El 1 de febrero, escasos días después de su toma del poder, el presidente Biden publicó unas disposiciones en materia de inmigración para revertir las peores acciones y regulaciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Su orden ejecutiva incluyó anuncios de cambios y revisiones en los procedimientos de asilo en la frontera con México y otros relacionados con inmigrantes indocumentados recientes.
Biden anunció entonces la formación de comités para estudiar cómo implementar los cambios.
Así lo hizo, entre otras, con la regla bautizada “Quédate en México” que obligó a 65,000 solicitantes (legales) de asilo, en su mayoría centroamericanos, a esperar su audiencia judicial en campos fronterizos en México.
Creó un grupo de trabajo para reunir a las familias migrantes separadas en la frontera por la estrategia de «tolerancia cero» de Trump. En pocas semanas este grupo localizó a unos 150 niños “perdidos”.
Y notificó que estaba también bajo estudio una ordenanza especialmente injusta del gobierno anterior, la llamada “carga pública”.
A diferencia de otras disposiciones bajo estudio, esta no trata de la frontera sino de quienes viviendo aquí están solicitando legalización o naturalización.
Impuesta en julio de 2018, “Public Charge” rechaza u obstaculiza estas solicitudes si quienes las piden recibieron ayuda del gobierno.
Si ganan menos de 62,750 dólares por año.
Si carecen de empleo.
Limita a aquellos que, porque lo necesitaban, solicitaron programas como SNAP (CalFresh en California), Medicaid (MediCal en California), el Ingreso de Seguridad Suplementario – Seguro social o SSI – y muchos más.
Biden, como candidato se comprometió durante su campaña electoral a eliminar la regla de carga pública. Y la promesa todavía está ahí, en su sitio de internet, donde define la disposición como “contraria a nuestros valores como estadounidenses y a la historia de nuestra nación”.
La regla de “public charge” es la peor manera de negar el sueño americano. Castiga la pobreza. Impide que alguien, con el sudor de su frente, logre avanzar en las filas económicas y sociales del país con dignidad y esfuerzo. Rechaza al inmigrante de siempre, al que construyó Estados Unidos, el que vino por apremio y necesidad y con toda la energía para dar de sí lo mejor.
La regla de carga pública debía haberse anulado, si no en el primer momento de la nueva presidencia, poco después. Y si no entonces, ahora.
En lugar de ello, este lunes, funcionarios del gobierno, pidieron paciencia.
Recordamos que el expresidente Obama, también había prometido una reforma migratoria durante su campaña en su primer año de gobierno. Y que en aquellos años, tanto él como el entonces vicepresidente Biden, pidieron eso de la comunidad latina y los activistas migratorios: paciencia y más paciencia.
Estoy de acuerdo con el candidato Joe Biden. Y ahora, el presidente Joe Biden debe cumplir su promesa electoral. La regla de “carga pública” debe irse.
