Los principios del segundo paquete de ayuda económica que dieron a conocer los republicanos en el Senado, liderados por Mitch McConnell, este lunes, no solamente son “demasiado tarde, demasiado poco”. Son discriminatorios y contraproducentes.
Los detalles de las negociaciones han entrado a una etapa crítica porque este viernes 31 de julio vencerán los beneficios federales de desempleo que ayudan a prevenir que millones de personas en este, el país más rico del mundo, pasen hambre. Y porque hasta ahora, como es tan común en el Senado republicano, no han podido redactar una propuesta concreta.
Primero, porque no se ponen de acuerdo las distintas facciones, y segundo, porque por lo general y en el último segundo, alguien que representa a Donald Trump llega, da instrucciones en sentido contrario, no hay oponentes, y el acuerdo laboriosamente trabajado se derrumba.
Este partido evidencia una vez más que ya no sabe gobernar sino confrontar. Junto con el Presidente impulsan ideas sin análisis, y sin otro pensamiento que ganar las elecciones presidenciales en noviembre o cuando se den. A cualquier precio.
Los republicanos aún no han presentado una propuesta, porque no se han puesto de acuerdo. Pero dieron a conocer algunos lineamientos de su tan esperado plan.
Mientras que la propuesta de ley aprobada en mayo por la Cámara de Representantes, bajo liderazgo demócrata, y enviada al Senado, incluye ayuda a la población por tres billones (millones de millones, en inglés trillions) de dólares, la republicana es tres veces más pequeña.
Y en verdad, parece ser una continuación del primer paquete, aprobado a las apuradas, y que se hizo, no para beneficiar a la población, sino para enriquecer a quienes ya todo lo tienen. Algo en lo que convergieron ambos partidos en aquel momento.
De la propuesta del Senado republicano resalta un recorte del 66%, de 600 a 200 dólares semanales a los beneficios federales de desempleo para cada uno de quienes perdieron el trabajo a causa de la crisis del COVID-19.
En el lenguaje político, el partido de gobierno simula responsabilidad fiscal mientras que en la práctica niega ayuda a quien más la necesita.
Esta suma es similar a lo que los republicanos proponen como “solución” permanente: que los trabajadores, a partir de noviembre, perciban una ayuda equivalente al 70% de sus salarios básicos, algo que fluctúa de estado a estado y que es insuficiente para familias de bajos recursos.
E incluso con la ayuda así recortada, fuentes en el Senado predicen que casi la mitad de los miembros conservadores votarán en contra del paquete.
Nuevamente, sin un acuerdo, los beneficios van a expirar este viernes, empujando a millones de trabajadores a la pobreza.
Indigna la justificación del recorte por parte de los legisladores, desde su torre de marfil, de que “demasiado” dinero hace que la gente no quiera ir a trabajar, cuando la realidad es que los trabajos han desaparecido, y que la ayuda es de por sí insuficiente para la subsistencia a largo plazo.
Y por lo mismo no es válida su otra justificación, de que es un arreglo de dos meses hasta que los estados implementen sus propias políticas. Si así fuese, deberían seguir con los pagos al nivel actual hasta que ello suceda.
La propuesta también incluye una protección contra demandas judiciales para negocios cuyos empleados enfermaron del coronavirus porque no impusieron reglas que hubieran impedido el contagio.
El cese de la ayuda federal de 600 dólares llevará, según analistas, a una explosión de pobreza y a millones de nuevos desocupados, al revés de lo que presuntamente se quiere.
El Senado y la Cámara de Representantes deben acordar una continuación e incremento de la ayuda actual, y atender las necesidades del público estadounidense. Y cuando ello se haga deben abstenerse de dividir a la población, e incluir en cualquier solución a los trabajadores indocumentados que pagan sus impuestos.
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