SAN SALVADOR – Llegué al Hotel Hilton el viernes 9 de febrero para continuar con mi tarea de reportar sobre las elecciones en El Salvador y, en esta última etapa, esperar los resultados oficiales.
El presidente Nayib Bukele ya había declarado al atardecer del mismo día de las elecciones, que su partido Nuevas Ideas (NI) habría obtenido 58 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. El problema: los votos no habían sido contados y horas después, desde los centros de votación empezaron a reportar que el sistema había ‘fallado’ y que los votos no podían ser tabulados.
Se esperaba que el presidente ganara con una avalancha de votos, no así los diputados de NI.
Finalmente se decidió que los votos serían contados uno por uno, tanto los presidenciales como los legislativos. La sede del escrutinio sería en el Hotel Hilton San Salvador, en la colonia La Escalón. Y hacia allí me dirigí.
A los pocos minutos de arribar al Hilton reconocí a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Guillermo Wellman Carpio, acusado de corrupción por el gobierno estadounidense, y traté de entrevistarlo, pero se molestó por mis preguntas. El magistrado le dijo secamente a un agente de seguridad: “Sacálo”.
Inmediatamente después, procedí a almorzar en el restaurante del hotel cuando llegó un agente de la policía y uno del TSE que querían “confirmar” mi credencial. El oficial me dijo que no podía estar en esa área (el restaurante) donde, sin embargo, había otros periodistas almorzando.
Minutos después, arribó otro agente (al parecer de alto rango) y, nuevamente, se me reiteró que no podía estar allí. Le pregunté dónde estaba estipulada la restricción y qué violación había cometido. Me dijo: “Ninguna”.
Después de almorzar me fui a la sala del hotel a esperar los resultados del comicio.
Al ver que llegó la ministra Carolina Recinos (está señalada en la Lista Engel, un documento del Departamento de Estado de EE.UU. en el que se identifica a líderes centroamericanos involucrados en actos que atentan contra las instituciones democráticas) empecé a grabar un video y traté de hacerle preguntas. Su equipo de seguridad y miembros del partido NI me empujaron deliberadamente hacia un lado para que no pudiera continuar con mis preguntas que parecieron incomodarla. Un acto que claramente me impidió continuar ejerciendo mis funciones como periodista acreditado. Dada la situación, regresé a la sala del hotel a esperar los resultados de los votos con los demás periodistas.
Después de unos cuantos minutos, mientras me encontraba sentado en un sofá, llegó una mujer que se identificó como detective, varios agentes de la policía, miembros del TSE y partidarios del NI, los cuales empezaron a filmarme.
La detective me informó que una mujer, que acompañaba a la comitiva de la ministra Recinos, había hecho cargos en mi contra. La acusación: golpearla con mi cámara. Exigí pruebas y videos de la falsa acusación que, por supuesto, no se produjeron. Después de una media hora desde que se iniciara la intimidación, me informaron que los cargos habían sido retirados. En ese momento, les dije que me retiraría del hotel, pero me dijeron que no podía irme (estaba de facto detenido). Los miembros de NI que me grababan, empezaron a gritar y me acusaron que andaba “tomado” y que los policías deberían arrestarme.
Empecé a salir del hotel con policías y simpatizantes de NI que me seguían. La policía se me ponía en frente y no me permitía el paso (de nuevo, una forma de detención). Después de cierto tiempo, les dije que me encaminaría a pedir un Uber.
Tras desplazarme un par de cuadras, por lo menos tres patrullas policiales me interceptaron. “Queremos asegurarnos de su bienestar y confirmar su credencial”, me dijo un oficial de alto rango. En ese momento, aparentemente la intención era de arrestarme.
Anteriormente en el restaurante, había enviado videos a varios contactos, incluyendo a personal de HispanicLA, para documentar lo que estaba ocurriendo ya que temía por mi seguridad. HispanicLA, como me informaron, contactó a la oficina del encargado de relaciones públicas del consulado estadounidense en El Salvador a cargo de Sean McIntosh.
Al ver que la intención era obviamente de arrestarme, sentí temor y les anuncié que era ciudadano de EE.UU. Entonces, con la detective también presente en el lugar, me pidieron el pasaporte y me dijeron que llamarían a la embajada estadounidense para que me recogieran. Les dije que no me subiría a ningún vehículo que no fuese oficial de la embajada. Era aparente que no estaban llamando a la embajada.
Por temor a mi libertad, llamé a la embajada y le dije a la persona que contestó lo que estaba ocurriendo y que quería que quedara documentada la situación. Tomaron mis datos.
Al ver que hablé con la embajada, los agentes me entregaron mi pasaporte y me confiscaron mi credencial y me dijeron que podía retirarme.
Al caminar como una cuadra, encontré a un representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Le expliqué lo ocurrido y tomó mis datos y me pidió que fuese a la sede de la OEA en San Salvador a entablar una demanda.
Los oficiales que me siguieron confirmaron que había hablado con la OEA y cuando me retiraba detuvieron mi Uber y un oficial se acercó a la ventanilla de mi vehículo, me devolvió mi credencial y me pidió disculpas.