Casi 14 meses después de asumir el poder, el presidente Biden y su equipo aún no han comenzado a cumplir las principales promesas electorales que le hicieron a la comunidad latina cuando estaban buscando su voto en noviembre: una reforma migratoria que incluya la legalización y naturalización de millones de los hoy indocumentados.
Pero no menos grave es la actitud del gobierno en cuestiones migratorias de urgencia. Ante los tribunales insiste en defender políticas que heredó del expresidente Trump, en particular, la que impiden que refugiados soliciten asilo político en la frontera, lo cual constituye además una violación a la la ley internacional. Lo hace mediante el uso del llamado “Título 42”, pretendiendo que se trata de un problema de salud pública y bajo la desacreditada excusa de que permitir el ingreso de los solicitantes llevará a una ola de COVID-19 en los centros de detención.
Esto sucede cuando hay abundancia de vacunas y cuando según el mismo gobierno, el coronavirus está en franca retirada.
Es una actitud ambivalente, porque por otro lado la administración Biden canceló correctamente centenares de órdenes ejecutivas migratorias impuestas por la administración anterior, como las que permitían la separación de familias. Además, ha estado negociando la indemnización a algunas de estas familias y acelerando la búsqueda de niños aún distanciados de sus progenitores.
Pero al mantener el llamado “Título 42”, ha generado concentraciones de solicitantes de asilo al sur de la frontera, vulnerables a las inclemencias del tiempo, la miseria y los constantes ataques de bandas criminales.
A las protestas de aliados como el líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer de Nueva York, o el senador Alex Padilla de California, el gobierno contesta con pequeñas concesiones tales como eximir a las familias con niños, pero sin atreverse a anular hasta ahora su política draconiana.
¿Por qué?
Una vez más, los demócratas en el poder temen que los republicanos los tachen de poco patriotas, la misma excusa esgrimida durante la presidencia de Barack Obama, con la que incumplió su promesa de una reforma migratoria.
Pero es difícil no pensar que en realidad, este gobierno justifica el rechazo y deportación de quienes piden asilo.
En todo caso, una política de apaciguamiento de los republicanos solo ha servido para que estos adopten posiciones cada vez más extremistas, racistas y restrictivas.
Y el temor de que distanciarse de la política cruel de Trump generará una ola migratoria imparable ignora que la frontera puede y debe asegurarse para que el gobierno retenga el control completo de la inmigración.
Una vez más, llamamos a la anulación inmediata del uso del “Título 42” para impedir que migrantes refugiados soliciten legalmente asilo en Estados Unidos. Y que esta anulación abra el camino para avanzar la esperada reforma migratoria.
