La Corte Suprema vota por los intereses corporativos y contra la salud de la población

Desde que el Presidente Trump asumió su puesto, muchos esperaban que la Suprema Corte de Justicia (SCOTUS por sus siglas en inglés) interviniese en los destinos de la nación estadounidense para frenar los excesos del mandatario en su sed de poder. Esta expectativa se basa en la tradición de la institución y la creencia de que en última instancia los jueces deben hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso.

Así, gobernadores de estados atacados, jefes de agencias despedidos, defensores del medio ambiente alarmados y más han acudido a los tribunales en busca de justicia. Sus demandas llegarán en última instancia al tribunal máximo

Sin embargo, un vistazo a las decisiones de SCOTUS en el último año revela lo obvio. Con una composición de seis jueces conservadores y tres liberales, el tribunal ha adoptado en los últimos años decisiones ultra conservadoras, en diversos temas.

Los últimos ejemplos: el 25 del mes pasado la corte dictaminó que quienes ganan fallos en casos de derechos civiles no necesariamente podrán recuperar sus honorarios legales. A fines de enero mantuvo vigente la práctica de Mississippi de quitar el derecho al voto a las personas condenadas por el robo de madera y que ya cumplieron sus sentencias, una ley de la era de Jim Crow.  

Pero es también significativo que anteriormente, SCOTUS decidió que la Agencia federal de Protección al Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) no tenía autoridad para limitar la contaminación de las chimeneas que se propaga a través de las fronteras estatales. También derogó una norma propuesta por la EPA para proteger millones de acres de humedales de la contaminación.

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Un caso adicional en el tema del medio ambiente y es su decisión de la semana pasada, por cinco votos contra cuatro, de limitar la autoridad de la EPA de imponer regulaciones al manejo de aguas residuales vertidas al océano, autoridad conferida a la agencia por la Ley de Agua Limpia de 1972. El tribunal dio la razón a una coalición de grupos comerciales e industriales de minería y petróleo y la ciudad de San Francisco de que pese a que la EPA tiene autoridad para detallar las regulaciones, no tiene la capacidad de penalizar a San Francisco con multas y demandas criminales por violarlas.  

Es una cuestión importante para la salud de las poblaciones que viven en las costas. Las descargas de desechos humanos del sistema de alcantarillado de San Francisco supuestamente han provocado graves infracciones de los estándares de calidad del agua, como «decoloración, espuma y material flotante”, citando a la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que se plegó a las tres juezas liberales en oposición al dictamen. 

La ciudad alegó que las multas podrían llegar a centenares de millones de dólares y pidió claridad en la interpretación de la ley. Quizás lo hizo para alejarse del resto de los demandantes, que son corporaciones y sus representantes. 

Expertos calculan que la sentencia limitará la capacidad de la EPA para frenar la contaminación marina tanto en la costa del Pacífico como del Atlántico, incluyendo en Nueva York, Boston y Washington D.C.

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Así, CNN informó de esto bajo el título: “La Corte Suprema permite que San Francisco descargue más aguas residuales sin tratar en el Océano Pacífico”.

Y no menos alarmante es la erosión en la interpretación de la Ley de Agua Limpia impuesta por los cinco jueces que conformaron la mayoría. 

El mes pasado, el Presidente Trump decidió que en adelante la EPA sólo protegería “el aire y el agua limpios”, y dejaría de lado temas como la limpieza de áreas contaminadas, pesticidas, sustancias tóxicas y los desechos; y Lee Zeldin, su nuevo administrador, propuso un recorte del 31% de su presupuesto.

El tema de la calidad del agua y la autoridad de la EPA son parte del repertorio del nuevo gobierno de Trump contra los avances de los últimos años en materia de medio ambiente, con el resultado de reducir las protecciones a la población. Queda por ver si la Corte Suprema apoyará las tendencias más peligrosas del presidente o si será un último escollo en su campaña por más poder 

Autor

  • Fundador y co-editor de HispanicLA. Editor en jefe del diario La Opinión en Los Ángeles hasta enero de 2021 y su actual Editor Emérito. Nació en Buenos Aires, Argentina, vivió en Israel y reside en Los Ángeles, California. Es periodista, bloguero, poeta, novelista y cuentista. Fue director editorial de Huffington Post Voces entre 2011 y 2014 y editor de noticias, también para La Opinión. Anteriormente, corresponsal de radio. -- Founder and co-editor of HispanicLA. Editor-in-chief of the newspaper La Opinión in Los Angeles until January 2021 and Editor Emeritus since then. Born in Buenos Aires, Argentina, lived in Israel and resides in Los Angeles, California. Journalist, blogger, poet, novelist and short story writer. He was editorial director of Huffington Post Voces between 2011 and 2014 and news editor, also for La Opinión. Previously, he was a radio correspondent.

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