Ataque al derecho de votar en el Sur de EE.UU.

El próximo 24 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará un caso de redistribución de distritos electorales en Luisiana. Crucial para la lucha por una representación justa de los votantes afroamericanos y minoritarios en ese estado y en todo el sur. El caso surge inmediatamente después del histórico caso Allen v. Milligan, en el estado de Alabama, donde la Corte Suprema ratificó la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto (VRA), afirmando la necesidad de una representación justa de los votantes afroamericanos.

Este fue el tema de la conferencia de prensa del viernes 14 de marzo de Ethnic Media Services (EMS), cuya anfitriona y moderadora fue Pilar Marrero, editora asociada de EMS. Ella presentó el tema: “El caso de Luisiana presenta ahora la siguiente prueba importante en esta batalla legal en curso. Con los líderes estatales trabajando activamente para debilitar las protecciones electorales, el resultado de este caso podría tener consecuencias nacionales para el derecho al voto y la representación en todo el país. Cómo las reglas del tribunal podrían tener un impacto crítico en los derechos de votación, especialmente en el sur, pero también en la nación”.

La primera oradora en tomar la palabra fue Victoria Wenger, asesora de la Legal Defense and Educational Fund. Inc. (LDF) de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Ella empezó diciendo: “El caso Luisiana v. Calais ha transitado un largo camino hacia la Corte Suprema, implicando varias demandas y un contexto complejo. Tras el censo de 2020, en el cual la población afroamericana de Luisiana creció y la blanca disminuyó, la legislatura estatal trazó un mapa electoral que limitaba la representación de los votantes afroamericanos, a pesar de las advertencias sobre posibles violaciones de la VRA”.

“En 2022 –siguió contando-, se presentó una demanda alegando que solo uno de los seis distritos electorales representaba a la población afroamericana, lo que fue prohibido por un tribunal que exigió un nuevo mapeo. A pesar de esto, la legislatura no cumplió e implementó un mapa con un solo distrito de mayoría afroamericana. Posteriormente, en 2023, la Corte Suprema falló en el caso Milligan, reafirmando la VRA y permitiendo que se revisara”.

Luego agregó: “Con un nuevo gobernador y una gran mayoría republicana, la legislatura finalmente creó un nuevo mapa con dos distritos de mayoría afroamericana, aunque con críticas sobre su diseño. Un grupo de votantes no afroamericanos presentó una demanda argumentando manipulación racial en el nuevo mapa, lo que plantea un conflicto entre la Cláusula de Igual Protección y la VRA”, y finalmente remarcó que “el caso refleja la lucha por la representación equitativa en Luisiana y cómo se equilibran consideraciones políticas, raciales y legales en la elaboración de distritos electorales”.

Se trata de si este país pertenece a todos o a unos pocos

Alanah Odoms, directora ejecutiva de la American Civil Liberties Union of Luisiana (ACLU-LA), compartió su experiencia de participar en el 60º aniversario del Domingo Sangriento en Selma, Alabama, resaltando la importancia del derecho al voto y el legado de quienes lucharon por ello.

En un momento emocionante, ella dijo: “Caminé con mis hermanos y hermanas de la ACLU, de 13 estados del sur, levantando las banderas que exigen nuestro derecho al voto”.

En relación a la historia de lucha por la democracia en Luisiana, caracterizada por discriminación y exclusión, señaló: “Aunque algunos avances se han logrado, el camino está lejos de terminar, 60 años después, aquí estamos, todavía marchando, todavía peleando, todavía litigando”. En ese sentido, consideró a la justicia y la democracia como una construcción permanente: “La justicia no es automática. Es algo por lo que debemos luchar generación tras generación, en los últimos tiempos hemos visto que el derecho al voto ha sido restringido”.

Explicó también: “Conservadores como los que participan en el caso ante la Corte Suprema parecen creer que esta lucha es, de alguna manera, discriminación inversa. Es más, creen que nunca hubo ningún problema hasta que los votantes afroamericanos empezaron a quejarse, y que, si simplemente desapareciéramos, el problema desaparecería. Sin embargo, lo que sabemos es que cuando luchamos, ganamos”.

En cuanto a la historia de esta realidad social, explicó: “Hubo un momento, un breve lapso después de la Guerra Civil, en que la democracia en Luisiana se veía diferente. Durante la reconstrucción, seis afroamericanos fueron elegidos al Congreso por Luisiana, un testimonio del poder que ejercieron los votantes afroamericanos cuando finalmente tuvieron acceso al voto. Pero la historia nos enseña que, cuando se avanza, a menudo hay una reacción negativa”. “Tan pronto como los votantes afroamericanos comenzaron a ejercer una influencia real –continuó-, los legisladores blancos actuaron con rapidez para despojarlos de ese poder. El fin de la Reconstrucción marcó el comienzo de una era de violenta supresión del voto, leyes de Jim Crow y artimañas constitucionales que borraron a casi todos los votantes afroamericanos del censo. La célebre Constitución de Luisiana de 1898 introdujo exámenes de alfabetización, impuestos electorales y cláusulas de derechos adquiridos, todo ello diseñado para impedir que los afroamericanos votaran. Y funcionaron. El registro de votantes afroamericanos prácticamente desapareció en tan solo unos años”.

Sin embargo, remarcó: “Ahora, la población afroamericana representa más del 30 por ciento de la población de Luisiana, y tenemos que entender que votar es más que solo papeletas y elecciones. Se trata de dignidad. Se trata de poder. Se trata de si somos vistos, de si nuestras voces importan, de si este país realmente nos pertenece a todos o solo a unos pocos. Y por eso no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados esperando que los tribunales hagan lo correcto. La justicia no es automática. Es algo por lo que debemos luchar generación tras generación. Es algo que debemos exigir”.

Ella recordó: “Quienes marcharon por ese puente en Selma hace 60 años no esperaron permiso para ser libres. No esperaron a que los tribunales ni los políticos decidieran que era el momento de reconocer su humanidad. Caminaron, marcharon, sangraron, litigaron. Y gracias a ellos, el derecho al voto se convirtió en ley. Pero sabemos que la ley por sí sola no basta. Hemos visto cómo se han destruido los derechos de voto. Hemos visto cómo se han manipulado los mapas. Hemos visto cómo la democracia se desmorona ante nuestros ojos. Y por eso debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. Tenemos que seguir litigando. El caso Robinson contra Calais será una decisión importante”.

En tercer lugar, tomó la palabra Ashley Shelton, directora ejecutiva de Power Coalition for Equity & Justice, que trabaja para empoderar a los ciudadanos, especialmente a aquellos históricamente privados de sus derechos, para que ejerzan su poder como votantes. Desde el censo de 2020, se han movilizado a la comunidad, incluso durante la pandemia, para asegurar un recuento justo y educar sobre la redistribución de distritos electorales.

Ella remarcó que “a lo largo de este proceso, han destacado la importancia de que los ciudadanos expresen sus voces y han logrado una notable participación en audiencias y sesiones de redistribución. Comentarios de jóvenes sobre la falta de confianza en las decisiones legislativas reflejan el deseo de justicia y representación. A medida que se preparan para los argumentos del caso Robinson contra Calais, han trabajado arduamente para educar y movilizar a la comunidad, organizando manifestaciones y destacando el aumento en la participación electoral de la población afroamericana al sentirse representada”.

“A pesar del avance en la representación con un nuevo mapa que incluye distritos más equitativos –explicó-, la lucha por la equidad y la justicia sigue siendo urgente en Luisiana. Además, están lidiando con un contexto legal complejo donde representan las voces de los votantes afroamericanos mientras colaboran con el estado para defender la soberanía legislativa. La incertidumbre en torno a cómo los jueces interpretarán los casos anteriores y las leyes actuales añade un nivel de dificultad a la situación, destacando la necesidad de continuar luchando por los derechos de los acusados”.

No se trata solo de redistribución de distritos, sino de poder popular

Luego fue el turno de Davante Lewis, miembro de la Louisiana Public Service Commission, quien en 2022 fue la primera persona abiertamente LGBTQ+ elegida para un cargo estatal en Luisiana. Representa al Distrito 3 de la comisión, donde supervisa la regulación de los servicios públicos en una región que abarca partes de Baton Rouge, Nueva Orleans y las parroquias circundantes.

Él fue enfático en decir: “En Luisiana, la demanda de un segundo distrito refleja que un tercio de la población afroamericana, que representa el 33 por ciento del estado, debería estar representada en la delegación del congreso. Actualmente, hay seis escaños, lo que significa que al menos dos deberían ser ocupados por representantes de la población afroamericana”.

También relató: “Esta demanda, en la que participé, tenía como objetivo asegurar que defendiéramos a cada luisiano y les diéramos la oportunidad de alzar su voz. Una de las cosas que sucede aquí en Luisiana es que casi todos los jueces que tenemos son cargos electos. Por lo tanto, asegurarnos de ampliar la base, incluyendo a personas para facilitar la participación electoral, también genera una estrategia judicial diferente aquí en Luisiana, porque sabemos que el poder judicial está profundamente vinculado a nuestro proceso electoral en el estado de Luisiana. Así que creo que hay ramificaciones en ambos lados que deben ser consideradas en primer plano, y veremos las ramificaciones de esto, dependiendo de cómo falle el tribunal”.

Por último, consideró: “Creo que se verán más afectados, sinceramente, no en este caso, sino en nuestro caso de redistribución de distritos legislativos estatales, donde estamos viendo un crecimiento poblacional, especialmente fuera del área metropolitana de Nueva Orleans, con una fuerte concentración de población latina, así como de la comunidad vietnamita. Recientemente recibimos datos que muestran una migración bastante emigrante del estado de Luisiana. Sin embargo, la migración interna de estas dos comunidades es lo que mantiene relativamente estable el centro poblacional alrededor de Nueva Orleans”.

Antes del final de la conferencia, la moderadora Pilar Marrero pidió una reflexión a Anisha Hardy, directora ejecutiva de Alabama Values. “¿Podría decirnos qué mensaje le gustaría que nuestros medios se llevaran de esta sesión informativa?”, preguntó Marrero.

A lo que Hardy respondió: “Creo que lo más importante de lo que hemos discutido hoy aquí es que no se trata solo de redistribución de distritos, sino del poder popular, porque tener derecho a voto no basta si ese voto no se traduce en poder real. Y algo que hemos aprendido, los datos del censo, nos muestran que nuestro país se está volviendo más diverso en términos de raza, etnia, cultura e ideología política. Y, sin embargo, lo que estamos presenciando ahora mismo es un intento desmesurado de concentrar el poder en manos de unos pocos a expensas y subyugando a los votantes negros de Luisiana y otros estados, y a otros miembros de comunidades marginadas y sub representadas”.

Y concluyó contundentemente: “Por eso, quería dejar claro por hoy que esto no es solo un asunto técnico y que, cuando hablamos de una representación justa, la representación va más allá de quién ocupa el escaño, porque la representación significa estar en comunidad, comprender las luchas, las esperanzas y las realidades de las personas a las que se sirve para poder aprobar políticas que mejoren su calidad de vida”.