Hace poco más de un año parecía que la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa asesinados en Iguala, México, en 2014 estaba finalmente en camino de esclarecerse. Que habría justicia para las víctimas y sus familiares. Que el gobierno de López Obrador no se detendría ante ningún obstáculo para acusar a los culpables del hecho, a sus aliados dentro de las instituciones gubernamentales, a quienes encubrieron los crímenes, y juzgarlos.
Fue «un crimen de estado»
Fue cuando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa calificó las desapariciones como un “crimen de estado” en el que estuvieron involucrados no solo el grupo de Guerreros Unidos que efectuó los asesinatos, sino también la policía, las fuerzas armadas y funcionarios civiles. Estaban al tanto del secuestro masivo gracias a sus sistemas de vigilancia, pero no lo detuvieron.
La semana pasada, la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa hizo público su segundo informe.
Nuevamente, afirma que “la complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado”.
Sin embargo, la justicia aún no se ha logrado.
Este lunes Amnistía Internacional denunció que “a pesar de haber logrado algunos avances en la investigación… En los últimos meses las autoridades mexicanas han actuado de una manera que podría afectar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares”.
La prestigiosa organización internacional de derechos humanos critica fuertemente la “criminalización del exfiscal Omar Gómez Trejo”, quien al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) era el encargado de la investigación. Gómez Trejo tuvo que renunciar después de que sus superiores en la Fiscalía General de la República (FGR) anularan las órdenes de arresto que emitió contra sospechosos de encubrimiento.
Denuncia Amnistía Internacional que el presidente López Obrador, al “desconocer el posible papel del ejército en las desapariciones, ha contribuido directamente a la creciente desconfianza de las familias y la sociedad.»
Asimismo, toma nota de que el 31 de julio, el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso Ayotzinapa desde 2015, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó definitivamente México, después de meses de intentar infructuosamente de obtener de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entre 80 y 90 documentos interceptados al grupo criminal.
Amnesty denuncia precisamente el apoyo del presidente mexicano al ejército a pesar de esta negativa a entregar información.
Tal como dijo esta semana Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y vicepresidenta de la CIDH, México tiene una deuda con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que aún no está saldada, y el compromiso del Estado es pagarla.
Bien haría el gobierno mexicano en atender las críticas de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la opinión pública internacional. El caso Ayotzinapa no desaparecerá por sí solo, hasta que se aclaren sus circunstancias y se castigue a sus culpables.
