Para celebrar elecciones para el Congreso federal y las legislaturas locales, los estados se dividen en distritos geográficos de igual población. En California son 53 para el Congreso, 80 para la Asamblea y 40 para el Senado estatal.
Condiciones obligatorias
Según la Constitución de California, deben ser contiguos y “preservar la integridad geográfica de ciudades, condados, vecindarios y comunidades de interés”.
Pero con el paso del tiempo la población cambia, fluctúa, obra del crecimiento vegetativo, la inmigración y las corrientes económicas. De igual manera cambian los distritos.
Por esa razón periódicamente se vuelven a dibujar, una vez cada diez años y siguiendo los resultados del censo nacional de población que le precede.
Los distritos electorales son cruciales en la división política del estado. Los encargados de determinarlos definen su composición étnica, económica y social, trazan sus fronteras minuciosamente y así influyen en los resultados de contiendas electorales.
A lo largo de la historia han combinado a comunidades de similares rasgos políticos, culturales o raciales para así reservar el puesto a quien ya lo está ocupando. De allí la forma caprichosa que tienen muchos distritos geográficos. Más parecen salamandras que las divisiones administrativas que son. De ahí que la práctica de otorgar una ventaja injusta a un grupo o partido manipulando los bordes distritales se llamen Gerrymandering.
Un secreto a voces
La palabreja también recuerda para la triste posteridad a Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts en 1812 y luego vicepresidente, que instauró la práctica descarada. Con el tiempo perdió atractivo y acumuló críticas. Fue reformada, atada y empaquetada, pero nunca desapareció.
No por nada los dos principales partidos gastan muchos millones de dólares cada 10 años en investigaciones, expertos demográficos y abogados para inclinar la balanza de los nuevos distritos a su favor.
Antes de que se emita el primer voto, el gambito redunda en beneficios. La suerte está echada para los felices beneficiados por la selección y los infelices que no fueron favorecidos por la repartija.
Es una manera burda de distorsionar la voluntad del votante, tan grotesca que hace doce años ameritó un cambio fundamental en nuestro estado.
California tenía la poca honrosa pero no exclusiva distinción de que sus legisladores eran reelectos una y otra vez (a menos que los sacase la limitación de términos electorales). Y de que se eternizaba la balanza de poder entre los dos partidos.
Todo al revés
Así los funcionarios -republicanos o demócratas- determinaban quiénes iban a ser sus votantes en lugar de que fuese lo contrario.
El cambio sobrevino en 2008 con la Proposición 11, aprobada por el 50.7% de los votantes por la cual la determinación distrital para la Legislatura estatal salió de manos de los legisladores y recayó en una nueva Comisión Ciudadana de Redistritación.
En 2010, el 61% del electorado apoyó la Proposición 20, que extendió el procedimiento a los distritos del Congreso federal.
La comisión está formada por ciudadanos y no políticos, que se ofrecen voluntariamente y que son parcialmente determinados por sorteo.
Esto debería asegurar que ahora los distritos representen a la población californiana, con su diversidad y diferencias.
Sin embargo, no es eso lo que ha sucedido.
Ni un solo latino
Pese a la buena voluntad de los proponentes y al complicado proceso ideado para evitar favoritismos, parecería que nada ha cambiado.
Es que entre los primeros ocho miembros de la comisión que va a determinar los distritos electorales de California, seleccionados por anónimos profesionales a partir de una enorme lista, no hay hoy ni un solo latino.
Ni un solo latino.
Los hispanos son casi el 40% de los 40 millones de californianos, y en muchos condados, la mayoría. Su participación electoral y representación en los puestos más importantes del estado – han crecido gradualmente y lanzan serios candidatos al Senado federal y la gobernación.
Sin embargo, esta es la realidad: no hay ni un solo latino en la comisión que decidirá los distritos electorales de California.
Una omisión sospechosa
Y son estos ocho quienes ahora elegirán a los restantes seis miembros.
¿Cómo puede ser?
Si bien la Proposición 11 dice que el comité debe “representar razonablemente” la diversidad del estado, es solamente explícita en su composición partidaria. Dice que de los 14 miembros cinco deben ser demócratas, cinco republicanos y cuatro que no pertenecen a ninguna de esas dos agrupaciones.
Pero lo que sucedió fue que en cada una de las etapas de la prolongada selección se fue distorsionando la realidad demográfica del estado y la voluntad del votante. Cada vez se iba reduciendo la presencia latina en el grupo.
Hasta que llegó a cero.
Un proceso aburrido y determinante
Es importante seguir la lógica del proceso de nominación, porque aunque supuestamente aburrido y pesado, es crucial.
A partir de un grupo de 10,000, la Oficina de la Auditora Estatal seleccionó un grupo inicial de 60 candidatos. Solamente 14% eran latinos. De esos 60 surgieron los ocho finalistas.
Sí, en 2008 los voluntarios fueron 30,000. Ahora no. Pero eso no justifica la omisión discriminatoria.
A continuación, un panel de auditores selecciona a los candidatos al comité a partir de un grupo de 20 demócratas, 20 republicanos y 20 de ningún partido, que a su vez surgieron de candidatos que se ofrecieron voluntariamente a estos puestos y que fueron seleccionados directamente por la auditora estatal, Elaine Howle.
Luego, los líderes de la mayoría y minoría de ambas cámaras legislativas estatales remueven del grupo a dos miembros cada uno para un total de ocho.
Finalmente, los primeros ocho miembros del comité son seleccionados al azar del grupo restante: tres demócratas, tres republicanos, dos independientes. Y esos ocho eligen a los seis restantes: dos de cada agrupación política.
Totalmente afuera
Es inconcebible que un grupo tan vasto como el latino, el mayor del estado, haya quedado totalmente fuera del proceso de determinar la división de los distritos del Congreso federal y la Legislatura estatal.
Aún existe una remota posibilidad de corregir el rumbo: que en la última etapa de la formación de la comisión, los ocho ya nominados y que están a cargo de determinar a los seis restantes, elijan efectivamente a seis latinos.
Solo eso va a balancear esta injusticia a la que se llegó por omisión, por desidia, por desinterés de aquellos a quien la nueva ley otorga poderes determinantes.
La primera reunión de los ocho ya electos es el 21 de julio.
Esta distorsión no puede pasar desapercibida.
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