En un acto en el que parecía más el agente publicitario del presidente y no la máxima autoridad judicial, el procurador general William Barr finalmente presentó el reporte del fiscal especial Robert Mueller III sobre las conexiones entre el Kremlin y la campaña presidencial de Donald Trump.
Aunque ya hubo 34 personas relacionadas con este caso que fueron acusadas o condenadas, en el reporte Mueller llega a a la conclusión que no hubo colusión entre el presidente Donald Trump y los agentes rusos.
Lo que Mueller no pudo concluir fehacientemente, en este reporte de 448 páginas, es si el presidente interfirió o no en las investigaciones. Y aunque hubiese llegado a esa conclusión no era mucho lo que se podría haber hecho ya que, de acuerdo con precedentes legales del Departamento de Justicia, un presidente en ejercicio de sus funciones no puede ser acusado en una corte judicial. Un acto criminal del presidente, como el de obstrucción del proceso judicial, solamente puede ser dirimido en un juicio político en el Congreso Nacional.
Obstrucción de la investigación
En su reporte, Mueller no acusó directamente al presidente, pero aportó evidencia que sugiere que el presidente obstaculizó su investigación. En 10 ejemplos específicos, el fiscal especial describe como Trump interfirió en el caso de Michael Flynn, despidió a James Comey, presionó a Jeff Sessions a que no se recuse de la investigación, trató de influenciar a testigos como Michael Cohen… y la lista sigue.
Ahora es responsabilidad del Congreso Nacional esclarecer este tema de la obstrucción de la justicia. Por supuesto esto implica profundizar las investigaciones que varios comités legislativos ya han iniciado y que van a incluir el testimonio de Mueller y otros testigos claves. Pero también significa decidir si hay suficiente evidencia como para iniciar un juicio político contra Donald Trump.
Un juicio que, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional, debe comenzar en la Cámara de Representantes. Una cámara en la que los demócratas tienen mayoría. Pero a no confundirnos, porque esa mayoría no es un bloque inquebrantable cuando se trata de considerar el tema de un juicio.
Pragmatismo o juicio político
Los sectores centristas del partido, con la presidenta de la cámara Nancy Pelosi (D-CA) a la cabeza, no están muy entusiasmados con la idea.
Sus cálculos los lleva a disuadir seguir el camino del juicio. Para ellos, iniciar un juicio contra Trump lo colocaría en la posición de víctima de una caza de brujas de una oposición extremista y energizaría a las huestes trumpistas en un año electoral.
Y para que no quepa duda que la historia confirma este razonamiento, recuerdan que cuando en 1998 se le hizo el juicio político al presidente Bill Clinton por perjurio y obstrucción a la justicia, su popularidad creció a un 73%, el nivel más alto de su presidencia.
Aparte, una pragmática Pelosi sabe muy bien que los números están en contra de un veredicto en contra del presidente. En un juicio político, una cosa es controlar la cámara, pero otra bien distinta, y tal vez más importante, es quién controla el Senado Nacional. Porque si bien la acusación se inicia con un voto en la cámara, es en el senado en donde se juzga al presidente. Un senado en el que hay 51 republicanos y 49 demócratas, incluyendo 2 independientes que votan típicamente con estos últimos.
Dos tercios imposibles de alcanzar
Para conseguir una sentencia de culpabilidad en un juicio de esta naturaleza, la constitución establece que se deben contar con 2 tercios de los votos del senado. O sea que esto implicaría que a los 49 votos demócratas se les deberían sumar 18 votos republicanos.
¿En que escenario político se puede conseguir que una docena y media de senadores republicanos se pongan en contra de Donald Trump a quien han estado aplaudiendo, validando, tolerando hasta en sus peores actos?
Evidentemente, como Pelosi viene insistiendo las matemáticas están en contra de iniciar un juicio político que solamente conseguiría aumentar la popularidad del presidente entre sus tropas y, aún más importante, hasta entre algunos sectores independientes que son la clave numérica necesaria para conseguir destronar a Trump en las elecciones del 2020. Sellando este pensamiento está la última encuesta de CNN en marzo que indica que solo 36% de los participantes apoyaban un juicio político.
Obligación constitucional y moral
Pero esto no significa que el juicio político desaparezca de la ecuación del partido demócrata ya que es obvio que el ala más liberal del partido ha iniciado una ofensiva para imponer esta propuesta. Para ellos es una responsabilidad constitucional y una obligación moral.
La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), un símbolo del sector liberal, se sumó a la resolución promovida por sus colegas Rashid Tlaib (D-MI), Al Green (D-TX) e Ilhan Omar (D-MN) que piden que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inicie una investigación para determinar si corresponde comenzarle un juicio político a Trump.
Ocasio-Cortez recordó cuál es el standard para un juicio político. Para probar su punto utilizó las palabras del senador republicano pro-trumpista Lindsey Graham (R-SC) quien en un video de 1999 dijo que “No es necesario ser encontrado culpable de un crimen para perder tu trabajo en esta república constitucional”, dijo Graham. “El juicio político no es sobre castigo… es sobre limpiar la oficina (presidencial). El juicio político es sobre restaurar el honor y la integridad a esta oficina”.
