En medio de una crisis humanitaria que parece irse arraigando cada vez con mayor profundidad y extensión en la realidad venezolana, se tienen programadas elecciones regionales en ese país, para el domingo 21 de noviembre de 2021. Los comicios pueden crear cierta expectativa luego de que, quien lo dijera, el chavismo controla ya, durante 22 años continuos, los poderes públicos de lo que fuera la potencia petrolera latinoamericana. De lo que una vez se reconociera como la Venezuela Saudí, un país pletórico en recursos y esperanzas.
En las actuales condiciones varios factores actúan conjuntamente. Allí está, es innegable, la embestida de la actual pandemia del Covid-19, el desempleo rampante, las condiciones de hambre, el doble choque simultáneo de oferta y demanda en la sociedad. En un país donde las cifras oficiales son escasas, donde todos mienten, se evidencian alertas de organismos internacionales.
Hasta ahora, a mediados de octubre, se publica que la pobreza se manifestaría en un 92% de la población, y que la pobreza extrema o indigencia lo hace en un 70% de los hogares del país. El torbellino de la vorágine interna que no da respiro a la población se nutre en un círculo vicioso de carestías, inflación galopante, desocupación y carencia de oportunidades.
La convocatoria para ese 21 de noviembre se refiere a la elección de cargos ejecutivos y legislativos en los 23 Estados y 335 municipios del país. Recuérdese que Venezuela se organiza de manera federativa. Al respecto es de anotar que el propio oficialismo vive su laberinto. Como se sabe, la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, cambió la denominada Ley de Regularización de Poderes Estatales y Municipales. Con las nuevas disposiciones se tienen elecciones simultáneas, de gobernadores y alcaldes.
Se nombraron nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero de todas maneras la mayoría es chavista. Aquí tenemos un ejemplo más de “gatopardismo”, en el sentido de recordar la obra de Giuseppe Lampedusa, “El Gatopardo” (1958): “Se cambia todo, para que nada cambie”. Desde allí las cosas van envenenadas, por más esfuerzos que se desarrollen en los diálogos entre oficialismo y oposición en la Ciudad de México. Los devenires van pintando para pelea de “tigre con burro amarrado”.
Tal y como tiende a ocurrir en política, cuando una agrupación posee mucho poder, las luchas se dan al interior de esta. Si el poder está más distribuido o difuminado, las trifulcas ocurren entre colectividades electorales.
Muestra de lo anterior se tiene en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El 8 de agosto pasado realizaron sus elecciones primarias. Se seleccionaron candidatos para las referidas elecciones del 21 de noviembre. Los fuertes enfrentamientos y contrastes de posiciones terminaron en la práctica expulsión de dirigentes chavistas como Francisco Arias Cárdenas y Elías Jaua. Abierta violencia se reporta en Estados como Zulia -importante en términos económicos para el país- y Barinas -región donde imperaría el chavismo duro; allí donde nació el ex-mandatario Hugo Chávez Frías (1954-2013).
Las intensas y permanentes controversias al interior del PSUV llegaron a tal punto que el vice-presidente de esa agrupación, el militar Diosdado Cabello, llegó a puntualizar que “El hecho de que alguien gane las primarias no significa que vaya a ser automáticamente candidato para las elecciones”, según lo publica el diario El Nacional el 26 de agosto de 2021. La trama parece irse decantando por la imposición de candidatos.
Si en el oficialismo venezolano prevalecen las confrontaciones, por los lados de la oposición tampoco hay claridades. Según el investigador Marcos Salgado, un rasgo recurrente son las fisuras constantes. No sólo se trata de estrategias electorales, de la reconversión de posiciones más “centristas” o bien “radicales”, sino de lo que al parecer son añejas rencillas surgidas de intereses personalistas entre los dirigentes.
Lo que acontece ahora es el regreso a la participación electoral de todas las fuerzas opositoras, tanto los sectores que por lo general han apostado por la vía de los votos, como aquellos que preferían la opción de lo que se llamó el “poder dual”. Esta estrategia fue apoyada erráticamente por Trump y varias potencias internacionales que reconocían a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Todo ello, como medios que buscaban pasarle factura a la vociferada ilegitimidad legal de Nicolás Maduro.
En todo esto, las serias divisiones entre la oposición son evidentes. Por una parte, aparece el grupo de Alianza Democrática, que son los sectores con notable experiencia en participación electoral, conocidos como «los centristas”. Por otra parte, la Mesa de Unidad Democrática, que son los más radicales y vieron sus posiciones respaldadas por Washington, pidiendo «siempre calle, calle, mucha más calle». Es de recordar que en todo esto, se habría tenido más de 100 asesinatos de civiles por el ejército y la policía venezolanos.
Fuera de toda controversia, se tiene claro que Nicolás Maduro y el chavismo más rancio, le apuestan a las elecciones como medio de legitimidad legal. Queda siempre pendiente la legitimidad concreta o real, la que se obtiene mediante la promoción de bienestar a la población o al menos alivio a las condiciones de crisis permanente que se padecen. Ese es el desafío esencial para los políticos que mandan hasta ahora, desde el palacio de Miraflores.
