Decía el New York Times en febrero: “El resultado de un caso en un tribunal federal podría ayudar a decidir si la Primera Enmienda es una barrera para prácticamente cualquier esfuerzo del gobierno por sofocar la desinformación”.
La respuesta la dio este martes el juez Terry Alvin Doughty de Luisiana, quien prohibió a partes de la administración de Biden comunicarse con plataformas de redes sociales sobre temas de contenido en línea, específicamente “inducir de cualquier forma a la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida”.
El fallo, que responde a una demanda de los fiscales generales de Louisiana y Missouri, está destinado a reducir los esfuerzos para combatir la diseminación de narrativas falsas sobre el fraude electoral, la pandemia de coronavirus y otros temas.
Es la culminación de una amplia campaña legal lanzada después de las elecciones de 2020 contra universidades, centros de estudios y empresas privadas que investigan la difusión de la desinformación. Consiste en acosarlas en el Congreso y acusarlas en tribunales de connivencia con el gobierno para reprimir el discurso conservador en línea, cuando la evidencia demuestra lo opuesto. Efectivamente, un estudio de Twitter en 2021 demostró que “los tuits publicados por cuentas de la derecha política reciben más amplificación algorítmica que las de la izquierda política”, y que “los medios de comunicación de derecha… ven una mayor amplificación algorítmica en Twitter en comparación con los medios de comunicación de izquierda”.
Es más: las plataformas de redes sociales, encabezadas por Facebook y Twitter, son a menudo reacias a bloquear contenido político, especialmente de los republicanos, por temor a su reacción.
Sin embargo, los promotores de esta campaña siguen afirmando lo contrario.
El fallo de ayer es entonces el resultado de años de esfuerzos conjuntos de políticos republicanos, organizaciones activistas y jueces militantes.
En virtud de su control sobre la Cámara de Representantes, tienen el poder de emitir citaciones para el apercibimiento de documentos y de investigar a los investigadores, lo que han hecho repetidamente, paralizando la capacidad de acción de estas instituciones.
Muchos de los dirigentes de esta ofensiva legal fueron parte del frustrado intento de Donald Trump de revertir el resultado de las elecciones en las que perdió en 2020. En otros casos son precisamente quienes ayudan a difundir información falsa. Y frecuentemente cuentan con la ayuda de algunos jueces federales nominados precisamente por Trump, como Doughty y el 30% del total.
En marzo el juez Doughty había rechazado las objeciones del gobierno a que el entonces asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y la secretaria de prensa, Karine Jean Pierre, respondieran a los «interrogatorios» en la demanda por censura de las redes sociales
Aclaramos que estamos desacuerdo con la censura política, y que la libertad de expresión y de prensa son vitales para la supervivencia de la democracia. Pero cuando existe una campaña nacional e internacional para limitar el derecho al voto, para difundir mentiras que confundan a la gente e inciten con ellas a la disensión y la violencia, es necesario aislarla, estudiarla y denunciar a quienes estén detrás, tratando de desestabilizar al país. No olvidemos que estas libertades están limitadas por los derechos de los demás, algo cementado en la Constitución y que fue reafirmado por la Suprema Corte muchas veces.
El fallo asegura la protección para quienes diseminan noticias falsas detrás del anonimato y merma la capacidad de las autoridades de limitarlo. Un peligro que aumenta aún más por la proximidad de las elecciones presidenciales del año próximo.
