Obama lo hizo antes de su reelección, cuando buscaría el voto sin haber cumplido su promesa de impulsar una reforma migratoria amplia, y luego de que su administración intensificara las deportaciones en un intento fallido por buscar apoyo republicano para la esquiva reforma.
Dos años antes, en 2010, los demócratas habían perdido el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio tiempo.
Para 2012, Obama enfrentaba el descontento de ciertos sectores electorales, entre otras cosas por su pobre manejo del tema migratorio. Recuerdo estar visitando estados donde el voto latino es clave, como Nevada, Arizona, Florida y Nuevo México, y entrevistar electores hispanos que estaban pensando incluso no votar en las elecciones de 2012, molestos por la falta de reforma y la ola deportaciones.
Tras girarse la orden, y a escasos meses y semanas de los comicios generales, volví a visitar los mismos estados, y los votantes latinos entrevistados aseguraban que la orden ejecutiva de DACA los haría votar por la reelección de Obama.
El presidente fue reelecto con mayor apoyo hispano que 2008, y en su segundo período impulsó, en 2013, un plan de reforma migratoria para legalizar a millones, el cual fue aprobado por el Senado demócrata, pero que nunca fue considerado en la Cámara de Representantes de mayoría republicana.
La orden ejecutiva de DACA demostró que aunque la inmigración no necesariamente es el tema central para todos los votantes latinos, sí lo es para muchos a la hora de decidir cómo y por quién votan, ya sea porque tienen amistades o familiares que se beneficiarían de una reforma, o simplemente por empatía o por entender que la legalización de millones no solo beneficia a individuos y familias, sino a las comunidades, a la economía y al país.
En 2017, el republicano Donald J. Trump suspendió DACA. En junio de 2020 la Corte Suprema falló que la suspensión no había seguido ciertos procedimientos y ordenó que se restituyera a su forma original. El DHS durante Trump la restituyó, pero sin abrirla a nuevas solicitudes y con menos protecciones. En diciembre de 2020 un juez federal restituyó el programa a su forma original, y este año el demócrata Joe Biden reforzó la orden ejecutiva al asumir la presidencia.
Nueve años después de DACA, tristemente seguimos sin una solución legislativa permanente para legalizar y ofrecer un camino a la ciudadanía, no solo para los Dreamers sino para millones de indocumentados como los trabajadores agrícolas, los empleados esenciales en otras industrias, así como beneficiarios del TPS, entre otros.
Los Dreamers son quizá el grupo de indocumentados que más apoyo genera entre la población, por tratarse de individuos que arribaron a este país cuando eran niños.
De manera que no será sorprendente que, al conmemorarse el noveno aniversario de DACA, muchos serán los discursos y las declaraciones sobre la efectividad del programa y sobre la necesidad de legalizarlos de manera permanente, y no solo de protegerlos de la deportación y concederles permiso de trabajo mediante orden ejecutiva.
Entre los muchos que alabarán a los Dreamers estarán figuras republicanas que por un lado dicen apoyar a este sector y por el otro han bloqueado repetidamente los esfuerzos por legalizarlos.
Y este año se ha conmemorado no solo el noveno aniversario de DACA, sino los 20 años desde la primera vez que se presentó el proyecto de ley Dream Act para legalizar a los Soñadores. Fue sometido por primera vez en abril de 2001 por los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Orrin Hatch, republicano de Utah.
Más aún, este año se cumplen 35 desde la promulgación de la última verdadera amnistía del 6 de noviembre de 1986 por el presidente republicano Ronald Reagan.
Es decir, que ya los discursos de apoyo a DACA, al Dream Act y a la reforma los conocemos de memoria. Ya es hora de actuar y producir resultados, sobre todo considerando que al momento los demócratas controlan las ramas Ejecutiva y Legislativa.
El aniversario de DACA y sus historias de éxito debe ser recordatorio de que regularizar indocumentados es buena política pública; que debe hacerse de manera legislativa y permanente; y que debe ir más allá de los Dreamers, beneficiando a los millones que llevan décadas aguardando por una resolución.
OTROS ARTÍCULOS:
–Luces y sombras sobre la misión migratoria de Kamala Harris
–Fallo de la Corte Suprema sobre TPS impulsa lucha por la reforma migratoria
