Administración Trump desafía a juez federal
John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, reaccionó con firmeza ante esta afrenta a la independencia judicial y recordó: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que un juicio político no es una respuesta apropiada para disentir con una decisión judicial..."
En un nuevo episodio de confrontación con el poder judicial, el presidente Donald Trump arremetió en su red Truth Social contra el juez federal James Boasberg de Washington D.C.. No solo lo insultó, calificándolo como un “Lunático de la izquierda radical”, sino que pidió un juicio político.
La reacción de Trump surgió luego de que el magistrado, designado por el expresidente Barack Obama, ordenara la suspensión de la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. Sin embargo, en abierto desafío a la decisión judicial, las deportaciones continuaron.
Según la orden del juez Boasberg, se debía detener la deportación de los inmigrantes venezolanos detenidos, alegando riesgos significativos para su integridad y cuestionando la validez de la aplicación de La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa utilizada por Trump para justificar las deportaciones.
A pesar de la orden judicial, dos aviones con deportados partieron y el juez solicitó su retorno inmediato. La orden no fue cumplida, y un tercer vuelo despegó luego de la orden de suspensión.
En total, 261 venezolanos llegaron a El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, conocido por su política de “mano dura” contra el crimen y por administrar una mega cárcel con capacidad para 40,000 reclusos. El país viene siendo criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
De los deportados, 101 fueron identificados por las autoridades estadounidenses como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Por ellos, Estados Unidos pagará al régimen de Bukele alrededor de $6 millones de dólares.
Envalentonados por la decision de Trump, algunos de sus funcionarios salieron a defenderlo y atacaron al poder judicial.
La respuesta de Tom Homan, nombrado Zar de Fronteras y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue contundente: “No me importa lo que piensen los jueces”, declaró. Y expresó el deseo de continuar con “Otro vuelo. Otro vuelo cada día”.
John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, reaccionó con firmeza ante esta afrenta a la independencia judicial y en un comunicado recordó: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que un juicio político no es una respuesta apropiada para disentir con una decisión judicial. Para eso existe el proceso de apelación…”.
La declaración de la máxima figura del poder judicial estadounidense, y nombrado a la Corte Suprema por un presidente republicano, subraya la gravedad del conflicto y la posible erosión del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de los Estados Unidos.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Roberts confronta a Trump. En un caso similar, en 2018, el presidente de la Corte Suprema criticó el ataque del presidente Trump contra un juez que había dictaminado en contra de sus políticas migratorias. En esa ocasión dijo que el juez Jon Tigar era un «juez de Obama».
Las amenazas de Trump y las declaraciones de algunos funcionarios de su Administración, plantean una preocupante reflexión sobre el equilibrio de poderes y la posible deriva autoritaria de un liderazgo que parece decidido a imponer su voluntad más allá de los límites legales. Cruzar esta “línea roja” implicaría el fin del sistema democrático y el establecimiento de un poder absoluto, incompatible con los principios básicos de una sociedad democrática. Las órdenes judiciales deben ser respetadas; hacerlo de otro modo abre las puertas a un régimen de facto autoritario, con un líder capaz de perpetuarse en el poder.
Inadmisible.
