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En esta guerra no hay un campo de refugiados donde [los niños] puedan crecer lejos de las balas ni conservar intactos sus sueños, dice Marcela Turati en su libro Fuego Cruzado, la historia de las otras víctimas del Narcotráfico.
A veces, después de haber leído la cifra del día y la cantidad de calamidades que ocurren a diario en México, no puedo evitar preguntarme qué autores leerá Felipe Calderón, en quién se inspirará para tener una visión tan equivocada del país y de nosotros, los mexicanos.
Qué infamia de persona le metió en la cabeza que hacer una guerra sin resolverle a la población sus necesidades más básicas: salud, empleo, educación, sin resolver el menos de 1% de penalización de delitos que tiene como vergonzoso record el sistema de impartición de justicia en este país, por ejemplo.
Y sobre todo, ¿cómo se le ocurrió empezar un conflicto armado sin un plan de contingencia para la población civil, sin refugios para poblaciones afectadas o amenazadas?
¿Qué tipo de persona será Felipe Calderón para sentir tanto desdén hacía el pueblo que gobierna, como para ignorar el dolor más profundo e intolerable que puede sufrir el ser humano como es la pérdida de un hijo?
Lo hizo con los padres de los 49 nenes que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. También lo hizo frente a los padres desesperados porque sus hijos, a pesar de haber tenido la suerte de estar con vida, tendrán que padecer las secuelas de los daños por quemaduras y afectaciones pulmonares, sin la debida atención médica.
A casi dos años de la tragedia de Guarderías ABC y cuatro de haber iniciado la guerra contra el narco, a los 49 niños a quienes se les ha interrumpido abrupta y cruelmente su derecho a vivir, se han sumado más de 1.000.
Un reporte elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), finalmente ha captado la atención de las Naciones Unidas.
El pasado 4 de Febrero, el Comité para los Derechos del Niño de la ONU expresó su preocupación ante los más de 1.000 niños muertos en México, desde el inicio de la Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente Calderón, mejor conocida como la Guerra contra el Narco.
Una pregunta clave para el gobierno mexicano y una preocupación más del Comité de la ONU: ¿Cuántos niños participan en grupos armados no gubernamentales?
Según CNN:
La delegación mexicana que compareció ante ese comité, liderada por el subsecretario Felipe de J. Zamora Castro, de la Secretaría de Gobernación, y por Cecilia Landerreche Gómez Morín, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dijo que no contaba con datos sobre la participación de menores en grupos delictivos o armados”.
El Gobierno Federal tendría esta información si alguna entidad de su entramada y redundante burocracia se preocupara por realizar el trabajo que tan prolijamente ha hecho REDIM. La Red calcula que unos 30.000 menores de edad se encuentran involcrados con grupos delictivos .
¿Por qué el gobierno mexicano no cuenta con esos datos? Y más aún, ¿por qué no ha hecho nada por blindar a la infancia de los grupos delictivos y de la violencia generada por esta Guerra vs el Narco? ¿Por qué no se está protegiendo a la población y sobre todo a los niños?
Este importantísimo documento que pueden leer completo y en forma gratuita en http://www.derechosinfancia.org.mx/ , se titula:
INFANCIA Y CONFLICTO ARMADO EN MEXICO
INFORME ALTERNATIVO SOBRE EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS.
El reporte, además de aportar datos realiza varias preguntas cruciales para aclarar el innominado pandemonio que vivimos actualmente en México:
“En México no se reconoce la existencia de una guerra, pero frecuentemente los gobernantes la usan en sus discursos; sin embargo, es necesario reflexionar sobre ello.
¿Cómo se define la violencia que vive el país? ¿Cómo se encuentra un camino de salida que fortalezca la institucionalidad?
¿Cómo prevenimos que la infancia se vea afectada en esta confrontación? ¿Cómo atendemos y reparamos el daño de las víctimas?”
El reporte consta de tres grande apartados y un cuadro de recomendaciones finales. En el primer capítulo se explica el marco legal, cómo funciona en la práctica legal la aplicación de los protocolos internacionales, y donde se acomoda en términos de jerarquía su obligatoriedad.
A la vez, se comenta las lagunas y deficiencias de nuestro sistema jurídico que hacen, si no imposible, muy complejo el cumplimiento de lo dispuesto por un Tratado, Convenio o Protocolo Internacional.
El segundo capítulo es sumamente interesante, ya que devela un aspecto del que muy poco se habla, los procesos de reclutamiento voluntario y obligatorio de niños y niñas en las fuerzas armadas del país. Sobra decir que este aspecto merece varias de las recomendaciones más urgentes a ser implementadas como lo es la “necesidad de incrementar la edad de alistamiento voluntario a los 18 años y la urgencia de establecer claramente que niños y niñas menores de 18 años no deben participar en las hostilidades.
Un dato importantísimo a propósito de estas practicas militares:
El Código de Justicia Militar es anterior a las Convenciones de Ginebra, por lo que sus “disposiciones son muy pobres respecto a los crímenes de guerra y no contemplan el reclutamiento de niños y niñas por parte de las fuerzas armadas ni por parte de grupos armados. Además, ni el Código Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan estas conductas”.
El tercer capítulo describe la lucha contra la delincuencia organizada lanzada por Felipe Calderón, sus consecuencias, sus números de muertos, detenidos y las tristes cifras con las que se pone de manifiesto que este problema de narco-delincuencia, es uno que tal vez nos cueste una generación entera de mexicanos en resolver. Por ejemplo respecto al número no oficial de menores de edad que se encuentran ligados a los grupos delictivos (tres citas importantes):
“Cifras de la academia hablan de unos 30.000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (desde tráfico de droga, hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.)”
“Según expertos, existen en el país 17 estados que están viviendo un proceso de “somalización”, donde hay porciones territoriales de ingobernabilidad, donde la autoridad está relativamente ausente. Se calculan 780 focos de ingobernabilidad en el país”. (entrevista al Profesor E. Buscaglia)
“Las figuras que representan la dimensión ética de la sociedad se encuentran deterioradas y no hay una correspondencia entre los valores éticos y el reconocimiento social, en los ojos de muchos niños y niñas no hay diferencia cualitativa entre el policía y el narcotraficante.” (entrevista a Prof. JM Valenzuela).
Pero también apunta un aspecto que vemos con frecuencia en el manejo de la información cuando los menores entran en la ecuación de la violencia del Narco, ya sea como víctimas o como “sujetos” al servicio de los delincuentes: los derechos de los niños son sistemáticamente violados, por ejemplo en la impunidad que sigue al asesinato de un menor, pues nunca se investiga y de antemano existe una morbosa tendencia a ligarlos em el contexto criminal de una u otra forma, e ignorar su calidad de víctima inocente.
“La actuación del Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se ha visto superada por el impacto que este conflicto tiene en la vida social. En algunos casos, su actuación frente a los niños y niñas víctimas de agresiones ha resultado contraria a los derechos de la infancia”
También cuando el menor es detenido tenemos claros ejemplos de cómo se viola su derecho a la privacidad, pues hemos visto los rostros “asesinos” de niños de doce años, condenados a priori por los medios y expuestos sin protección legal a declarar públicamente su culpabilidad.
“Actualmente, no existe información oficial y pública para conocer el número de niños y niñas detenidos, heridos y asesinados en la lucha contra el delito organizado. Los medios de comunicación y organizaciones sociales nos aproximamos a los datos con conteos hemero-gráficos, que sólo pueden ofrecer tendencias de la violencia contra la niñez mexicana”.
“El periódico Reforma, en sus investigaciones sobre el mismo tema, y citando fuentes de la Procuraduría General de la República, afirma que el número total de niños y niñas detenidos en operativos federales contra la delincuencia organizada desde diciembre 2006 hasta abril 2010 es de 3.664”.
Hay un tema que considero muy importante no olvidar:
¿Qué hay de los huérfanos de esta guerra? ¿Dónde están los programas que garantizan que estos niños y niñas, tendrán techo, comida, atención médica y psicológica y educación, por lo menos hasta cumplir la mayoría de edad? ¿A dónde o a quién recurren estos niños y niñas para asegurar su supervivencia? Cada huérfano, sin cuidados, ni atención ni asistencia social, es un criminal en formación, y no por motu propio, o por designación divina, ni por generación espontánea, sino como un resultado directo de la crueldad de las circunstancias en los que esta guerra y el cinismo lacerante de este gobierno, los han empujado.
Cuadro de Recomendaciones del Reporte Infancia y Conflicto Armado en México (REDIM Febrero, 2011):
- Prohibir explícitamente por ley el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de las fuerzas armadas y el reclutamiento forzado y voluntario de niños y niñas menores de 18 años por parte de los grupos armados.
- Reformar el artículo 133 de la Constitución en el sentido de conferir a los tratados de derechos humanos y derechos internacional humanitario el mismo rango que la Constitución.
- Establecer la jurisdicción extraterritorial de los autores de los delitos identificados en el Protocolo cuando el autor o la víctima sea ciudadano del Estado Parte o esté vinculado de otro modo a él;
- Brindar condiciones de retorno y reubicación de los desplazados forzosos. Así como la atención especializada a niños y niñas que sufrieron ante estos acontecimientos”
- Proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas (y que no estén considerados en una legislación especial, como es el caso de la Ley de Amnistía);
- Aumentar la edad de reclutamiento voluntario en el ejército hasta los 18 años de edad, sin permitir excepción alguna;
- Prohibir expresamente y tipificar como delito, mediante una reforma del Código Penal Federal, las violaciones de las disposiciones del Protocolo Facultativo relativas al reclutamiento de niños y niñas y su participación en las hostilidades;
- Disponer explícitamente que el personal militar no debe participar en ninguna acción que viole los derechos enunciados en el Protocolo Facultativo, independientemente de cualquier orden militar que se dicte en ese sentido.
- Velar por que los niños y las niñas que estudien en escuelas militares reciban una enseñanza acorde con los artículos 28, 29, y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta su Observación General No. 1 (2001), sobre los propósitos de la educación. En particular, debe impartirse formación sobre los derechos humanos, y deben enseñarse las disposiciones del Protocolo;
- Establecer que los alumnos que estudia en las escuelas militares y que tienen menos de 18 años tengan estatus civil y no militar, hasta el cumplimiento de su décimo octavo año de edad;
- Garantizar que los alumnos que estudian en las escuelas militares y que tienen menos de 18 años, en caso de violación de ley, sean juzgados en el fuero civil y no en el fuero de guerra y que se les apliquen las disposiciones y las garantías del sistema de justicia para adolescentes. Además, velar que los alumnos en conflicto con la ley sean tratados con arreglo a las normas consagradas en la Convención (artículos 37 y 40) e ilustradas en la Observación general No. 10 del Comité sobre “Los derechos del niño en la justicia de menores”;
- Prohibir oficialmente el castigo corporal, teniendo en cuenta la Observación general No 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes.
- Poner al alcance de niños y niñas que asisten a las escuelas militares un mecanismo independiente de denuncia e investigación.
- Mejorar la transparencia del sistema de recolección y análisis de datos sobre reclutamiento voluntario, obligatorio y escuelas militares y garantizar el acceso a esos datos por parte de todos los ciudadanos interesados.
- Atender integralmente a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal en material de seguridad, ejército, combate al crimen organizado y fuero militar, y en particular: Investigar sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, someter a la justicia a sus autores, indemnizar a las víctimas y adoptar todas las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- Reexaminar el Código de Justicia Militar con miras a extender la jurisdicción de las cortes civiles a casos de violación de los derechos humanos cometidas por militares, a fin de cumplir en mayor medida las obligaciones internacionales de derechos humanos;
- Procurar que se esclarezcan plenamente los asesinatos de niños y niñas, que se sometan a la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no hubieran realizado las investigaciones debidas;
- Crear un gabinete de prevención social, formado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, federal para la parte estratégica, y estatal para la parte operativa, involucrando a nivel estatal y municipal las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan el tema de la prevención de la violencia juvenil;
- Tomar medidas para la investigación y condena de las empresas involucradas en el lavado de dinero proveniente de las organizaciones criminales;
- Crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia a nivel federal, para investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta la Observación General No 2 del Comité (2002) sobre “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”;
- Buscar asistencia técnica de la ONU y otras organizaciones internacionales que le puedan brindar asesoría y apoyo técnico para el diseño y la implementación de los programas de prevención:
- Elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre niños y niñas menores de 18 años, víctimas o autores de delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, desglosados por sexo, edad, Estado, municipio;
- Velar por que las dependencias gubernamentales otorguen información clara y oportuna en materia de lucha contra la delincuencia organizada a todos los ciudadanos interesados, y que estos documentos se presenten en su nivel máximo de desagregación.
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