En una increíble conversación telefónica de una hora de duración, el todavía presidente Donald Trump demandó del secretario de estado de Georgia que cometa fraude electoral y revierta la voluntad de los votantes en el estado.
Fue una “diatriba patética, incoherente y delirante”, caracterizó un observador.
“Solo quiero encontrar 11,780 votos, lo cual es más de lo que ahora tenemos,” dijo, agregando que el secretario, Brad Raffensperger, debe “recalcular” los resultados. Lo amenazó con consecuencias criminales, ahora que controla el departamento de Justicia. Lo presionó para que cometa un crimen.
Trump perdió los comicios en Georgia por 11,779 votos.
Por supuesto, quien sería culpable de un crimen por alteral la voluntad popular y cometer fraude electoral sería el otro; Trump nunca se queda con la papa caliente.
Lo hecho por Trump, lo que evidencia la grabación, es un delito, que ameritaría – más que el original de 2019 – un juicio político o “impeachment”.
En aquel entonces fue por una conversación con el presidente de Ucrania Zelensky para que investigara criminalmente al hijo del ahora presidente electo. Como los republicanos en el Congreso lo apoyaron a ciegas, dedujo que podía repetir esta conducta con impunidad.
Pero lo de ahora, dijo el afamado periodista Carl Bernstein, es “mucho peor que Watergate”.
La conversación es indignante, pero no sorprende.
El actual mandatario ha pasado casi nueve semanas haciendo falsas afirmaciones de conspiración sobre su derrota electoral. No hace otra cosa.
Decenas de veces sus representantes acudieron a los tribunales para a alegar fraude e impugnar los resultados. Decenas de veces fueron rechazados por falta de evidencia o por argumentos extrajudiciales. Esto incluyó a jueces conservadores, nombrados por el mismo Trump. Dos veces hizo lo propio la Suprema Corte de Justicia.
Todo esto no impidió que Trump continuase con su intento sin precedentes de salvar su puesto y en el camino dividir más a los estadounidenses y destruir nuestra democracia. Una democracia que incluso bajo la presidencia de Joe Biden estará en jaque por su culpa.
En la conversación del 2 de enero participaron también abogados del gobierno. Podrían ser cómplices en este intento de ignorar la voluntad del electorado.
Existen fuertes indicios de lo que Trump aún planifica para los próximos días: incita a protestas “salvajes” en Washington por parte de sus fanáticos. Quisiera inmiscuir a las Fuerzas Armadas. No por nada el alto mando militar recalcó que se mantiene fuera de la política. No por nada diez exsecretarios de Defensa de ambos partidos publicaron el fin de semana una solicitada advirtiendo que todo aquel oficial que obedezca una orden ilegal de sublevación es culpable de un delito federal.
Tenemos confianza en que al final, el Congreso dará visto bueno a los resultados de cada estado. Que Trump será expulsado de la Casa Blanca. Que Biden asumirá la presidencia el 20 de enero.
Pero la conversación – publicada en su totalidad en internet por medios como el New York Times y el Washington Post – no debe pasar desapercibida. Las autoridades deben investigar la situación y determinar si hay lugar para presentar cargos contra el equipo de Trump y encausar nuevamente al todavía Presidente.
