El departamento de Justicia anunció el martes que había llegado a un acuerdo de culpabilidad con Hunter Biden después de una investigación que duró cinco años. Biden se declara culpable de dos delitos menores (misdemeanor) por no haber pagado sus impuestos y también de haber mentido al comprar un arma de fuego y declarar falsamente que no era entonces adicto a las drogas.
Este último delito es una felonía, pero el cargo será desestimado si completa un período de prueba de dos años.
En circunstancias normales el hecho ni siquiera aparecería en las noticias.
Pero Hunter Biden es el hijo del presidente y eso es suficiente para que su desgracia se convierta en una oportunidad de oro para que la oposición política lo utilice como arma contra su padre.
Esto se manifiesta en las declaraciones del expresidente Trump, quien ya ha prometido que de ser reelecto en noviembre de 2024 “desmantelará la familia del crimen Biden”, entre otras muchas amenazas.
Pero más allá, es llamativa la reacción de los republicanos de la Cámara Baja, quienes están criticando el acuerdo de culpabilidad como prueba de un doble estándar de aplicación de la ley federal. Para ellos, Hunter Biden cometió crímenes capitales, pero no dicen cuáles. Amenazan que continuará su investigación que ya tiene meses cuyo único propósito es descubrir un nexo criminal entre Hunter y Joe Biden, cosa que ni ellos ni cinco años de investigación federal han revelado. Y anuncian que están ampliando su “investigación” para incluir a otros miembros de la familia.
En virtud de su mayoría en la Cámara, tienen poderes de citación de testigos y de entrega de documentación que luego pueden hacer pública. Una prueba más de que su salud mental tambalea, junto con el aluvión de juicios políticos que están iniciando y que incluirá entre otros, además de a Biden, al secretario de Seguridad Interna y al director del FBI.
Sus representantes alegan poseer “creciente evidencia descubierta por el Comité de Supervisión de la Cámara que revela que los Biden se involucraron en un patrón de corrupción, tráfico de influencias y posiblemente soborno”, aunque se niegan a publicar la “evidencia” o los datos. Dicen que por ahí tienen un testigo, pero que este teme que si presenta su testimonio (los Biden) lo van a matar y que por eso nada se ha hecho público.
Anuncian que “los republicanos de la Cámara no descansarán hasta que se exponga toda la corrupción ilegal de la familia criminal Biden”.
La investigación de Biden hijo fue supervisada por el fiscal federal de Delaware, designado por Trump y a quien se le permitió permanecer en su cargo para completar la investigación del hijo del presidente.
Hunter Biden no es un niño inocente, sino un hombre de negocios que, por propia confesión, engañó al fisco y un ex drogadicto. Pero Hunter no es el presidente. Joe Biden no está acusado de nada, fuera de ser el padre.
Y aunque lo fuera, la gravedad de los hechos imputados difiere totalmente. De un lado, un hijo que no pagó impuestos. Del otro, un expresidente que intentó dar un golpe de estado para quedar en el poder, que está bajo investigación por sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020, que sustrajo ilegalmente documentos secretos de la Casa Blanca y se rehusó a entregarlos, por lo que ha sido acusado de 37 cargos federales contra Trump, incluidos varios relacionados con la Ley contra el Espionaje.
Sus problemas legales también incluyen acusaciones de que sobornó a una estrella porno para prevenir que se difunda su relación, y recientemente se le ordenó pagar millones de dólares a una escritora luego de ser declarado responsable de abusarla sexualmente. Todo esto y más, por si fuera necesario recordarlo.
No hay comparación, por más altisonantes y amenazadoras que sean las declaraciones de sus aliados en el Congreso.
Pero esas declaraciones y bravuconadas de seguir hostigando a Hunter Biden son un lastimero testimonio de la relación quebrada entre los dos principales partidos y de las dificultades para que cooperen en aras del bien del país, dificultades que crecen a medida que nos acercamos a la temporada electoral. Es una lástima por el país, que confronta una parálisis política prolongada y sin salida. Y por los conservadores, que en realidad ya no tienen un partido.
