Trump quiere una Suprema Corte sumisa y obediente

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos accedió ayer a la apelación de la administración Trump y revirtiendo fallos de instancias judiciales inferiores le permitió despedir a 16,000 trabajadores temporarios que habían sido expulsados el mes anterior sin el debido proceso.

El tribunal supremo dijo que las organizaciones sin fines de lucro y los nueve sindicatos que impugnaron la medida carecían de legitimación, o sea que no podían representar los intereses de los implicados en la medida de fuerza. Pero, si los sindicatos de empleados federales no pueden representarlos en corte, ¿quién puede?

El despido masivo de los empleados, todos los cuales estaban menos de un año en sus puestos, no puede justificarse por mal desempeño o por faltas cometidas.

Menos se puede explicar por la necesidad de supuestos recortes, ya que los salarios federales de las seis dependencias no llegan, en conjunto, al 10% de sus presupuestos.

El mes pasado, el juez de distrito William Alsup de California había ordenado al gobierno restituir los empleos en los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.

El juez Alsup también criticó a los abogados del gobierno por negarse a presentar el testimonio del director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM por sus siglas en inglés) Charles Ezell, que fue quien personalmente dio la orden de despido.

El juez en ningún momento invalidó el derecho del gobierno a disponer de sus propios empleados, sino que dispuso que la manera de despedirlos en masa fue ilegal.

Ayer, al invalidar el derecho de los demandantes a presentarse en corte representando a los empleados despedidos, el tribunal supremo ni siquiera tuvo que lidiar con los méritos de la demanda y de esa manera permitió el accionar radical del gobierno de Trump.

Esta deferencia a las acciones del ejecutivo equivale a una capitulación del poder judicial, que según la Constitución tiene iguales poderes que los de la presidencia y el Legislativo.

La de ayer se agrega a la decisión del día anterior por parte del presidente del Supremo, el juez John Roberts, que invalidó la orden de la jueza federal  Paula Xinis de Maryland de retornar a Estados Unidos a Kilmar Abrego Garcia, un venezolano inmigrante legal que languidece en la megacárcel CECOT de El Salvador porque fue deportado “por error”, tal como lo reconocieron los abogados del gobierno, y contraviniendo una orden judicial que lo protegía desde 2019.

La jueza había dicho que García fue detenido “sin ninguna autoridad legal” y retenido “sin base legal”, en “contravención directa” de la ley estadounidense. Un tribunal de apelaciones reafirmó su decisión.

Además, García nunca ha sido condenado ni acusado de ningún delito.

Todo lo cual no fue considerado por la Suprema Corte. Roberts permitió que “por el momento” García quede en prisión.

Esto también se agrega a la andanada de insultos proferidos contra los jueces que fallan en su contra por el mismo Trump, magnificado por su portavoz de prensa Karoline Leavitt.

Si la Suprema Corte de Justicia se transforma en un sello de goma para las acciones de Trump, tal como él lo ha estipulado, si los jueces prefieren su sumisión al Presidente a su integridad y prestigio profesional la transformación del país a un régimen autoritario tendrá menos obstáculos. Es necesario que los jueces cumplan con sus obligaciones y sus juramentos constitucionales.