Que comiencen un movimiento para dividir en dos al estado de Arizona quizá carezca de mayor importancia, en función de las probabilidades que tienen sus promotores de conseguirlo. De hecho, provoca risa. Pero que den a conocer formalmente ese intento y expliquen su porqué tiene un enorme significado. Y casi seguramente va a ser mayor en el futuro.
La idea es separar al Condado Pima y constituirlo en el estado número 51 de la Unión Americana, el cual llevaría por nombre Baja Arizona con Tucson como capital.
Para quienes no conocen la geografía y la división política arizonense, va la siguiente explicación: El Condado Pima está ubicado en la parte sur central del estado y colinda con México. Tiene una extensión total de 23,792 kilómetros cuadrados y una población, según el reciente Censo 2010, de 980,263 habitantes, de los cuales una mayoría viven en el área metropolitana de Tucson, la segunda ciudad del estado, después de Phoenix la capital.
El condado lleva el nombre de la etnia pima, que habitó la zona sur de Arizona y el norte de Sonora y ocupa buena parte del antiguo territorio mexicano de La Mesilla, que fue comprado por Estados Unidos a México en 1853.
Todo lo anterior determina que la región posea una marcada influencia mexicana un tanto por razones históricas, otro poco por motivos de vecindad y un mucho por la interdependencia social y económica que mantiene con el país vecino; la interacción múltiple entre esa región y la parte norte sonorense es de 365 días al año y de 24 horas diarias y la actividad comercial y dinamismo económico de Tucson y Nogales (un vecino muy cercano, aunque no está ubicado dentro del Condado Pima) dependen en buena medida de los visitantes y compradores mexicanos.
Por esas razones el Condado Pima es muchos menos anglosajón que el resto del estado -con excepción de los condados Santa Cruz, Cochise y Yuma, que también comparten frontera con México- y esa diferencia es notable en la actitud de sus habitantes en todos los órdenes, especialmente el sociopolítico.
Pima lanza un SOS
Los abogados de Tucson Paul Eckerstrom, Peter Hormel y David Euchner dieron a conocer una iniciativa a comienzos del pasado febrero a la que llaman SOS “Start Our State” (que podríamos traducir como “Iniciando nuestro estado”) y el cual pretende “crear el estado 51 en el sur de Arizona”. Luego mencionan algunos datos:
“Con una población de 1,020,200 (un estimado de la oficina de Censos hecho en 2009), el Condado Pima tiene más habitantes que Montana, Delaware, North Dakota, South Dakota, Alaska, Vermont y Wyoming”.
Después agregan: con una área de 9,189 millas cuadradas, Pima es más grande que Vermont, New Hampshire, New Jersey, Connecticut, Delaware y Rhode Island”.
Luego pasan de los datos demográficos a los históricos y afirman que existe el precedente de una porción de Massachusetts que en 1820 decidió separarse, formó el estado de Maine y fue admitido en la Unión Americana como el estado número 23.
Pero lo más significante de su exposición de motivos viene a ser esto:
La misión de su iniciativa es “establecer un estado libre de las maquinaciones antiamericanas y anticonstitucionales de la Legislatura de Arizona y restaurar la credibilidad de nuestra región como un lugar que dé la bienvenida a todos, abierto al comercio y amigable con sus vecinos”.
Pima –y más concretamente Tucson- históricamente ha sido rival de Phoenix y su zona metropolitana, especialmente en deportes, educación y cultura. Y en las tres cosas Tucson siempre ha sido superior. Pero políticamente Phoenix jamás ha permitido que Tucson –y el resto del estado- se inmiscuyan y estorben en sus decisiones. La Legislatura estatal se mueve al ritmo que le tocan los políticos de Phoenix y su zona urbana.
Y aunque pocas veces se manifiesta públicamente la inconformidad que esto produce, bien se sabe de su existencia y lo que ha acontecido en los últimos años parece estar provocando que esa actitud cambie.
La aprobación de la ley SB1070, la pieza legislativa estatal más agresiva e insensible en toda la historia de la Unión puso a Arizona en labios del mundo entero, en tono de reproche y acusación.
Ver por el agujero
Pero la 1070 fue solamente un hoyo que le permitió al mundo asomarse al interior del estado y darse cuenta que esa ley es apenas una de muchas medidas que han creado políticos con indiscutible actitud de maniáticos como Russell Pearce, y de acciones “de aplicación de la ley” que agentes de policía adictos a los reflectores y las cámaras de TV como el sheriff Joe Arpaio han venido cometiendo desde hace lustros.
Dentro de poco tiempo, el mundo se enterará de una nueva legislación –conocida como “ley ómnibus”- que está horneando esta camarilla y que va a dejar chiquita a la 1070. Se trata de una propuesta en paquete de leyes que endurecen aún más los dictados de la 1070 y además niegan la ciudadanía a hijos de indocumentados, convierten en “informantes” del servicio de inmigración a empleados de escuelas y hospitales, prohiben rentar viviendas a indocumentados, así como la venta de vehículos a indocumentados y facultan a la policía para no solamente detener a quienes manejen sin licencia y documentos de inmigración sino para decomisar el vehículo. Si todo esto llega a aprobarse y la gobernadora Brewer lo promulga, Arizona ya no será un infierno para los inmigrantes, será peor.
Si para el mundo Arizona es el lugar más intolerante, para muchos arizonenses tal cosa no es una novedad. Basta recordar que en 1988 otro gobernador de Arizona, Evan Mecham –republicano, por supuesto, y que de varias formas dio muestras de ser un extraviado- anuló el día conmemorativo en honor de Martin Luther King y provocó un alud de represalias y boicots, incluyendo el del Súper Tazón de futbol americano de 1989.
Mecham, Pearce, Arpaio, la gobernadora Brewer y todos los responsables de la mala fama de Arizona pertenecen a la mafia política de Phoenix y sus suburbios. Ninguno es del sur, del norte, del este o del oeste del estado. Todos le deben su puesto político a los votantes del área central donde se ubica la capital del estado y sus suburbios. Esos políticos y esos electores son los que deciden por el resto de los arizonenes, aunque éstos piensen distinto y anhelen otras cosas. Eso de alguna manera y en algún momento tendrá que corregirse.
Y quizás en estos momentos nadie sabe cómo habrá de lograrse. No están dadas las condiciones para que eso suceda, pero se están gestando. SOS no va a llegar a ninguna parte. Baja Arizona no será otro estado porque para ello no sólo se necesita la iniciativa de un grupo de personas sino movimientos sociales y políticos que no se darán. Pero esta iniciativa que se ve destinada a no lograr nada y que parece ser una chistosada está plantando una semilla cuyos frutos ya no tendrán el sabor del odio.
