Lamento decirlo, pero no tenemos escapatoria. Tarde o temprano, otro grupo de niños, adolescentes o adultos estadounidenses serán víctimas de un nuevo tiroteo. Y, al igual que ahora tras la matanza en una escuela en Uvalde, Texas, lloraremos, nos enojaremos y quedaremos indignados ante la impotencia de no haber hecho algo antes.
Pero luego de unos días o unas semanas volveremos a la “normalidad”. No lo olvidaremos, pero como ha sucedido en innumerables ocasiones, no podremos hacer lo suficiente para cambiar nuestro trágico destino ante las armas.
Después de haber leído otras opiniones en las que se culpa la apatía de los ciudadanos por no votar; a los políticos por no proponer leyes más severas que restrinjan el acceso a las armas; a los partidos, principalmente al Republicano, por siempre oponerse a leyes que hagan más difícil la obtención de armas a menores de 21 años, incluso a aquellas personas con problemas mentales, concluyo que estamos luchando una batalla equivocada.
Considero que uno de los mayores responsables del poder del que ahora gozan las corporaciones es la Suprema Corte de Justicia.
Sí, ese organismo supremo que supuestamente está para garantizar la justicia y el buen vivir de la mayoría de los estadounidenses es el responsable del porqué ahora la sociedad vive sumisa y sometida a las decisiones del poder corporativo, del poder de unos cuantos, que con sus millones de dólares garantizan que sus intereses no sean tocados, a costa de lo que sea.
No importa si en 2012 dos docenas de niños fueron asesinados o si diez años más tarde se repite la historia, dejando a una sociedad sumida en el dolor, sin mucho que hacer ante el poder hegemónico que ejercen las corporaciones sobre la clase política.
En 2010, en el caso Citizens United vs FEC, la Suprema Corte de Justicia decidió que las corporaciones tienen los mismos derechos que los ciudadanos. De esa forma permitía que a través de Super Pacs, las corporaciones financiaran campañas y compraran políticos con cantidades de dinero que difícilmente los ciudadanos podían equiparar.
Es por eso que, en la mayoría de los casos, los políticos no hacen nada contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés) y sus aliados, porque con su dinero puede quitar y poner funcionarios a su antojo, sin que la ciudadanía pueda decir algo.
No se puede explicar el porqué desde 2012, tras la tragedia en Sandy Hook, no haya leyes suficientes o simplemente una modificación a la Primera Enmienda de la Constitución — la que garantiza la libertad de expresión— donde se anexe que las corporaciones no son ciudadanos. No son personas. Si no hacemos esos cambios para que los políticos luchen y representen al pueblo mismo, seguirán representando más a los intereses de las corporaciones, que luchan por ganancias y no por el bienestar de la gente.
La decisión de la Suprema Corte es la que ha impedido que los ciudadanos estadounidenses puedan tener un seguro médico para todos; una educación superior donde los estudiantes no tengan que empeñar su futuro para poder obtener un título universitario y, por supuesto, impidió que se promulgaran leyes que restrinjan y regulen mejor el acceso a las armas de los estadounidenses para evitar una tragedia como la sucedida en la primaria de Uvalde, Texas.
En 2010, al publicarse el fallo Citizens United vs FEC , algunos expertos dijeron que la decisión había sido un ataque a la democracia. A muchos les pareció exagerado.
No obstante, este caso puede ser un gran ejemplo de ese argumento. Y explica por qué ya no vivimos en una verdadera democracia.
Si viviéramos en una verdadera democracia, sería fácil para la mayoría de su población modificar las leyes, incluso la Constitución, cuando no le sea útil al pueblo mismo. Pero en verdad vivimos en una sociedad donde la voz de la mayoría es silenciada por las corporaciones y grupos de interés que financian a los políticos.
Este es el verdadero problema. No importa si eres clasificado como una persona con pensamiento conservador, progresista o liberal. La realidad es que la mayoría de la gente quiere un cambio en las leyes o en la Constitución para evitar que otro tiroteo le quite la vida a 20 niños en una escuela, que alguien entre a una iglesia, a un supermercado, al cine o desde un hotel en Las Vegas y tenga suficiente arsenal para asesinar a decenas de estadounidenses.
Además, ¿cómo podríamos explicar que vivimos en una democracia si actualmente la mayoría de los estadounidenses no quiere ir a la guerra, pero estamos en guerra?
¿Cómo explicamos que la mayoría de los ciudadanos quieren seguro médico para todos, pero no tenemos uno y la gente se sigue yendo a la bancarrota al no poder pagar las enormes sumas que cuesta una hospitalización? ¿O cómo explicamos que desde la tragedia de Sandy Hook (2012) la gran mayoría pide más restricciones en el acceso a las armas y hasta ahora lo que se ha aprobado es más simbólico que efectivo?
La influencia del dinero corporativo es tal , que si en el Congreso no se puede detener alguna ley que afecte los intereses de esas corporaciones, se hace en las cortes. Para eso están. Desafortunadamente, engañarnos y decir que la Suprema Corte de Justicia es un organismo para implantar justicia no necesariamente es una verdad.
Intentar hacer algo para minimizar la violencia o el acceso a las armas sin modificar o disminuir el poder de las corporaciones será imposible. Cada vez, el pueblo sucumbirá ante las millonarias campañas de publicidad que terminan confundiendo y convenciendo a un sector de la población de que los cambios a la Constitución, lejos de ayudar, perjudican y afectan sus libertades y derechos. Y los políticos financiados por esos grupos terminarán desde el poder votando a favor de los intereses de esas corporaciones y no a favor de los intereses del pueblo.
Es por eso que mientras no se dé más poder al pueblo y no se disminuya el poder a las corporaciones, o a organizaciones como a la Asociación Nacional del Rifle, lo único que podemos hacer es esperar que la próxima balacera no afecte a uno de los nuestros.
Lo siento por ser realista, pero hemos pasado por tantos tiroteos y vivido y visto tantas tragedias, que no podemos solo seguir exigiendo leyes que, al final, no ataquen el problema de fondo.
Agustín Durán es editor de Metro del diario La Opinión en la ciudad de Los Ángeles.
