Derechos civiles y humanos

En la cadena casi ininterrumpida de ataques contra la comunidad latina y en particular la inmigrante por parte de esta administración presidencial, figura prominentemente el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos encabezado por Bobby Kennedy de impedir que los indocumentados se inscriban en Head Start, catalogando su uso como un beneficio público federal.

Se trata de un programa de educación preescolar para niños y niñas en jardín de infantes, controlado por la Administración para Niños y Familias, que ayuda en todo el país a familias pobres y que financia el gobierno federal. 

Es imposible saber cuántos niños expulsarán de Head Start, porque jamás pidieron documentación migratoria como requisito para registrarse, por lo que no tienen ese número disponible.

Adicionalmente, las secretarías de Educación, Agricultura y Trabajo expulsarán de programas de educación profesional, técnica y para mayores de edad a los indocumentados.

En 2024, se beneficiaron de Head Start casi 800,000 niños, de ellos más de medio millón en edad preescolar y el resto bebés y mujeres embarazadas (a través del subprograma Early Head Start). En California son 80,000 y 58,000 en el estado de Nueva York. 

Desde su creación en 1965 Head Start ha atendido a más de 40 millones de niños.  

Sus programas incluyen aprendizaje parvulario, exámenes médicos, en particular dentales, auditivos y visuales; desayunos, almuerzos y meriendas para los niños y mucho más. 

En enero, el gobierno había anunciado la congelación de fondos otorgados a organizaciones sin fines de lucro, universidades y símiles, en un ataque frontal contra los beneficios existentes para las personas de bajos recursos en general. 

En marzo, el sitio de internet federal para financiar los centros de Head Start cayó sin razón aparente. Doce centros cerraron sus puertas por varias semanas. Cuando el sitio finalmente emergió, varios no pudieron reabrir. 

Poco después, Kennedy anunció con entusiasmo, como si fuese una gran victoria, el despido de 20,000 empleados de su dependencia – uno de cada cuatro – entre ellos investigadores, científicos, médicos, directores de departamentos y quienes oficiaban de contacto con Head Start. 

En abril, la administración cerró cinco de las 12 oficinas regionales que administraban este programa. 

Y ahora, con igual entusiasmo Kennedy declaró el nuevo paso, que justificó acusando a los gobiernos anteriores de haber incentivado la inmigración ilegal.  A partir de ahora la elegibilidad al programa se determinará según el estado de inmigración del niño. 

En muchos casos, excluirlo de la educación parvularia podría hacer que uno de sus padres pierdan sus trabajos – otro de los objetivos de la administración. 

La medida tiende a segregar aún más a los indocumentados para intimidarlos. Es parte de una agenda política que hace de los inmigrantes los culpables de todos los males sociales. Empeora su sensación de terror y desesperanza. Deshumaniza a las familias de indocumentados como si no tuviesen ningún derecho, aunque su trabajo – tal como lo reconoció el mismo Trump esta semana al suspender las redadas migratorias contra trabajadores del campo es crucial para el país. 

La exclusión de miles de niños de los programas de ayuda crea una amenaza a la salud pública. Cuando la gente no busca tratamiento médico o ayuda, su salud empeora y enfermedades pueden transmitirse. Aumentan las visitas a las salas de emergencia, con efectos negativos para toda la población. 

La atención médica no es un privilegio sino un derecho humano. Especialmente para los niños. 

De por sí, los indocumentados son inteligibles para beneficios públicos federales. Contrariamente a las calumnias que inundan el espacio digital, no reciben ni cupones de alimentos, ni préstamos estudiantiles, ni ayuda financiera para educación superior. No son elegibles para Medicaid (MediCal en California), Medicare, u Obamacare, ni el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y mucho menos el Seguro Social. 

Pero los sucesivos gobiernos por décadas no habían tocado su acceso a Head Start. 

Hasta ahora. 

Se ensañan con los niños más pequeños, los más vulnerables. Qué verguenza. 

La guerra de Donald Trump contra los inmigrantes es tan intensa que ni siquiera los nacionales de países como Nicaragua, Honduras, Cuba y Venezuela, tradicionalmente más identificados con los republicanos, se han librado de detenciones, deportaciones o de perder las protecciones concedidas por programas como el TPS o el parole humanitario.

Nadie está a salvo

El gobierno de Trump recientemente anunció la cancelación del TPS para 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999. A eso súmele la cancelación del parole humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos; y la eliminación del TPS para 348,000 venezolanos y 521,000 haitianos, por nombrar algunos.

No hay que ser un genio para percatarse de que son altas cifras de inmigrantes documentados que Trump quiere convertir en indocumentados para que se autodeporten o para detenerlos y deportarlos y poder llegar a su objetivo de remover del país a un millón de inmigrantes anualmente.

Estos inmigrantes tampoco son los “criminales” que Trump aseguró que deportaría. Al no tener una gran cifra de “criminales” sumado a la reducción de los cruces irregulares en la frontera, el plan es deslegalizar a inmigrantes autorizados para hacerlos vulnerables a la deportación y poder cumplir con sus cuotas.

Pero no se trata únicamente de cuotas, sino de sacar del país a inmigrantes de color que no cuadran con el perfil del Estados Unidos blanco similar a las estampas de Norman Rockwell a mediados del Siglo 20. La guerra no es contra inmigrantes “criminales”, es contra inmigrantes de color en un inútil intento de “blanquear” un país donde las minorías ya son mayoría, donde los cambios demográficos han alcanzado cada rincón de la nación y en el proceso hacen de Estados Unidos un país diverso y más fuerte.

Si no, vea quiénes pierden sus protecciones del TPS. Son personas que llevan décadas en este país, tienen familias establecidas, trabajan y pagan impuestos.

El perjuicio para la economía nacional es evidente

Según un reporte de fwd.us, “los beneficiarios del TPS aportan alrededor de $21,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, además del pago de $5,200 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales combinados”.

Pero poco les importa a Trump y a su lugarteniente, Stephen Miller, los miles de millones de dólares que los inmigrantes, con o sin documentos, aportan a la economía porque el prejuicio pesa más.

Lo irónico es que un amplio sector de los inmigrantes afectados por la eliminación de programas como el TPS o el parole humanitario, radican en la Florida donde muchos de sus familiares o amistades apoyan a Trump. Es decir, que a Trump tampoco le importa actuar en detrimento de quienes lo apoyan políticamente.

Uno pensaría que la detención y deportación de cubanos, por ejemplo, generaría más indignación en esa comunidad. Pero incluso los legisladores federales republicanos que representan a esta comunidad ante el Congreso no se atreven a desafiar a Trump temerosos de ser objetos de su ira y de su venganza electoral.

Los centros de detención y sus condiciones deplorables

Y es que el Sur de la Florida, histórico enclave de inmigrantes y refugiados, ahora hace noticia por un controversial centro de detención de inmigrantes en medio de los Everglades y denominado el «Alcatraz de los Lagartos» (Alligator Alcatraz). Trump y sus súbditos se mofan de los inmigrantes detenidos en un lugar repleto de lagartos e incluso los republicanos de Florida ya venden mercancía como camisetas y gorras con el nombre del lugar.

CBS reportó que el peligro del centro no son los lagartos sino las condiciones deplorables al interior de la instalación, según denunciaron varios detenidos: insectos, gusanos, incluso en la comida, los dejan sin bañar por días, permanecen con las luces prendidas por 24 horas, si llueve el lugar se inunda. Lo catalogaron como un tipo de “tortura”.

En un duro editorial, El Nuevo Herald y el Miami Herald compararon las carpas para alojar refugiados del Mariel hace 45 años con el controvertido centro Alcatraz de los lagartos: “En 1980, los líderes locales intentaban ayudar a los refugiados. Esta vez, la imagen es intencional. Un campo de detención en un pantano envía un mensaje claro: no eres bienvenido”.

Me pregunto cuántos de los detenidos serán de los deslegalizados por Trump.

En Los Ángeles, una ciudad construida con los sueños de los inmigrantes, la nueva ofensiva de la Administración Trump se perfila como un sombrío anticipo de lo que podría suceder pronto en todo el país. 

La imagen inquietante de agentes enmascarados, en vehículos sin identificación, deteniendo a hombres y mujeres en sus hogares, escuelas, lugares de trabajo y en cualquier calle de la ciudad, se ha vuelto demasiado común.

Sus tácticas, sin mostrar placas, sin dar advertencias, sin hacer preguntas, nos obligan a preguntarnos: ¿Sigue siendo esto una democracia?

Tres casos: Cynthia, Donna y Kilmar

Cynthia Olivera, una canadiense de 45 años que vive en EE.UU. desde los 10, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su entrevista para la residencia permanente en Chatsworth, California, el pasado 13 de junio. A pesar de no tener antecedentes penales, de tener un permiso de trabajo vigente y de ser madre de tres hijos nacidos en este país, fue trasladada a un centro de detención en El Paso y hoy enfrenta la deportación simplemente por haber reingresado al país hace décadas.

Un caso similar es el de Mandonna “Donna” Kashanian, que vivió 47 años en EE.UU. tras llegar con una visa de estudiante en 1978. Fue arrestada por ICE el 22 de junio, en el jardín de su casa en Nueva Orleans. A sus 64 años, sin antecedentes penales y con una vida dedicada a la comunidad y la familia, fue enviada a Basile, Luisiana. Su familia enfrenta ahora la falta de asistencia legal y la pérdida de documentos esenciales.

También está el caso de Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland deportado a El Salvador, donde denunció que fue sometido a tortura en la prisión de máxima seguridad CECOT. Luego fue devuelto a EE.UU. y acusado de “contrabando de personas” en un proceso legal dudoso, sin garantías ni evidencia clara que aún está en las cortes.

Violación de derechos constitucionales

Estas tragedias personales reflejan un abuso sistémico en Los Ángeles: agentes enmascarados han allanado mercados, lavaderos de autos, paradas de buses e incluso iglesias, llevando por la fuerza a residentes en camionetas sin identificación, muchas veces sin órdenes judiciales ni explicaciones. 

Una demanda colectiva denuncia que estas redadas violan abiertamente la Constitución: operaciones de estilo militar que no respetan los derechos establecidos en la Cuarta y la Quinta Enmienda.

Ya no son solo los inmigrantes indocumentados quienes temen. Ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos en Los Ángeles: víctimas del perfil racial, fueron arrestados, golpeados, interrogados sobre sus lugares de nacimiento y liberados solo cuando lograron demostrar su ciudadanía,

Y siempre están presentes los agentes enmascarados percibidos como una amenaza incluso por exfuncionarios de seguridad. Hasta un exagente del FBI, Mike German, advirtió que las máscaras nos alejan de los controles que toda democracia requiere.

Los Ángeles se ha convertido en un laboratorio de lo que vendrá. Lo que ocurre en las calles angelinas no se queda allí. Probablemente se expandirá. Por eso la pregunta es urgente: ¿Tienen derecho agentes armados, sin identificación y en autos sin placas, a actuar sin brindar información ni justificar sus actos? ¿Es esto compatible con el debido proceso garantizado por la Constitución Nacional?

La democracia se basa en la rendición de cuentas. La Constitución garantiza identidad, derechos y justicia, incluso para los no ciudadanos. Pero la realidad diaria en Los Ángeles es una de miedo, confusión y familias desgarradas.

Ante tanta incertidumbre, muchas familias inmigrantes están actualizando documentos que les garantice mantener control de sus propiedades, otros están firmando papeles de tutela para sus hijos. Todos preparándose para lo peor, para el caso de desaparecer repentinamente.

¿Criminales u honestos trabajadores?

Esto no se trata de criminales escapando de la justicia. Es la historia de hombres y mujeres, que hace décadas que viven en EE.UU., que trabajan en los campos recogiendo fresas, lavan nuestros autos, limpian nuestras casas, cortan nuestra grama, establecen pequeños negocios de alimentos, de servicios, y que ahora son perseguidos por una política antiinmigrante hambrienta de números. Más específicamente, una política que requiere una cuota de 3,000 arrestos diarios. Una meta que los hombres enmascarados deben cumplir, sin importar el contexto humano.

Esto ya no es una cuestión de seguridad fronteriza. Nada que ver con la seguridad nacional. Es la transformación de un Estados Unidos de los ideales democráticos de la Revolución Americana y de la flamante llama de la Estatua de Libertad, en un país guiado por la fuerza y el miedo.

Y vuelvo a preguntar: ¿Sigue siendo esto una democracia cuando arrestan a madres en sus entrevistas de residencia? ¿Cuando líderes comunitarios son detenidos en sus propios hogares? ¿Cuando el Estado decide que el debido proceso es opcional, dependiendo del color de piel o del país de origen?

Los Ángeles parece ser el primer capítulo de una historia de opresión. La ciudad está bajo el control de fuerzas de seguridad impuestas por la Administración Trump, a pesar de la oposición de la alcaldesa y el gobernador que las caracterizan como innecesarias y provocativas. ¿Habrá una respuesta masiva, pacífica, al mejor estilo del Movimiento de Derechos Civiles de los sesenta, antes de que las fuerzas de la intolerancia destruyan las instituciones democráticas y la nación se transforme en una geografía orwelliana de represión y miedo?

Por Abel Reyes    

Frecuentemente hallamos libros que exigen del lector un esfuerzo especial. Sin embargo, es mucho menos frecuente que un libro no se contente con demandar del lector confrontar un problema, sino que lo implique como participante activo en él.

La tesis principal de “Apartheid Carcelario” – publicado en enero de 2025 – es una afirmación urgente e inquebrantable: que el sistema penitenciario estadounidense, tal como se perfile a través del Departamento de Correccionales de California, constituye un mecanismo de gobierno racista, arraigado en la vivencia de la supremacía blanca. Brittany Friedman, su autora, ahonda en los horrores del encarcelamiento masivo con precisión sociológica, memoria vivida y su compromiso ético con la verdad.

A este régimen, Friedman le llama «apartheid carcelario». El término no solamente califica; también acusa y condena. «El apartheid carcelario”, dice Friedman, “no perdona a nadie, y todos deben adaptarse a él».

La obra de Friedman es histórica y actual de una manera profunda. Investiga los mecanismos del control carcelario del estado hasta la década de 1950. En aquellos días, los administradores del sistema penitenciario (particularmente en California) pusieron en marcha protocolos diseñados para aislar y en última instancia y repetidamente, eliminar la resistencia política de los afroamericanos. 

Desmenuzando intensos análisis de casos existentes, especialmente el de Hugo Pinell y el de la fundación Black Guerilla Family, Friedman demuestra cómo las prisiones desacreditan y desaparecen el radicalismo afroamericano. Desarrolla sus argumentos mediante el estudio y elaboración de una intrincada red de materiales de archivo, así como a través de entrevistas con reos y las teorías sociopolíticas. Aquí, lo que está en juego no es algo abstracto, sino un asunto de vida o muerte.

La tesis de Friedman alcanza su máxima potencia cuando entra en detalle sobre la manera en que funcionarios del sistema carcelario, de común acuerdo con elementos del gobierno estatal forjaron terribles alianzas con organizaciones de reos supremacistas blancos, como Aryan Brotherhood, con los cuales libraron una guerra cruenta contra militantes afroamericanos. Fueron tácticas sistémicas y repetidas basadas en la violencia extrajudicial como soporte del complejo industrial penitenciario. 

Así, deja claro que las prisiones son instituciones ideológicas que fabrican narrativas para justificar la violencia contra algunos sectores y ocultar sus propios crímenes.}

“Para ellos”, dice Friedman, “el Centro de Ajuste simbolizaba la intención del departamento de intimidar, controlar y silenciar a la oposición política de los afroamericanos, en una espiral de tensión creciente, que eventualmente alcanzaría un punto crítico tanto para el Departamento de Correcciones como para los militantes afroamericanos”.

(N. del T.: Friedman se refiere al Centro de Ajuste (Adjustment Center) de las prisiones, que es la unidad utilizada para la segregación y el aislamiento de los reclusos, mediante el confinamiento solitario).

Entre las principales contribuciones que hace el libro se puede contar su postura metodológica. En ella, Friedman rechaza el rol de observadora objetiva; en cambio, utiliza lo que denomina «la verdad como método», basándose abiertamente en la tradición de feministas afroamericanas de conocimiento encarnado y de la narrativa intergeneracional. 

El prólogo del libro fundamenta este enfoque con base en las propias memorias de la autora. Son escenas de intimidación en las carreteras de Missouri y de muestras de resiliencia intergeneracional moldeadas por las prácticas de arrendamiento de tierras y la segregación abierta. Estas escenas constituyen, no meras anécdotas de adorno, sino el fundamento del enfoque validado por el conocimiento. De esa manera, demuestra cómo se filtró la violencia sistémica de las prisiones en los paisajes culturales y psíquicos de la vida afroamericana a lo largo de las generaciones.

Sin embargo, pese a la solidez de la base afectiva del libro, puede ocasionalmente desdibujar su agudeza analítica. Los registros poéticos en los que se sumerge a veces la narrativa – si bien poderosos – debilitan momentáneamente el asidero teórico que lo sustenta. Los lectores no familiarizados con los antecedentes históricos de COINTELPRO (N. del T.: se refiere a los programas ilegales de Contrainteligencia lanzados entre 1956 y 1971 para debilitar y eliminar a organizaciones políticas radicales en Estados Unidos), o por otro lado, con las jerarquías específicas existentes en el seno de las pandillas carcelarias de California, podrían hallarse en apuros al intentar encontrar un punto de apoyo. Pero Friedman no tiene por qué alimentar al lector con una cucharita, sino que escribe partiendo de la base de que usted también, lector, tiene interés en la verdad.

La capacidad del libro de guiar al lector a través de diferentes registros es lo que lo hace especialmente efectivo. Así, pasa desde la microfísica del aislamiento hasta las macroestructuras del capitalismo racial. En su relato, la prisión no es un proyecto de reforma que ha fracasado, sino un instrumento de poder diseñado para defender la supremacía blanca con todo éxito.

“Apartheid carcelario” expresa una fuerte crítica al sistema de encarcelamiento en Estados Unidos y revela cómo la supremacía blanca y las mentiras sancionadas por el Estado convergen y generan un régimen de control racial.

Provoca controversia la afirmación de Friedman de que el sistema penitenciario estadounidense modela formas de genocidio. Pero esa afirmación está bien fundamentada. Describe cómo la violencia estatal, la vigilancia carcelaria y la guerra psicológica convergen para cumplir con las definiciones de práctica genocida de la ONU. Lo logra, no por medio de ejecuciones masivas, sino con la práctica de deshumanización sistemática y la de la aniquilación de una clase política. Insiste en que el genocidio puede ser lento y estar amparado por el entorno legal.

Sin embargo, hubiese podido profundizar en los incentivos estructurales más allá de la animadversión racista del Estado. Pese a que cumple con la mención de los motivos de lucro que subyacen detrás de la expansión carcelaria y la extracción de mano de obra no blanca, una integración más completa de la economía política en este análisis agudizaría aún más su argumento. Hay preguntas que quedan en la periferia, sin explorarse a fondo: ¿quién se beneficia materialmente de esta forma de apartheid? ¿Cómo se relacionan entre sí los intereses corporativos con la estructura de la supremacía blanca que ella misma describe? 

En cuanto a las dimensiones globales del poder carcelario, Friedman aborda comparaciones internacionales, al ofrecer una cronología de «Edición Mundial» junto con la de Estados Unidos. Sin embargo, estas son más sugerencias que elaboraciones. Podría enriquecer la obra una mayor atención a las lógicas carcelarias en los contextos poscoloniales o coloniales (por ejemplo, Palestina, Sudáfrica, Brasil), ya que ha invocado el apartheid como práctica política mundial.  

«Apartheid Carcelario» logra desenredar la madeja de mentiras que sustentan el sistema. Las mentiras no son incidentales. Son la arquitectura misma. La desorientación burocrática, la manipulación de las relaciones públicas y el silencio oficial son todas herramientas pertenecientes al amplio proyecto de desinformación cuyo propósito es ocultar del escrutinio público la violencia inherente al estado carcelario. Friedman levanta este velo e implica en la mentira no solo al sistema penitenciario, sino también al público que permitió que esas condiciones se impongan.

Y Friedman implica al lector cuando se niega a tratar el sistema penitenciario como algo lejano. Lo revela como la estructura activa y continua de gobierno racial que es. Y que es posible en virtud de la complicidad colectiva con la mentira. Una complicidad que se manifiesta a través del silencio, la desinformación mediática, el mito de la criminalidad y la ilusión de que la violencia estatal es justa o aislada. La autora considera la supremacía blanca como otra estructura de gobierno, como una extensión del poder estatal, cuyo objetivo es reclutar a la gente común, especialmente civiles blancos.

En momentos en que las demandas de reforma penitenciaria corren crecientes riesgos de ser cooptadas por las estructuras neoliberales, «Apartheid Carcelario» se niega a adaptarse. De esa manera logra revelar las prisiones como un espacio de profunda claridad política. La pregunta no es si el sistema carcelario está roto. La pregunta es si está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer.

Puedes comprar un ejemplar de «Apartheid Carcelario: Cómo las mentiras y los supremacistas blancos dirigen nuestras prisiones» aquí.

Tengo una tía trailera. Hace mucho tiempo que no la veo, porque siempre está montada en su camión atravesando Estados Unidos, pero la sigo en redes. Recorro el país a través de sus publicaciones de carreteras, cenadurías y ratings de gasolineras que son amigables para quienes se gastan la vida pisando un acelerador. Ella, que solía ser un cascabel, dicharachero, dice que la soledad le ha secado las palabras. No es la única.

Cientos de camioneros cruzan fronteras y llegan a destinos sin contacto humano. Todo es transaccional. Monitorean sus rutas y sus cabinas, así que tampoco pueden pasar el tiempo hablando con los suyos. Poco a poco van olvidando las habilidades sociales y hasta el uso del lenguaje. Quizá por eso hay tantos conductores que aceptan trabajos en diferentes lugares, aunque no hablen el idioma; se aprenden los señalamientos y usan el código universal del sentido común. Pero eso ya no es suficiente en este país.

Este miércoles 25 de junio entró en vigor una orden ejecutiva de la administración Trump que obliga a todos los camioneros a hablar inglés mientras trabajen en territorio estadounidense, independientemente de dónde vengan o a dónde vayan. Esto no es nuevo.

Para obtener una licencia de conducir comercial, los choferes tienen que aprobar un examen escrito que no solo evalúa las normas de vialidad, sino que deben identificar partes de los vehículos y señalamientos de transporte en inglés. Ahora también tienen que poder comunicarse verbalmente sin la ayuda de la tecnología, si no, serán catalogados como “conductores fuera de servicio” y se quedarán sin paga.

La orden ejecutiva tiene la intención de reforzar la seguridad en las carreteras y prevenir accidentes y fatalidades en el camino. Esto, indica, a través de la contratación de choferes que estén “debidamente capacitados” y que tengan “competencia en el idioma nacional”, que es oficialmente el inglés.

Así que ahora los camioneros no solo tendrán que identificarse y presentar sus documentos, sino que deberán ser capaces de responder preguntas de la carga, las órdenes de envío, de dónde viene la mercancía, a dónde la llevan y otras preguntas de su servicio como transportistas en inglés. No podrán utilizar celulares ni aplicaciones de traducción, tampoco podrán solicitar o utilizar los servicios de un intérprete u otros recursos escritos durante las entrevistas.

No tiene que ser un inglés perfecto, pero, según el documento oficial, tienen que “leer y hablar inglés lo suficiente como para conversar con el público en general, comprender las señales de tráfico en inglés, responder a las solicitudes oficiales y realizar anotaciones en informes y registros”, por su propia cuenta.

Si un conductor no puede cumplir con los requisitos, no podrá trabajar en este país, advirtió el Departamento de Transporte.

La orden ejecutiva estipula que el Departamento del Transporte tiene que incluir una prueba de inglés para los choferes; además, explica que un oficial puede detener a cualquier conductor por alguna falla y si este no se puede comunicar en inglés será considerado como “no apto”.

Aunque la intención es reforzar la seguridad, expertos indican que la exigencia del inglés no es la solución más efectiva para prevenir accidentes y abre la puerta a la discriminación. También se critica lo que se percibe como otro obstáculo en un sector que ya enfrenta una escasez de personal.

La administración Trump ha puesto en la mira a California, y en particular a Los Ángeles, para implementar medidas drásticas contra la inmigración. Pero el estado, tanto desde el punto de vista legal como a través de las acciones de sus ciudadanos, se está convirtiendo en un líder en la resistencia a estas redadas indiscriminadas. Este fue el tema de la conferencia de prensa de American Community Media (ACoM) del viernes 27 de junio, en la que actuó como moderadora la editora Pilar Marrero, quien presentó el tema: “Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump ha chocado frecuentemente con California, un bastión de políticas progresistas en materia de inmigración, salud, medio ambiente y cuestiones sociales que se oponen a la agenda de su administración”.

Luego recordó que la gran población inmigrante de California y sus leyes protectoras la han convertido en un blanco frecuente y siguió haciendo historia: “El estado ha sido firmemente demócrata desde la década de 1990, con el declive de la influencia republicana tras la Proposición 187 de Pete Wilson en 1994, cuyo objetivo era restringir el acceso de los inmigrantes a la educación y la atención médica. Recientemente, la inmigración desencadenó un importante enfrentamiento entre Los Ángeles y la administración. Las tasas de inmigración intensificaron las tensiones, lo que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina, culminando en la mayor protesta de un solo día en la historia de Estados Unidos”.

En 30 años nunca vi algo así

La primera invitada en tomar la palabra fue Jeannette Zanipatin, directora de Políticas y Defensa en the Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), una de las organizaciones proinmigrantes más activas e influyentes del país, con sede en Los Ángeles. Zanipatin es abogada de inmigración con casi 30 años de experiencia, pero empezó remarcando: “Nunca vi algo como ahora, prácticas sin precedentes bajo la administración Trump, que pide a jueces desestimar casos activos de inmigración. Esto permite arrestos inmediatos fuera de las cortes, muchas veces sin que los abogados puedan localizar o comunicarse con sus clientes. Denuncia detenciones durante audiencias en la corte o entrevistas rutinarias con USCIS, lo que obliga a los inmigrantes a decidir entre asistir y arriesgarse al arresto o no presentarse y recibir una orden de deportación”.

“Esto es una la falta de respeto a derechos constitucionales y el bloqueo del acceso de abogados y congresistas a centros de detención –continuó-. Además, la organización CHIRLA, que coordina la Red de Respuesta Rápida en Los Ángeles, está reportando operaciones encubiertas de ICE, uso de matrículas de otros estados y presencia de agentes no identificados, incluso enmascarados, que actúan con violencia y sin órdenes judiciales, basándose en perfiles raciales”.

En cuanto a las víctimas, ella enumeró: “Las detenciones afectan gravemente a comunidades negras, latinas, asiáticas y otras personas de color, y en su mayoría implican a individuos sin antecedentes criminales graves”.

Finalmente, Zanipatin mencionó la posibilidad de presentar demandas y medidas cautelares a nivel local o estatal pese a decisiones recientes de la Corte Suprema, y destacó que 22 estados, incluido California, ofrecen ciertas protecciones.

Son acciones antiestadounidenses y antidemocráticas

En segundo lugar, fue el turno de Antonio Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles y candidato a gobernador de California, quien empezó diciendo: “Estoy en la defensa de los derechos de los inmigrantes desde 1972 y nunca había visto acciones federales tan extremas como las actuales, incluyendo la federalización de la Guardia Nacional para perseguir inmigrantes, algo inédito en 60 años. En el pasado, la Guardia Nacional se usó para proteger derechos civiles, no para violarlos”.

Por otro lado, denunció: “Hay en California agentes armados y enmascarados atacando civiles, lo que compara con tácticas de regímenes totalitarios, y más del 90 % de los detenidos no son criminales, estas acciones son claramente antiestadounidenses y contrarias a la democracia. Por eso llamo a la unidad de todos los estadounidenses, independientemente de su origen, para defender las libertades civiles. Insto a usar todos los recursos legales, incluidas las demandas y manifestaciones pacíficas, para resistir estas políticas, aunque reconozco que será una lucha difícil debido a la postura conservadora actual del sistema judicial”.

La respuesta de Villaraigosa a una pregunta sobre cómo actuaría ante el gobierno federal fue: “Debemos cuestionar y revisar todas las maneras posibles de contrarrestar lo que está haciendo Trump. Creo que debemos involucrar al público para que se oponga a esto. Creo firmemente en el poder de la gente. Creo firmemente que podemos desarrollar un movimiento en torno a esto. Pero quienes hemos estado involucrados la mayor parte de nuestra vida en este tema lo sabemos; Martin Luther King y Gandhi marcaron el camino. Tiene que ser pacífico. Tiene que ser amplio. No podemos ser solo nosotros”.

California es un estado antiMAGA

El tercer invitado fue Henry Brady, profesor de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la University of California, Berkeley, quien expresó: “California representa lo opuesto a la visión de la administración Trump: es un modelo de diversidad, apoyo a inmigrantes y éxito económico, lo que convierte al estado en un antiMAGA”.

Por eso, según Brady, hay medidas federales que perjudican a California y tendrán efectos a largo plazo: “En primer lugar el arancel en los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland, que afectan empleos y el flujo de mercancías; segundo el impacto en la economía estatal, especialmente en sectores como construcción, agricultura y salud, debido a restricciones migratorias: tercero el recorte presupuestario, especialmente en programas como Medicaid y cupones de alimentos, que podrían dejar sin cobertura a millones de californianos; cuarto el envío de tropas a Los Ángeles, sin consultar al gobernador, algo sin precedentes y una violación de normas básicas; y quinto, ataques al sistema univeritario público, que dificultan la matrícula de estudiantes indocumentados y amenazan la calidad y futuro de las UC, CSU y colegios comunitarios. Y estas políticas terminarán perjudicando no solo a California, sino también a la economía nacional”.

En este punto, intervino Antonio Villaraigosa y dijo sobre los daños a California; “Saben, sobre eso, creo que el Instituto del Consejo del Área de la Bahía acaba de publicar un informe que indica que el costo de todo esto para la economía de California podría ser de 275 mil millones de dólares, creo que esa es la cifra, un costo astronómico, sin mencionar la agricultura, la construcción, los costos de vivienda, el sector servicios y la hostelería. El costo para la economía es enorme. Y si contraatacamos buscando la victoria, no para sumar puntos, ni para ser los más progresistas, sino para cuestionar realmente lo que esta gente hace, considerándolo antiestadounidense, inadmisible, algo que los estadounidenses no pueden tolerar. Lo que vemos aquí es un déspota que no cree en nuestra Constitución, que cree que Estados Unidos es para quienes provienen de ciertos países, no de otros”

En ese punto, la moderadora volvió al profesor Brady, para preguntarle: “¿Trump ha dejado entrever la idea de recortar, de dejar de enviar dinero a California. ¿Qué podría pasar, cuál sería el impacto?

Brady respondió: “Bueno, la cifra que mencionó el alcalde es la del informe del Instituto Económico del Área de la Bahía, unos 275 mil millones de dólares. Pero, de hecho, eso solo se refiere al impacto de la política migratoria. No incluye el impacto de la política presupuestaria ni del nuevo y atractivo proyecto de ley, ni la política comercial, ni el impacto en las universidades, ni siquiera, francamente, el clima que se genera cuando se estacionan tropas en una de sus principales ciudades sin motivo aparente. Por lo tanto, diría que el impacto podría ser mucho mayor. En una economía de 4 billones de dólares, cuando se alcanzan los 275 mil millones, se habla de dinero real; cuando se llega a quizás 500 mil millones, muy pronto, se habla de un impacto realmente enorme. Y ahora mismo, están en las primeras etapas de lo que están haciendo. Y, francamente, las consecuencias aún no se han notado. Así que ni siquiera los impactos de la política arancelaria se han notado”.

En cuanto al ataque al sistema universitario, Brady dijo: “Hemos vivido de un sistema universitario que es el más innovador del mundo. Berkeley, por ejemplo, es la universidad con más startups apoyadas por capital riesgo. El resultado final es que tenemos universidades extraordinarias que realmente han marcado el camino y han fortalecido esta economía. Perjudicar a esas universidades y nuestro futuro en innovación, como digo, es un acto de vandalismo. Ninguna empresa ni organización aceptaría que su política de admisión, su política curricular y sus políticas de contratación fueran gestionadas por el gobierno federal”.

No es normal tener un presidente que se burla de la ley

El último invitado fue Rob Bonta, fiscal federal de California, a quien le preguntaron por la decisión de hoy de la Corte Suprema para los 22 estados que han demandado contra esta orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento.

Bonta respondió: “Mi prioridad es defender la democracia y el estado de derecho, asegurando que incluso el presidente debe cumplir la ley. Lamento haber tenido que demandar al presidente 26 veces en 23 semanas por violaciones legales y constitucionales, el doble de frecuencia que durante el primer mandato de Trump. Seguiré recurriendo a los tribunales para frenar acciones ilegales y proteger derechos, como en casos relacionados con restricciones al voto, aranceles, acceso indebido a datos personales, recortes presupuestarios y la militarización de ciudades. Sobre la reciente decisión de la Corte Suprema respecto a la ciudadanía por nacimiento, aclaro que la Corte no cuestionó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacer en Estados Unidos, protegido por la Decimocuarta Enmienda. La discusión se centró en si se puede aplicar un mandato judicial universal. Aun así, junto a otros fiscales generales demócratas seguiré buscando una orden judicial nacional para garantizar una aplicación uniforme y evitar perjuicios administrativos y financieros a los estados”.

La moderadora preguntó: “¿Aún tiene fe en que puede detener legalmente a un hombre que no parece creer en la ley?”

La respuesta de Bonta fue contundente: Sí, por supuesto. Hay algunos contratiempos, pero también muchas luces y rayos de esperanza. La Corte Suprema ha sido reflexiva en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, suspendió o impidió, bloqueó la deportación de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que iban a ser llevados a otros países y a cárceles en otros países como El Salvador. Así que creo que, en general, existe un compromiso continuo con el estado de derecho en la Corte Suprema, no por parte de todos los jueces de la misma manera, sino como un órgano, como un órgano plenamente constituido. Y, sin duda, nuestros jueces de distrito y de apelaciones están lidiando con la ley y los hechos, y emitiendo opiniones. Prueba de ello es que estamos ganando en casi todos nuestros casos. Pero no es normal, inaceptable y muy peligroso que tengamos un presidente que parece burlar la ley y pisotear la Constitución con tanta frecuencia. No es normal, es muy poco común y nunca es aceptable. Por eso, seguiremos recurriendo a los tribunales, donde sí se cree en el estado de derecho, para garantizar que rinda cuentas y solo pueda actuar conforme a la ley, no ilegalmente”.

El ataque estadounidense a instalaciones nucleares de Irán el pasado sábado domina la cobertura mediática, pero eso no implica que la guerra interna de Donald Trump contra los inmigrantes haya bajado en intensidad. Por el contrario.

Las operaciones del miedo

Abundan reportes sobre los operativos de ICE con agentes enmascarados, armados y en autos sin identificación ingresando a diversos lugares y negocios aterrorizando inmigrantes y personas en general, porque han sido varios los ciudadanos y residentes autorizados los que han caído en esta amplia red de terror del gobierno.

Trump ha fijado cuotas de al menos 3.000 detenciones diarias. Como saben que la cifra de inmigrantes con historial delictivo no será suficiente para completar “el mayor operativo de deportaciones en la historia de Estados Unidos”, detener a inmigrantes trabajadores, algunos incluso con visas y permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Y las historias reportadas evidencian que la crueldad es el norte de esta administración, y su objetivo es sembrar el terror. Poco importa llevarse por delante personas mientras trabajan y que en muchos casos son padres o madres de ciudadanos y llevan décadas viviendo y pagando impuestos en Estados Unidos. Ni el orgullo de servir en las fuerzas armadas exime a padres de ser objetivo de una detención, en este caso violento, como la del jardinero Narciso Barranco, padre de tres marines, en Santa Ana, California, como reportó Los Angeles Times.

Uno de sus hijos, Alejandro Barranco, veterano de la Infantería de Marina, le dijo al diario que a su padre lo detuvieron mientras arreglaba el jardín de un restaurante IHOP y “había sido rociado con gas pimienta y golpeado, y que tenía el hombro dislocado”. Barranco agregó que “su padre no había recibido tratamiento médico, ni comida ni agua, tras más de 24 horas en un centro de detención de Los Ángeles”.

Un ataque a la democracia

La conducta de los agentes no es solo deplorable sino inquietante. ¿Quién garantiza que en efecto son agentes de ICE y no individuos actuando por cuenta propia y deteniendo personas?
No solo recurren a la violencia sino que echan mano de perfiles raciales para detener indiscriminadamente. Es un asunto que nos afecta a todos porque los inmigrantes son apenas el punto de partida de una campaña para minar el debido proceso de ley y la democracia misma.

De ahí la activación de la Guardia Nacional y de los marines en California para poner a prueba el uso del aparato militar contra civiles con la excusa de que están rodeando a “criminales” indocumentados.
Los relatos son aterradores. Dueños de negocios afectados en Los Ángeles por los operativos han dicho que los agentes de ICE se comportan como “delincuentes” y “terroristas”.

En las comunidades afectadas se ha visto la activación de vecinos y activistas denunciando los operativos y enfrentando a los agentes y aunque los sondeos apuntan a que el público no ve con buenos ojos la forma en que Trump maneja este tema, no sé si procesan el peligro de estos desarrollos en diversos ámbitos, desde la economía hasta nuestras libertades individuales.

Lo peor del caso es que los excesos de Trump son validados , en algunas instancias, por la Corte Suprema de la nación que el lunes permitió que se reanuden las deportaciones de migrantes a terceros países con los cuales no tienen ningún vínculo y donde corren el riesgo de ser torturados o incluso de morir.

Pero volviendo al tema de Irán (porque todo está relacionado), es curioso que la ofensiva militar se lanza la misma semana que el Senado discutirá el “enorme y horrible” proyecto de reconciliación presupuestaria de Trump que dispararía la deuda, incluye recortes millonarios al Medicaid dejando a millones sin seguro médico; contiene millonarias reducciones a los programas de asistencia nutricional; y le daría millas de millones de dólares adicionales al DHS y sus agencias migratorias, especialmente a ICE, para seguir aterrorizando nuestras comunidades.

No sería la primera vez que se recurra a un conflicto bélico para desviar la atención del público sobre alguna legislación problemática o sobre los problemas económicos y de otra índole que aquejan a una administración. Trump ya estaba usando su ofensiva migratoria con tales multas, pero le agrega otro elemento con Irán para abrumar y aturdir al público.

Con Trump no hay que leer entre líneas. Está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer y más. Es un libro abierto donde la crueldad e infundir terror son su carta de presentación.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) debe tomar medidas urgentes y concretas para proteger los derechos humanos de todas las personas involucradas en la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, advirtió la semana pasada la Sport & Rights Alliance. A solo un año del inicio de este evento monumental, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y a pocos días del comienzo del Mundial de Clubes, el 14 de junio de 2025, los crecientes ataques contra los derechos humanos y las libertades civiles amenazan con poner en entredicho los compromisos y responsabilidades asumidos por la FIFA en materia de derechos humanos.

“En 2018, Estados Unidos, México y Canadá asumieron compromisos claros en materia de derechos humanos en sus documentos de candidatura para albergar la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026”, declaró Andrea Florence, directora ejecutiva de la Sport & Rights Alliance. “Pese al lema de la FIFA de que ‘el fútbol une al mundo’, una Copa del Mundo celebrada bajo políticas discriminatorias y excluyentes corre el riesgo de profundizar las divisiones sociales en lugar de tender puentes. La FIFA debe ejercer su influencia y exigir garantías concretas y legalmente vinculantes de que no se seguirán sacrificando derechos humanos en nombre del juego”.

En su Manual jurídico, en su Política de derechos humanos y en la Guía de proceso de adjudicación para 2026, la FIFA reconoce su responsabilidad de respetar los derechos humanos conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esta guía exige expresamente a los países aspirantes documentar su compromiso de “garantizar que la organización y celebración de la Competición no implique impactos adversos sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente”. Asimismo, presta especial atención a “los derechos laborales, los derechos de la niñez, la igualdad de género, la libertad de expresión y de reunión pacífica, y la protección de todas las personas frente a cualquier forma de discriminación”.

La Sport & Rights Alliance ha identificado varias áreas críticas en las que las políticas gubernamentales de los países anfitriones de 2026 —en particular en Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump— representan riesgos significativos e inmediatos para los derechos de las personas migrantes; la libertad de prensa y de expresión; los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); la seguridad de los niños, niñas y adolescentes; y el derecho a no sufrir discriminación. Todo ello requiere una intervención urgente y transparente.

Políticas migratorias discriminatorias

La FIFA estima que hasta 6,5 millones de personas podrían asistir al evento de 2026 en los países anfitriones. Sin embargo, las políticas migratorias abusivas del actual gobierno de Estados Unidos —incluidas desapariciones forzadas amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, vetos migratorios, incremento de las detenciones y restricciones de visados— ponen en riesgo el carácter inclusivo y global de la Copa del Mundo.

Si bien una orden ejecutiva del presidente Trump establece que los equipos clasificados para el Mundial masculino de 2026 estarán exentos de las prohibiciones de viaje, hasta el momento no se permite la entrada a Estados Unidos de personas aficionadas o familiares procedentes de los países vetados. Las demoras, los rechazos y el riesgo real de detención para personas aficionadas, periodistas e otros participantes de países particulares podrían afectar gravemente el torneo.

“La FIFA debe reconocer públicamente las amenazas que representan las políticas migratorias y otras medidas contrarias a los derechos humanos del gobierno estadounidense para la integridad del torneo, y utilizar su influencia con el gobierno para garantizar que se respeten los derechos de todos los equipos clasificados, su personal de apoyo, los medios de comunicación y la afición, sin importar su nacionalidad, identidad de género, religión u opiniones, al buscar ingresar a Estados Unidos”, señaló Minky Worden, directora de iniciativas globales en Human Rights Watch. “La FIFA debe establecer criterios claros y plazos concretos para exigir los cambios necesarios en la política migratoria estadounidense, a fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes durante el Mundial de 2026 y en el futuro”.

Human Rights Watch envió una carta a la FIFA el pasado 5 de mayo, instándola a presionar a la administración Trump para que elimine sus políticas migratorias discriminatorias. La FIFA respondió el 3 de junio, afirmando que “espera que los países anfitriones tomen medidas para garantizar que cualquier persona elegible involucrada en la Competición pueda ingresar a los países correspondientes” y que “está trabajando activamente en este asunto con las autoridades pertinentes”. También aseguró que intervendrá con las autoridades en caso de tener conocimiento de preocupaciones en materia de derechos humanos.

“Las personas aficionadas viajan a la Copa del Mundo para celebrar y expresar su pasión, y cualquier intento de restringir nuestros derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, es una traición al espíritu del fútbol”, declaró Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe. “Nos preocupa especialmente la posibilidad de que se apliquen normas de forma selectiva y se discrimine a la afición en función de su origen nacional o de sus opiniones políticas percibidas. La FIFA debe obtener garantías sólidas que aseguren que personas aficionadas de todo el mundo puedan viajar y asistir a los partidos con seguridad”.

Derechos de protesta y libertad de expresión

De cara al Mundial masculino de 2026, que podría convertirse en una plataforma para la crítica pública y la polémica, resulta profundamente preocupante el aumento de la represión contra la libertad de expresión y de reunión pacífica en Estados Unidos, especialmente hacia quienes se manifiestan o expresan opiniones sobre los derechos de las personas palestinas, advirtió la alianza. Estudiantes y personas activistas han sido detenidas y sus visados revocados, por expresar sus puntos de vista. La administración Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras las protestas contra las detenciones migratorias, argumentando que dichas manifestaciones constituyen un acto de “rebelión” contra el gobierno.

Los compromisos públicos de la FIFA con la libertad de expresión también se han visto contradichos en distintas ocasiones, como cuando ha impuesto restricciones que prohíben a jugadores y personas aficionadas hacer declaraciones políticas o religiosas. En el Mundial masculino de 2022 en Qatar, se retiraron pancartas con el lema “Mujer, vida, libertad” mostradas por aficionados iraníes, y se confiscaron banderas arcoíris en varios partidos.

“La capacidad de protestar pacíficamente sin temor a represalias es un pilar fundamental de cualquier sociedad libre, pero en Estados Unidos está cada vez más amenazada”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas en Amnistía Internacional USA. “El fútbol mundial tiene una larga historia de protestas pacíficas. La FIFA y las autoridades estadounidenses deben garantizar que el Mundial no se utilice como pretexto para reprimir la disidencia ni para ampliar la vigilancia masiva, y que todas las personas —jugadoras, aficionadas, periodistas y residentes— puedan participar y protestar sin miedo a sanciones, detenciones arbitrarias o tratos discriminatorios”.

Discriminación y violencia contra personas LGBTI

El aumento de los ataques legislativos y de discurso del odio contra los derechos de las personas LGBTI, en particular de las personas transgénero en Estados Unidos, revela la intención del actual gobierno de excluir a las personas trans de la vida pública y desmantelar protecciones fundamentales en materia de derechos humanos. Las leyes discriminatorias y el clima político hostil hacia los derechos LGBTI en Estados Unidos podrían amenazar directamente la seguridad, la autonomía corporal, la dignidad y la inclusión de personas aficionadas, jugadoras y trabajadoras LGBTI durante el Mundial masculino de 2026.

En México, las personas LGBTI —especialmente las personas trans y de género diverso— enfrentan altos niveles de violencia en todo el país, lo que repercute en su vida cotidiana y limita su participación en espacios públicos. Las autoridades federales y estatales deben actuar con urgencia para prevenir y sancionar la violencia contra las personas LGBTI, prestando especial atención a los riesgos específicos que enfrentan las personas trans y de género diverso.

“La alarmante discriminación y violencia contra personas LGBTI en Estados Unidos y México proyecta una sombra inquietante sobre la promesa de un Mundial verdaderamente inclusivo”, afirmó Gurchaten Sandhu, director de programas de ILGA World. “Como entidad organizadora del torneo, la FIFA debe exigir que todas las ciudades y Estados anfitriones respeten los derechos humanos universales, y garantizar que ninguna persona aficionada, trabajadora o deportista sufra discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales. Asimismo, debe exigir la revisión y derogación activa de cualquier legislación discriminatoria”.

Libertad de prensa

Las y los periodistas que cubran el Mundial masculino de 2026 enfrentarán riesgos específicos y alarmantes tanto en México como en Estados Unidos. México continúa figurando entre los países más peligrosos y mortales del mundo para ejercer el periodismo, con profesionales expuestos a amenazas, hostigamiento y violencia por parte tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. La impunidad generalizada ante estos delitos genera un efecto paralizador y zonas de silencio en las que se suprime información crítica. En Estados Unidos, los periodistas podrían ser sometidos a controles intrusivos, monitoreo de redes sociales e incluso denegación de entrada al país debido a sus opiniones políticas percibidas, lo que pone en peligro su capacidad de informar con independencia.

“Quienes cubran el Mundial deben contar con acceso pleno y sin obstáculos, libres de restricciones arbitrarias, detenciones o violencia”, afirmó Antoine Bernard, director de incidencia y asistencia de Reporteros Sin Fronteras (RSF). “La FIFA y las autoridades locales deben adoptar medidas extraordinarias para proteger al personal de prensa: no solo garantizando el ingreso sin contratiempos de la prensa extranjera, sino también salvaguardando activamente a quienes cubrirán multitudes, espectadores entusiastas y posibles protestas. Es fundamental abordar la impunidad sistémica que permite que persista la violencia contra periodistas. Las fuerzas policiales locales deben fortalecer sus políticas para distinguir claramente entre periodistas, manifestantes, transeúntes y aficionados, y comunicar con transparencia las medidas que aplicarán para garantizar esa distinción, respetando plenamente la libertad e independencia de la prensa”.

Derechos laborales

La magnitud del Mundial masculino de 2026 requerirá una fuerza laboral masiva en las ciudades anfitrionas para operar estadios, servicios de hostelería, transporte y otros sectores clave. La desarticulación de programas federales y el clima abiertamente antisindical promovido por la administración Trump aumentan el riesgo de explotación laboral, trabajo infantil, robo de salarios y condiciones laborales peligrosas para estas personas trabajadoras esenciales.

“La amplia red de contratos para la construcción de estadios, la hostelería y los servicios vinculados al torneo en las ciudades anfitrionas debe estar cimentada en el respeto a los derechos laborales”, afirmó Luc Triangle, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI). “Nos preocupa profundamente que, sin protecciones laborales firmes y exigibles, este torneo termine impulsando el empleo precario y el trabajo infantil, reduciendo salarios y negando a las personas trabajadoras sus derechos fundamentales a organizarse y negociar colectivamente. La FIFA debe exigir un diálogo social efectivo y acuerdos jurídicamente vinculantes que protejan a todas las personas trabajadoras que contribuyan a la realización de este Mundial”.

Transparencia y lucha contra la corrupción

La Sport & Rights Alliance también ha expresado gran preocupación ante la escasa transparencia gubernamental y la debilidad de las normativas anticorrupción en torno a la organización del Mundial masculino de 2026, particularmente a raíz de recientes cambios de política en Estados Unidos y México. A medida que se aproxima el torneo, se hace imprescindible una supervisión rigurosa y un compromiso inquebrantable con los principios éticos para evitar que este evento global sea explotado con fines de lucro privado en detrimento de los derechos humanos y la confianza pública.

“El Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en un contexto global en el que los esfuerzos anticorrupción están cada vez más bajo presión”, señaló Tor Dølvik, asesor especial de Transparency International. “Todos los países anfitriones, así como la FIFA, deben asumir plenamente sus responsabilidades en la lucha contra la corrupción mediante el establecimiento de mecanismos integrales de gestión de riesgos que cierren posibles brechas, y de sistemas eficaces para detectar y denunciar irregularidades. La transparencia total sobre todos los gastos relacionados con el Mundial —antes, durante y después del torneo— será esencial para generar confianza y garantizar la integridad a lo largo de todo el proceso”.

Responsabilidad de la FIFA

Como principal responsable de un evento que dejará una huella profunda, la FIFA debe realizar una evaluación actualizada de debida diligencia en materia de derechos humanos y ejercer su influencia de manera clara y decidida para garantizar que el Mundial masculino de 2026 sea un evento que respete y promueva los derechos humanos.

Dicha evaluación debe incluir compromisos concretos para revertir políticas discriminatorias, fortalecer la protección de grupos históricamente marginados, asegurar una rendición de cuentas efectiva frente a las violaciones de derechos humanos y establecer mecanismos de denuncia que sean realmente eficaces, transparentes e independientes, permitiendo que las personas accedan a apoyo y reparación. No actuar con determinación pondría en serio riesgo el legado del Mundial masculino de la FIFA 2026 y sentaría un peligroso precedente para futuros megaeventos deportivos.

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La Sport & Rights Alliance tiene como misión promover los derechos y el bienestar de las personas más afectadas por los riesgos en materia de derechos humanos asociados a la organización de eventos deportivos. Entre sus organizaciones asociadas se encuentran Amnistía Internacional, The Army of Survivors, Reporteros Sin Fronteras, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales), la Confederación Sindical Internacional, Transparency International, y la World Players Association de UNI Global Union. Como coalición global que reúne a destacadas organizaciones no gubernamentales y sindicatos, la Alianza trabaja para asegurar que las entidades deportivas, los gobiernos y otros actores clave contribuyan a construir un mundo del deporte que proteja, respete y garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, derechos laborales, bienestar y protección de la infancia, y lucha contra la corrupción.

Junio es el Mes del Orgullo, una celebración de la comunidad LGBTQ+ que culminará con desfiles del orgullo en todo el mundo el próximo domingo 29 de junio. Pero también este mes, la administración Trump anunció que dejará de financiar una línea directa de prevención del suicidio LGBTQ que había atendido a más de 1.3 millones de jóvenes desde 2022. También durante junio la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición en Tennessee de la atención médica de afirmación de género para menores transgénero. Como contrapartida, en junio sí hubo una victoria para los defensores LGBTQ, porque un juez federal bloqueó la orden de la administración de negarse a emitir pasaportes a estadounidenses transgénero y no binarios.

Sobre estos temas versó la conferencia semanal de America Community Media (ACoM), cuya moderadora esta vez fue la editora Sunita Sorajbi. Ella comenzó presentando el tema: “En nuestra sociedad profundamente polarizada, ¿qué papel juega el orgullo en la formación de la identidad y la construcción de la comunidad? ¿Se ha generalizado tanto el orgullo que ya no tiene ningún significado? ¿Qué significa ser LGBTQ+ en este momento, cuando muchos en la comunidad sufren ataques por sus derechos fundamentales? ¿Qué significa ser LGBTQ+ en un momento en que el Mes del Orgullo de este año se produce en medio de polarización y retrocesos de derechos en todo el país?”. Y detalló: “Alrededor de 9 millones de adultos estadounidenses, o el 3.8%, se identifican como lesbianas o gays (1.7%), bisexuales (1.8%) o transgénero (0.3%)”.

El silencio vuelve a ser equivalente a muerte

La primera invitada en hablar fue Helen Zia, periodista y activista por los derechos de las personas asiático-americanas y LGBTQ+, y fundadora del Vicent Chin Institute. Ella empezó recordando su propia historia: “Hubo una época en la que nos reprimieron por completo, nos ocultaron y nos encerraron en un armario. No hace mucho, incluso hoy, incluso en comunidades activistas, mucha gente cree que es cosa de blancos, que no es algo de nuestras comunidades, que es una enfermedad blanca, pero no es posible eliminar nuestras identidades”.

Al describir una experiencia de su infancia como activista feminista asiático-estadounidense en Nueva Jersey, Zia dijo: “Me invitaron a una reunión de activistas asiáticos, negros y latinos. Al llegar, me dijeron que me sentara en el centro de la sala. Todos los demás estaban a mi alrededor en un semicírculo… y me dijeron: ‘Helen, hemos notado que andas con muchas lesbianas y necesitamos saber si eres lesbiana, porque la homosexualidad es una señal de la autocomplacencia de la pequeña burguesía blanca, y no tiene cabida en nuestras comunidades racializadas’”.

Con respecto a la actualidad de la comunidad LGBTQ bajo la administración Trump, Zia opinó: “Creo que vivimos en un momento increíblemente peligroso. No me cabe duda de que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo podría revocarse por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero también, como saben, en nuestras comunidades inmigrantes, vemos a personas queer, transgénero, detenidas para ser deportadas. Personas que han solicitado asilo porque en los países donde viven podrían ser asesinadas por ser quienes son. Han solicitado asilo aquí y están siendo detenidas, deportadas y encarceladas, prisiones terribles, donde, si sobreviven y son perseguidos en prisión, podrían ser deportadas al país del que solicitaron asilo, donde podrían ser asesinadas”.

En cuanto a acciones y vías de lucha a seguir, consideró: “Estas son consecuencias terribles que están ocurriendo en nuestras comunidades. Por eso creo que existen muchísimos peligros, y con más razón aún debemos alzar la voz. Durante la crisis del VIH/SIDA, los activistas tenían un dicho, un eslogan: el silencio es igual a la muerte. Y fue tan cierto en nuestras comunidades. Había tanta gente muriendo. Y eso es lo que está sucediendo ahora en muchas de nuestras comunidades. El silencio es sinónimo de muerte. No podemos permitirnos el silencio sobre los ataques que se están produciendo en nuestras comunidades”.

En cierto modo, nada ha cambiado

En segundo lugar, tomó la palabra Richard Rodríguez, autor de Days of Obligation. Al describir su crianza en Sacramento, California, con padres inmigrantes mexicanos católicos, dijo: “Mis hermanos convirtieron a mis padres… Mi hermano, abogado en San Francisco, me animó a salir del clóset hace mucho tiempo, y mi hermana era mi acompañante cuando quería ir a ver obras de teatro y musicales. Cuando encontró al hombre con el que se casaría, sentí que la había perdido, pero él, mi cuñado, terminó siendo quien me casó con mi pareja”.

Con respecto a lo que ha venido pasando este mes, Rodríguez coincidió con Zia y opinó: “Vivimos en un momento increíblemente peligroso. No me cabe duda de que el matrimonio civil para parejas del mismo sexo podría ser revocado. Estamos viendo cómo se detiene a personas queer que han solicitado asilo. Entre los 238 migrantes venezolanos deportados a El Salvador en marzo pasado, por ejemplo, se encontraba el maquillador gay Andry Hernández Romero. A finales de mayo, un juez federal también ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de un solicitante de asilo guatemalteco gay que fue deportado injustamente a México.

Y añadió: “Lo que veo ahora es que los gays en los medios suelen ser utilizados como figuras cómicas, personas de las que reírse o con las que reírse. Me entrevistan y hablo de homosexualidad, pero el artículo aparece en alguna revista y no menciona mi homosexualidad. Es como si no pudiera ser el autor de ese libro y también gay. Simplemente no pueden conciliarlo. Así que el artículo seguirá hablando de un libro que escribí, pero sin hacer ninguna referencia a la vida que vivo, a la que llevo. Y es esa falta de textura en nuestras vidas lo que me preocupa. Debo decir que, en cierto modo, nada ha cambiado”.

Y como ejemplo, dijo: “Todavía no hay futbolistas gays. Te declaras gay después de una carrera futbolística, pero no puedes hacerlo mientras eres miembro de un equipo, un equipo profesional de fútbol. Me preocupa que estemos mucho menos avanzados de lo que creemos”.

Es un momento de gran peligro

En último turno, hizo uso de la palabra Aruna Rao, directora ejecutiva de Desi Rainbow. Ella comenzó contando que hace una década, cuando su hijo se declaró transgénero, “no había mucha información disponible para padres inmigrantes. Me encontré con la única cara morena en las reuniones de apoyo y sentía que la gente no me veía realmente en su totalidad… Eso me llevó a pensar que no podía ser la única madre indoamericana de un niño queer y trans. Debe haber miles de estos padres. ¿Por qué no contaba con una comunidad de personas en la que pudiera apoyarme?”

Según Rao, “las personas LGBTQ+ tienen el doble de probabilidades que las personas heterosexuales de tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, y dos veces y media más probabilidades de experimentar depresión, ansiedad y abuso de sustancias en particular. Ninguno de estos problemas de salud mental se debe a ser LGBTQ+ o a salir del clóset, se debe al estigma y la discriminación que enfrentan las personas LGBTQ+. La familia termina casi tan aislada como las personas LGBTQ+”.

“En nuestras comunidades inmigrantes, la familia extendida y nuestra familia elegida de amigos son cruciales para el proceso de salida del armario de nuestros hijos, porque su aceptación determinará el éxito o el fracaso de un niño para vivir con autenticidad”, continuó, y agregó que la clave del orgullo tanto para los estadounidenses LGBTQ+ como para quienes buscan apoyarlos “es el apoyo de los pares, hablar con otros que han pasado por lo mismo”.

En cuanto a la actualidad en Estados Unidos, derivada de las políticas del gobierno de Trump, Rao coincidió con sus antecesores y dijo: “En la actualidad, vivimos en un momento de gran peligro para la comunidad trans. Este es un entorno muy inseguro para todos los niños, niñas y adultos trans. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que, dentro de la comunidad del sur de Asia, se genere una comunidad donde las personas se sientan seguras, y también para trabajar en el contexto más amplio de los derechos trans y apoyar a los niños, niñas y adultos trans en este país. Actualmente, la situación, el clima político, social y cultural para las personas transgénero es realmente aterrador. Lo que ha sucedido con esta administración es que se han emitido una serie de órdenes ejecutivas, cada una de las cuales niega la existencia misma de las personas transgénero, cuestiona su identidad legal, social y cultural”.

Como ejemplo de esta situación, enumeró: “Las personas transgénero actuales, cuando se emitieron las primeras órdenes ejecutivas, no podían solicitar un pasaporte que mostrara su identidad como persona trans. Por ejemplo, mi hijo, que es una persona transgéneromasculina, tendría que obtener un pasaporte que indicara que era mujer. Ahora, mi hijo básicamente tiene barba y bigote. Parece un hombre. Imaginen el destino de alguien como mi hijo, obligado a tener una identificación legal que no reconoce su identidad. Compromete su seguridad. Aumenta la disforia de género. Esto tiene muchas implicaciones. Una de las cosas que realmente quiero reconocer es que este es un momento de profundo dolor para la comunidad trans y para todas las familias y personas aliadas”.

En relación a la decisión de la Corte Suprema que ha mantenido en suspenso la prohibición que el Estado de Tennessee instituyó al afirmar que los menores no podían acceder a la atención de afirmación de género, dijo: “Esto tiene enormes implicaciones para el resto del país. Veinticinco estados, creo que la cifra podría aumentar a 27, ya han prohibido la atención de afirmación de género para menores. Esta es la decisión que realmente debería tomarse solo entre el padre, el niño y el profesional médico. Y ahora los políticos y los tribunales se están metiendo en medio de esta decisión. Los niños transgénero representan un porcentaje minúsculo de la población. De esa población, muy pocos optan por recibir atención médica de afirmación de género. Por lo tanto, la vida de estos niños está en peligro. Sus padres tienen que hacerlo si quieren mantenerlos, y ahora se encuentran en una situación en la que deben abandonar su estado o quizás no puedan acceder al tratamiento”.

En un momento Sorabji preguntó: “¿Esta decisión de la Corte Suprema para Tennessee es comparable con los mismos desafíos que tienen las mujeres con respecto a la atención reproductiva, donde los niños tendrán que viajar a estados que sean seguros para poder obtener la atención que necesitan?”

La respuesta de Rao fue: “Por supuesto, y también quiero señalar que no todos los niños y familias tienen los recursos para viajar. Nos referimos a personas que tienen la capacidad financiera para viajar fuera del estado y seguir brindando a sus hijos el tratamiento que necesitan. Nos referimos a las personas refugiadas de género, personas que se desplazan de un lugar a otro”.

“Y una cosa más que quiero señalar sobre este tipo de decisiones –continuó- es que, si bien hay muchos estados que han instituido leyes de protección, que esencialmente permiten que el tratamiento de afirmación de género esté disponible, independientemente de lo que suceda a nivel federal, hay tanta presión federal sobre las clínicas y hospitales que brindan esta atención que muchos de ellos están optando por cerrar de manera preventiva”.

Como ejemplo, detalló: “La noticia más importante que acaba de ocurrir es que el Hospital Infantil de Los Ángeles, prácticamente cerró su atención de afirmación de género para menores debido a la presión federal y a las amenazas de recortes de fondos. Y ésta es la clínica de género más antigua del país”.

Como conclusión, Rao dijo: “Es casi imposible que las personas accedan a la atención médica si no cuentan con los recursos necesarios. En esencia, se está creando una situación en la que las personas no podrán acceder a su atención médica. Y esto aplica solo a los menores. Este tipo de decisiones también afectará la atención médica para adultos, ya que las compañías de seguros podrían dificultarles el acceso a la atención. Por lo tanto, este es un problema crítico para la comunidad trans en este momento”.

He perdido la cuenta de las veces que me han maldecido en inglés por ser mexicana; con mensajes me han querido deportar un día sí y otro también; me han insultado por hablar español en voz alta y, bueno, soy periodista, también me han levantado el dedo acusatorio de noticias falsas, si lo que escribo no se alinea con la postura presidencial en turno. No me sorprende. En un sentido mórbido e injustificable, lo he normalizado.
Pero lo que no tolero es el intento de criminalizar nuestro trabajo de periodismo en español, de resistencia y resiliencia, de libertad de plumas y voces. No justificaré jamás la xenofobia, la intimidación, la censura y las ganas de cerrarnos los ojos, las bocas y los medios a la fuerza. Callarnos no es una opción.

El fin de semana, un colega salvadoreño fue arrestado mientras cubría una protesta en Georgia. Su detención quedó grabada en el mismo Facebook Live en el que transmitía en directo para miles de personas. Se identificó como prensa, evitó el contacto físico con los uniformados, no confrontó y obedeció; aun así, terminó arrestado y, aunque le fijaron una fianza, no pudo salir en libertad: las autoridades migratorias decidieron detenerlo.

Mario, a quien conozco desde hace poco menos de 10 años, tiene una autorización de empleo y un camino a la residencia permanente. Pero su estatus es un privilegio revocable, a merced de las políticas ante la falta de leyes.

Hasta hace unos meses, Mario pude haber sido yo.

Hoy, puede ser cualquiera de nosotros, que por hacer nuestro trabajo seamos etiquetados como delincuentes y terminemos en las estadísticas de esta presunta cuota de 3 mil deportados diarios, una meta establecida recientemente por la administración Trump para el ICE en ciudades lideradas por demócratas como Phoenix y Tucsón.

Lo que le pasó a Mario es un ataque directo a todos. Pasa más seguido de lo que nos gusta admitir en voz alta. Solo durante las protestas en Los Ángeles, California, la organización International Women’s Media Foundation (IWMF) documentó más de 20 incidentes de agresiones, intimidación e interrogatorios contra periodistas en tres días, al menos cuatro provocadas por armas ‘no letales’.

Pero, a veces el acoso viene de fuera, pero otras muchas pueden ser por parte de los nuestros. En California, una periodista alega que fue despedida de un periódico en San Diego por haber escrito un editorial sobre las protestas violentas en Los Ángeles; colegas en Arizona nos cuentan que no van a cubrir protestas ni marchas porque temen que su situación migratoria los ponga en riesgo y terminen siendo ellos los titulares de la nota… Todos los días es algo nuevo. Esta intimidación, desde la Casa Blanca hasta las redacciones, nos intenta sofocar.

Pero somos resilientes. Aguantamos todo; de más. El periodismo local, independiente, con contexto migratorio y cultural, que nos represente, es más importante que nunca. Estas tácticas permiten que solo otros cuenten historias de nosotros y no con nosotros. Ya no más.

Nuestras comunidades tampoco son desechables. La democracia se construye con una variedad de voces que enfrentan los conflictos desde la curiosidad y no la confrontación, no desde un autoritarismo intimidante. Tenemos el derecho de tejer nuestras palabras para hoy y para la historia; tenemos el derecho de informarnos; tenemos el derecho de hablar español y de unirnos para que nadie nos silencie nunca más.

En una escalada alarmante de tácticas autoritarias, la administración de Donald Trump está llevando a cabo una campaña sistemática para silenciar a disidentes, incluyendo a funcionarios electos, líderes sindicales y activistas. Esta ofensiva tiene como objetivo suprimir la oposición y sembrar el miedo en todo el país. El reciente arresto de Brad Lander, contralor de la Ciudad de Nueva York y candidato a la alcaldía, es un claro ejemplo de esta preocupante tendencia.

Lander fue detenido el 17 de junio por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba acompañar a un inmigrante desde una sala de audiencias en Manhattan. Lander, criticó de las políticas migratorias del gobierno, exigió ver una orden judicial antes de permitir que se llevara a cabo el arresto del inmigrante. En lugar de cumplir con el debido proceso, los agentes lo esposaron y lo acusaron de agredir a un oficial federal e interferir con un agente del gobierno. El arresto ha provocado una ola de condenas por parte de figuras políticas, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul quien describió el hecho como abuso del poder.

Pero el caso de Lander no es un hecho aislado. Esta política de mano dura ha derivado en la detención de varias figuras políticas y sindicales que se atreven a desafiar las órdenes de Trump.

Entre ellos se encuentran el alcalde de Newark, Ras Baraka, arrestado por intentar supervisar una instalación de detención de ICE; la representante LaMonica McIver, acusada de agredir a un oficial durante una protesta por el arresto de Baraka; el representante Jaime Gómez, detenido por interferir en una operación de ICE; y la representante Norma Torres, arrestada por intervenir en una redada.

La represión también se extiende al poder judicial. En Wisconsin, la jueza de circuito Hannah Dugan fue arrestada por supuestamente ayudar a un ciudadano mexicano a evadir a los agentes de ICE.

En California, el senador nacional Alex Padilla (D-California) fue detenido por agentes federales durante una conferencia de prensa, solo por tratar de hacerle preguntas a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre las políticas migratorias. Padilla, a pesar que claramente se identificó, fue empujado bruscamente fuera de la sala por los agentes, lo tiraron al suelo y lo esposaron.

Tras la detención del senador Padilla, el gobernador de California, Gavin Newsom, resumió el sentimiento de amplios sectores de la ciudadanía: “Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso”, escribió Newsom. “Trump y sus soldados de choque están fuera de control. Esto debe acabar ya”.

Estos actos representan una violación directa a la separación de poderes y una alarmante señal del uso del aparato estatal para intimidar a quienes defienden el Estado de Derecho.

El miedo se ha propagado por las grandes ciudades de la nación. Las personas temen salir de casa para hacer actividades cotidianas como ir al mercado, a la iglesia, o llevar a los hijos a la escuela o al parque. El temor a ser detenidos ha provocado una crisis en los mercados laborales locales: trabajadores evitan presentarse a sus empleos paralizados por la incertidumbre. Esta situación está destruyendo el tejido social de Estados Unidos y erosionando la confianza en las instituciones públicas.

Como muchos han sugerido, las acciones de esta administración evocan los métodos de regímenes autoritarios que utilizan el poder del Estado para reprimir a la población. ICE, que en teoría debería ser una agencia que vela por la seguridad y el cumplimiento de la ley, con sus agentes enmascarados y en carros sin identificación, cada vez se parece más a una policía secreta, temida por su brutalidad y falta de rendición de cuentas.

El Congreso Nacional y el Poder Judicial deben actuar con urgencia para detener inmediatamente este abuso de poder y restaurar el Estado de Derecho. Los funcionarios electos tienen la obligación moral de defender las libertades civiles y los principios fundacionales de la nación. El pueblo estadounidense debe exigir rendición de cuentas y rechazar estos intentos de desmantelar la democracia.

El arresto de Brad Lander es una llamada de atención. Es una señal clara de que la democracia está en peligro. Defenderla requerirá valentía, unidad y un compromiso firme con los valores que han definido a Estados Unidos durante generaciones. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perder todo aquello que una vez dimos por sentado.

Preocupado por la situación nacional, Lander escribió en el sitio X: «Todos estaremos peor si dejamos que Donald Trump y su régimen fascista atenten contra el Estado de derecho».

Hoy me uniré a mis familiares, amigos y vecinos para marchar en protesta. Una protesta no sólo en contra de un hombre, sino contra el sistema que intenta imponer.

Mientras en Washington, D.C, Donald Trump conmemora su cumpleaños con un desfile militar con miles de soldados, carros de asaltos blindados, tanques y aviones de guerra, el pueblo estadounidense con vocación democrática marcha en centenares de ciudades del país contra su régimen.

Las manifestaciones, un Día sin Reyes (´No Kings Day´), son un recordatorio de que hace 250 años se peleó una Guerra Revolucionaria en contra de un monarca británico que quería avasallar al pueblo.

Hoy marcho porque veo con claridad los signos aterradores del autoritarismo emergiendo aquí mismo, en los Estados Unidos de Jefferson y Madison.

En las últimas semanas, Donald Trump ha convertido la aplicación de las leyes migratorias en un arma política. Agentes federales enmascarados están secuestrando inmigrantes en las calles y lugares de trabajo, enviándolos a centros de detención remotos sin el debido proceso legal. La mayoría de las personas detenidas no tienen antecedentes penales. Son trabajadores honestos, padres y madres, y hasta niños, que desaparecen como en las dictaduras militares latinoamericanas de otras épocas.

Hoy marcho porque Los Ángeles está bajo ocupación militar. Más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina patrullan nuestras calles, sin haber sido convocados por el gobernador Gavin Newsom ni por la alcaldesa Karen Bass.

Su presencia es una provocación, no una protección. Las protestas en Los Ángeles han sido mayoritariamente pacíficas. Aun así, Trump nos presenta como una amenaza. Absurdamente afirma que somos parte de una “invasión extranjera” y acusando a los líderes estatales y locales de traición. Es un intento burdo de deslegitimar la disidencia y demonizar a los inmigrantes.

Hoy marcho porque este régimen ha comenzado a atacar no sólo a civiles, sino también a funcionarios públicos. Cuando el senador Alex Padilla cuestionó a la secretaria de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, fue esposado y retirado por la fuerza. ¡Un senador en funciones!

Días antes, el juez federal Charles Breyer dictaminó que las acciones de Trump eran inconstitucionales. Horas más tarde, esa decisión fue congelada por una corte superior, bajo enorme presión política. El Estado de Derecho está siendo desmantelado ante nuestros ojos.

Hoy marcho porque la historia nos muestra que, en momentos de crisis, cuando la crueldad estatal reina, el silencio es complicidad. Y hoy, en esta ciudad que ahora es mi hogar, me niego a guardar silencio.

Los tanques de Trump desfilan en Washington, D.C. en su grotesca exhibición de poder. Pero aquí, en Woodland Hills, marchamos en un desfile muy distinto. Un desfile de hombres, mujeres y jóvenes que hacemos eco de las voces de aquellos que en 1775 se negaron a ser gobernados por un tirano lejano. Esta vez, sin embargo, el tirano vive entre nosotros.

Por eso marcho hoy. Por la dignidad. Por la democracia. Por el derecho a vivir en libertad y poder expresarnos libremente.

Nico borró todos los mensajes de su teléfono celular antes de aterrizar en Estados Unidos. Se aseguró que en su galería no hubiera imágenes ni memes de Trump o cualquier otra fotografía que pudiera ser considerada como un “ataque” a este país. Se puso una camisa de manga larga para cubrir sus tatuajes y pasó por inmigración con un nudo en el estómago que le incomodaba hasta para respirar.

Todo sereno.

No es el primer viaje de Nico a la Unión Americana. Tiene una visa de trabajo y ha vivido en Nueva York por largos periodos de tiempo, pero jamás había sentido esa incertidumbre que te da el no tener un estado migratorio sólido que, aunque legal, sigue siendo muy vulnerable a las políticas actuales.

No es el único.

Miles de estudiantes y trabajadores con visas temporales tienen miedo de cruzar fronteras y volver a casa. Temen que, si se van de vacaciones, quizá no puedan regresar a Estados Unidos por lo volátil del sistema migratorio y los cambios ejecutivos en las prioridades de seguridad nacional. Tampoco se sienten seguros al quedarse; son extranjeros a los que se les recuerda a cada rato que están aquí por un privilegio, y bueno, que es revocable por casi cualquier motivo.

Ser un migrante documentado ya no da paz.

Residentes permanentes han decidido quedarse debajo del radar para no arruinar -por cualquier situación- la posibilidad de un ajuste de estado migratorio que los lleve a la ciudadanía. Viajan menos, se exponen de a poquito y están alertas. Temen que por un error administrativo terminen en un centro de deportación que arrase con todos los sacrificios que hicieron para legalizar su estado.

Y esto no para.

La sensación de desasosiego también roza a los ciudadanos naturalizados, más aún a aquellos que hace muy poco recibieron su pasaporte azul. Para ellos la que era impensable posibilidad de perder las garantías de su nueva patria por alguna acusación infundada era algo así como ciencia ficción. Ahora no bajan la guardia ni sueltan el cuerpo. Saben que su ciudadanía no es tan poderosa como la que te otorga el nacimiento. Y se inquietan, aunque las posibilidades de perderla sean muy remotas.

Qué ironía.

Según el Migration Policy Institute, en 2023 había 47.8 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, y más de tres cuartas partes de ellos de manera legal; es decir, son residentes permanentes, ciudadanos naturalizados y personas con visas temporales. Esto incluye residentes permanentes, ciudadanos naturalizados y personas con visas temporales. Además, en el año fiscal 2023 el Departamento de Estado emitió 10.4 millones de visas temporales para turistas, estudiantes y otros visitantes. Es decir, migrantes que entraron a este país con todas las de la ley.

Creíamos que el sistema obsoleto de migración castigaba solo a aquellos que llegaban a esta patria -o se quedaban- de una manera irregular; pero ahora son aquellos los que “hicieron las cosas bien” los que también pierden el sueño. ¿Es en verdad este el país que les daría todo lo que en el suyo se les negó? ¿O es salir de un infierno a otro que se confunde con cielo?

Esta es nuestra nueva realidad migrantes: documentados, pero sin sosiego.

Junio es el Mes de la Herencia Inmigrante y este año se conmemora en medio de uno de los ataques más virulentos contra los inmigrantes que enriquecen al país con su trabajo, su pago de impuestos, su mano de obra en industrias vitales de nuestra economía, su cultura, su ingenio y su emprendimiento.

Pero la cruzada antiinmigrante de Donald Trump desecha todos esos aportes y tilda a todos los inmigrantes, con o sin documentos, de “criminales” que hay que remover del país.

Operativos destinados a violar los derechos humanos

Una y otra vez se confirma que la red de Trump va más allá de inmigrantes con historial delictivo. Este pasado fin de semana uno de los detenidos fue un estudiante de 18 años de edad de la secundaria Milford en Massachusetts, Marcelo Gomes-Da Silva, mientras se dirigía a una práctica de voleibol. Aparentemente, los agentes detuvieron el auto conducido por el joven porque su objetivo original era el padre de Marcelo, quien no viajaba con él.

Su detención ha desatado críticas y protestas de la comunidad y es una de las más claras evidencias de que el norte de la política migratoria de Trump es la crueldad y no hay distinción entre un criminal y un estudiante de secundaria sin récord delictivo que pasa a ser prioridad de deportación. Un joven que llegó a Estados Unidos desde Brasil siendo un niño, que es atleta, estudiante de honor en su secundaria donde también es integrante de la banda musical.

Ximena Arias-Cristóbal, una Dreamer de 19 años de edad, fue detenida por ICE en Georgia, una experiencia, dijo, que la marcó para siempre. En una conferencia de prensa virtual organizada por America’s Voice, la joven señaló que “esto no es solo un problema de inmigración, es un problema de derechos humanos”. “Se está despojando a las personas de su dignidad y sus libertades básicas, y es algo que no podemos ignorar”.

Casos similares se repiten a través del país, de inmigrantes detenidos y deportados que no representan un peligro para la sociedad. Como el caso de una mesera de Kennett, Missouri, una localidad que apoyó a Trump y que ahora cuestiona por qué Carol, oriunda de Hong Kong y quien lleva 20 años viviendo y trabajando en esta comunidad y tiene dos hijos y una hija ciudadanos, fue detenida y podría ser deportada.

La comunidad se ha volcado a defender a Carol firmando peticiones para evitar su deportación y recaudando fondos para la familia. Carol le dijo al periodista Greg Sargent en su podcast The Daily Blast que “me sorprendió mucho. No sabía que tanta gente me quería”.

En San Diego agentes migratorios descendieron sobre un restaurante para detener empleados cual si se tratara de un operativo militar. La comunidad intervino y los agentes respondieron lanzando bombas de humo.

Los agentes se personan además en las cortes de inmigración para detener inmigrantes que acuden a sus citas rutinarias, en gran medida personas sin historial delictivo que no representan una amenaza a la seguridad nacional. Son objetivos fáciles en momentos en que Trump quiere aumentar la cifra de detenidos y deportados.

Una avalancha de acciones para abrumar a la comunidad

Aunque muchas comunidades han alzado sus voces y la rama judicial ha frenado muchas acciones del presidente, estamos lidiando con una rama ejecutiva que desafía abiertamente los fallos judiciales, tiene un aliado en la rama legislativa, y está empleando tácticas propias de una autocracia.

La avalancha de acciones de esta administración en inmigración y en otros rubros pretenden abrumar y aturdir al público, a activistas y a los sectores que buscan frenar muchas de estas iniciativas anticonstitucionales y dañinas que no respetan el debido proceso de ley ni el estado de derecho.

Para colmo, la medida fiscal que aprobó la Cámara Baja y que ahora pasa al Senado, aumenta dramáticamente el presupuesto de las agencias migratorias para agigantar la maquinaria de deportaciones y seguir sembrando terror en la comunidad.

Eso sin contar con las draconianas medidas que recortan drásticamente fondos del Medicaid, el seguro médico de los pobres, y las estampillas de alimentos, entre otros programas, para financiar un jugoso recorte de impuestos para multimillonarios.

El peligro inherente es que todo esto se normalice del mismo modo que se han normalizado las falsedades y las mentiras que emanan de Trump y de sus súbditos.

En este Mes de la Herencia Inmigrante es urgente un llamado a la acción