En pos de la decisión judicial que anuló su suspensión por parte de la administración Biden, se reanuda el programa «Quédate en México» (oficialmente Protocolo de Protección al Migrante o MPP por sus siglas en inglés). Pero las organizaciones comunitarias cuya labor es indispensable para el bienestar de los migrantes se niegan con razón a colaborar con la expulsión de quienes legalmente piden asilo.
Se trata en su mayoría de unos 70,000 refugiados provenientes de Haití y de Centroamérica, que huyen de situaciones que ponen en riesgo sus vidas en sus lugares de origen.
MPP fue establecida por el ex-presidente Donald Trump, como parte de su política anti-inmigrante. Consiste en devolver a los solicitantes de asilo extranjeros a México, donde deben esperar hasta que un tribunal migratorio resuelva su caso.
Recordemos que los refugiados así rechazados y conminados a quedarse en el país vecino no son ilegales sino que se presentan voluntariamente en los puestos de entrada del país y solicitan asilo político de acuerdo con acuerdos firmados hace décadas por ambos países.
Estos acuerdos, que los países deben cumplir, fueron creados precisamente para situaciones como ésta previniendo que devengan en acciones ilegales por parte de los gobiernos.
Por eso estaba en lo correcto el gobierno de Biden cuando suspendió el programa ni bien inició su gestión en enero pasado. Y también es correcta la apreciación de la ONU de que «Quédate en México» es una amenaza al sistema de asilo, ya que “viola el estándar internacional de que todo el mundo tiene derecho a pedir protección”.
En una escala mucho mayor, se suma la orden ejecutiva de Trump de marzo 2020, de implementar el llamado “Título 42”, una disposición que data de 1944. Basado en disposiciones de salud pública supuestamente para prevenir el ingreso de enfermos de COVID-19, se ha utilizado esta regla para expulsar de inmediato y sin posibilidad de pedir asilo a todo aquel que cruce la frontera de manera irregular.
La aplicación del Título 42 llevó a un crecimiento artificial a 1.7 millones el año pasado en el número de cruces ilegales. Esto se debió a que muchos de los inmediatamente expulsados trataron en un breve lapso de ingresar nuevamente, con similar suerte.
La aplicación de estas políticas requiere la cooperación del gobierno mexicano. Desoyendo los ruegos de organizaciones de la sociedad civil de México y EE.UU., el presidente López Obrador aceptó reiniciar «Quédate en México», con la salvedad de ofrecer mejoras en las condiciones de vida de los refugiados varados en la frontera y garantías de que serán protegidos de la violencia de la que muchos han sido víctima hasta ahora.
La decisión de AMLO constituye una contradicción entre su aseveración de que su política se construye de manera soberana y el hecho de que fue la Suprema Corte de Estados Unidos quien ordenó reiniciar MPP en México.
La administración Biden justifica la reanudación de «Quédate en México» en la decisión de una corte federal.
Pero esta declaró ilegal la suspensión no con base en los méritos del programa sino porque no se llevaron a cabo todos los procesos necesarios para la toma de decisiones en cada caso. Esta opinión fue refrendada por la Suprema Corte.
En su núcleo, «Quédate en México» era, en tiempos de Trump, y sigue siendo en tiempos de Biden, ilegal. Por lo tanto debe cesar el envío de miles de personas ya en crisis al peligro de violencia, violaciones, hambruna, abuso y una espera que según el jefe de la policía fronteriza es de seis meses en el mejor de los casos, en México. Se les debe posibilitar esperar en territorio estadounidense hasta que se decida su caso.
Nos sumamos a la exigencia de las organizaciones que en el terreno de los hechos ayudan a los migrantes de que se restablezca el derecho al asilo, cumpliendo así con las leyes internacionales.
