el presupuesto militar en medio de su política de austeridad.
Recordemos que desde hace años, organizaciones internacionales de derechos humanos están denunciando que las fuerzas armadas mexicanas cometen excesos tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Ejecuciones, asesinatos
De la misma manera, las desapariciones no se han detenido. Más de 37,800 personas desaparecieron desde enero de 2018, de las cuales 16,000 siguen sin encontrar.
Que los números de la violencia sigan siendo espantosamente altos señala la impunidad, la complicidad de los gobiernos y la corrupción de los sistemas de justicia.
Escribe Dawn Paley en The Nation: «Los homicidios han continuado a un ritmo aterrador. En 2019 y 2020, hubo 71,072 asesinatos en México, lo que marca dos de los años más violentos en décadas. Un recuento basado en informes noticiosos encontró que había habido 533 masacres (asesinatos de al menos tres personas) en México durante los primeros nueve meses de 2020… la mayoría de las masacres no logran convertirse en noticias internacionales y solo tienen una breve aparición en el ciclo de noticias nacionales».
Y según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2011 han muerto asesinadas un promedio casi tres personas al día.
La violencia no se queda en las poblaciones, o entre los narcos, o siquiera entre ellos y las fuerzas militarizadas. En los siete meses previos a las elecciones del 6 de junio, 102 políticos fueron asesinados, incluyendo 15 mujeres, entre ellos 36 candidatos, de un total de 1,066 agresiones ataques. Y si bien es un descenso considerable de 32% comparado con los 152 asesinatos en el proceso electoral de 2018, la cifra espanta, especialmente porque contradice toda pretensión de normalidad que se quiera proyectar hacia el exterior. Especialmente porque el 75% de las víctimas son opositores a los gobiernos estatales que desafían.
Urge la reacción
Sí, AMLO debe socavar la base social del crimen. La inserción cultural de la corrupción. La violencia como modo preferido de solución de conflictos. La pobreza y la cesantía como motores de inestabilidad.
Pero para unir al país detrás del objetivo común de la pacificación, el gobierno federal de México debe enviar a las organizaciones delictivas una clara señal de que sus crímenes contra la humanidad son inaceptables y serán castigados de manera contundente e inmediata. La población no puede quedar desprotegida.
López Obrador: los abrazos no son suficientes.
