Un supremo espaldarazo a las deportaciones expeditas de Trump

En una decisión dividida (5-4) la Suprema Corte de la nación falló que, por ahora, el gobierno de Donald Trump puede seguir deportando venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, aunque declaró que los inmigrantes deben ser notificados de que se les quiere remover bajo el acta, y tienen derecho a impugnar ante un juez su orden de deportación.

Cuando gobernar es violar el estado de derecho

Así, el fallo permite que tanto Trump como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representen a un grupo de inmigrantes, canten victoria. Pero en realidad, el Supremo no abordó la constitucionalidad de la ley arcaica y hay muchos detalles sin aclarar sobre el futuro de los que ya fueron deportados y encerrados en la cárcel CECOT en El Salvador.

Incluso, ahora los inmigrantes deben apelar sus casos en Texas, donde están detenidos, y ante jueces conservadores con altas probabilidades de fallar a favor de Trump.

Queda por ver además cómo el gobierno de Trump se desenvolverá pues sigue pisoteando el debido proceso de ley y el estado de derecho en una cruenta guerra contra los inmigrantes de color que puede afectar a ciudadanos e inmigrantes autorizados.

Una guerra que plasma un total desdén por la vida de los afectados.

Dos de los muchos cuestionables casos de los deportados por Trump, con o sin Ley de Enemigos Extranjeros de por medio, evidencian un nivel de crueldad inmoral y como dijo una jueza involucrada en el proceso, las acciones del gobierno “sacuden la conciencia”.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, con documentos, casado con una ciudadana estadounidense y padre de niños tres estadounidenses, fue deportado “por error” a CECOT bajo el argumento de que es un “pandillero” de la MS-13, aunque no se presentaron pruebas. No importa que el joven obtuvo el permiso para estar en Estados Unidos porque un juez le concedió protección especial en 2019 ante las amenazas de muerte que tanto él como su familia recibían de las pandillas que los extorsionaban en su país natal.

Una jueza federal de distrito en Maryland, Paula Xinis, fijó una fecha límite para el retorno de Ábrego, pero el gobierno de Trump dice que no tiene la autoridad para traerlo de vuelta y pidió la intervención de la Suprema Corte que el lunes suspendió temporalmente el plazo de retorno para revisar el caso.

El Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito en Virginia sostuvo el fallo de Xinis de que Ábrego García retornara a Estados Unidos. Una de las juezas del panel, Stephanie Thacker, escribió que “el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para llevarse de la calle a una persona que se encuentra legalmente en Estados Unidos y sacarla del país sin el debido proceso”.

El regreso del horror

El otro caso indignante es el del joven venezolano Andry Hernández Romero, un maquillista gay que estaba en proceso de solicitud asilo en Estados Unidos tras huir de Venezuela argumentando que era perseguido por su orientación sexual y sus posturas políticas. Hernández también es señalado por el gobierno de Trump de ser pandillero del Tren de Aragua, entre otras razones, por sus tatuajes. Fue uno de los 238 venezolanos enviados a CECOT.

El programa 60 Minutos, de la cadena CBS, informó que la inmensa mayoría de los venezolanos enviados al CECOT, el 75%, no tienen antecedentes criminales.

Trump aplica la Ley de Enemigos Extranjeros que solamente se ha empleado en tiempos de guerra, para justificar las detenciones y deportaciones rápidas por razones de “seguridad nacional”, sin ofrecer pruebas y sin respetar debido proceso de ley. Un juez federal había ordenado que Trump cesara de aplicar esta ley para la deportación expedita de venezolanos.

Pero con su fallo del lunes la mayoría de la Corte Suprema parece ver con total indiferencia que se aplica una ley que en el pasado permitió la creación de campos de internamiento para encerrar a 120.000 japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa tras la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Dos tercios de ellos eran ciudadanos estadounidenses.

Bien dicen que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.