En 1962 segregacionistas blancos en el sur del país enviaron buses con familias de afroamericanos a una serie de ciudades en el norte. Les dieron boletos de autobús en una sola dirección y les prometieron empleos garantizados y viviendas gratuitas.
Las promesas eran falsas. Los supremacistas celebraron su “proeza”.
Se trataba de un intento de responsabilizar a los norteños blancos que apoyaban la igualdad racial de la situación de los afroamericanos.
Pasaron 60 años.
Los gobernadores republicanos de Texas Greg Abbott y de Florida Ron DeSantis repitieron el truco. Y organizaron caravanas de autobuses con miles inmigrantes solicitantes de asilo – que tenían permiso legal para quedarse en el país hasta que se decidiera su caso – a ciudades con gobiernos demócratas como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Boston, para, de igual manera, responsabilizar a sus dirigentes y “demostrar” su insinceridad.
El intento fracasó, porque las ciudades implicadas, junto con organizaciones comunitarias y gobiernos estatales se unieron para proveer a los migrantes condiciones de vida adecuadas durante el período de espera y les ofrecieron su solidaridad.
Es más, el intento causó consternación y resentimiento contra los victimarios en la población de los centros urbanos donde llegaron miles de inmigrantes.
De la misma manera, DeSantis organizó en septiembre de 2022 y a un costo de $1.5 millones del erario estatal, dos vuelos chárter que llevaron a 49 inmigrantes venezolanos – hombres, mujeres y niños – desde San Antonio, Texas, a la isla Martha’s Vineyard en Massachusetts.
A la semana, estos migrantes presentaron una demanda contra los implicados ante un tribunal federal en Boston, alegando que los indujeron a abordar los dos aviones de Texas al prometerles falsamente que los llevaban a Miami, en donde habría «oportunidades de trabajo, escolarizar a los niños y asistencia inmigrante».
Dos años después, este lunes, una jueza federal del distrito de Massachusetts dictaminó que los migrantes están en su derecho a demandar a Vertol Systems Co, la empresa chárter de Florida que los transportó bajo falsas promesas, habilitando ocho de los 11 cargos.
Escribió la jueza Allison D. Burroughs que los acusados no estaban «legítimamente aplicando ninguna ley de inmigración», lo cual es la tarea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y no de ellos, y que «se aprovecharon de los demandantes para impulsar el perfil nacional del acusado DeSantis y manipularlos para fines políticos”, todo lo cual “es nada menos que extremo, indignante, incivilizado, intolerable e asombroso”.
Los migrantes, dictaminó, fueron atacados por ser latinos,
Aunque Burroughs rechazó la demanda contra el gobernador por carecer de jurisdicción, el grupo Lawyers for Civil Rights que representa a los migrantes, asegura que lo hará responsable por sus acciones. Es lo correcto.
La decisión judicial del lunes es un primer paso para llevar al fin de estos intentos propagandísticos y trucos políticos que solo aumentan el sufrimiento de quienes por falta de alternativas dejaron su país y buscan asentarse aquí en calidad de refugiados.
